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Policías y agentes anticorrupción surcoreanos intentan arrestar este viernes al presidente suspendido Yoon Suk Yeol en el marco de la investigación por la declaración de una ley marcial pero, según reportes de prensa, enfrentan resistencias de los servicios de seguridad y de militares.
El dirigente conservador, que sumió al país en una grave crisis al declarar por primera vez en democracia una ley marcial el 3 de diciembre, puede convertirse en el primer presidente surcoreano en ser arrestado en el cargo.
“Hemos comenzado a ejecutar una orden de detención contra el presidente Yoon”, dijo la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) en un comunicado después de que en la víspera los seguidores del mandatario tuvieran que ser dispersados tras intentar bloquear el acceso a la residencia.
La agencia Yonhap informó que el equipo que acudió al complejo, formado por unos 30 integrantes del CIO y uno 120 policías, mantuvo una confrontación con una unidad militar que protege el perímetro y que se cree que pertenecería al Comando de Defensa de la Capital (única unidad de las Fuerzas Armadas que responde directamente al jefe de Estado).
Eventualmente unos 80 efectivos (70 policías han permanecido desplegados en la entrada de la residencia) superaron el control militar y accedieron al recinto, donde están lidiando con el servicio de seguridad presidencial para hacer efectiva tanto la orden de arresto como la de registro que tienen en su poder.
Pero al cabo de poco, la agencia de noticias surcoreana Yonhap señaló que la comitiva fue primero bloqueada dentro de la residencia “por una unidad militar” y posteriormente confrontada por los servicios de seguridad del presidente.
La colaboración de los guardaespaldas de Yoon en la investigación era incierta desde el comienzo. En las últimas semanas, sus miembros habían bloqueado varias veces las órdenes de registro de las dependencias presidenciales.
Desde su encierro, Yoon prometió combatir a las autoridades que buscan detenerlo e interrogarlo por haber declarado la ley marcial y haber enviado al ejército a la Asamblea Nacional.
Uno de sus abogados, Yoon Kap-keun, insistió este viernes que la orden de arresto es “ilegal e inválida” y que, por lo tanto, su ejecución “es ilegítima”. “Se tomarán acciones legales respecto a la ejecución ilegal de la orden”, afirmó.
Desde hace días centenares o incluso miles de acólitos del mandatario permanecen a su vez en los alrededores de la residencia presidencial en el barrio de Hannam, asegurando que no permitirán el arresto del presidente y acusando al Parlamento, que está controlado por la oposición y que destituyó al mandatario el pasado 14 de diciembre por la ley marcial, de ser fruto de elecciones manipuladas.
Muchos habían señalado que la ejecución de la orden, obtenida el martes por los investigadores después de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar a cuenta del estado de excepción, llegaría este viernes, puesto que caduca el lunes y el fin de semana se espera que el número de seguidores del presidente en el exterior de la residencia se incremente, complicando las operaciones.
Los abogados de Yoon solicitaron una orden judicial para anular la orden de detención argumentando que solo la Fiscalía puede solicitar ese tipo de arresto, y han insistido en que es “ilegal” tras conocer que las autoridades estaban dentro del recinto.
Los letrados habían advertido de choques con el servicio de seguridad presidencial si se intentaba apresar al presidente, el primero de Corea del Sur en encarar una detención estando aún en el cargo.
En caso de que puedan arrestarlo, el equipo conjunto formado por el CIO, la policía y el Ministerio de Defensa Nacional, dispone de 48 horas para interrogar a Yoon e incluso solicitar una orden para prolongar la detención si lo cree necesario.
Yoon, al que se ha prohibido salir del país, está, tras su destitución parlamentaria, a la espera de que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio próximo si lo restituye o lo cesa definitivamente.