El Tribunal Supremo de Japón declaró inconstitucional la ley, ya en desuso, bajo la cual se permitió la esterilización forzada de miles de personas en el país, informaron medios locales, lo que representa una gran victoria para las víctimas que buscan ser indemnizadas.
El gobierno japonés reconoce que unas 16.500 personas fueron esterilizadas sin su consentimiento en virtud de esta ley en vigor entre 1948 y 1996 en Japón. Durante este periodo, la ley autorizaba a los médicos a esterilizar a las personas que sufrían de deficiencias intelectuales hereditarias para “evitar engendrar una descendencia de mala calidad”.
Otras 8.500 personas dieron su acuerdo para ser esterilizadas, según las autoridades, aunque los abogados afirman que estos casos fueron probablemente “forzados de facto”.
“He pasado 66 angustiosos años debido a esta operación quirúrgica del gobierno. Quiero recuperar la vida que me han robado”, declaró Saburo Kita, que utiliza un seudónimo, a quien a los 14 años le realizaron una vasectomía cuando estaba en un centro para menores con dificultades.
“Solo cuando el gobierno se enfrente a sus actos y asuma su responsabilidad, podré aceptar mi vida, aunque sea un poco”, señaló Kita, de 81 años, durante una conferencia de prensa el año pasado.
El número de operaciones se redujo al mínimo entre los años 1980 y 1990, hasta que la ley fue finalmente derogada en 1996.
Este oscuro periodo de la historia japonesa volvió a resurgir en 2018 cuando una mujer de unos 60 años demandó al gobierno por una operación que le hicieron a los 15 años.
Esta demanda abrió el camino para otras acciones judiciales similares.
El gobierno pidió disculpas “de todo corazón” tras la adopción en 2019 de una ley que preveía una indemnización de 3,2 millones de yenes (unos US$19.900 dólares) para cada víctima.
Sin embargo, los supervivientes consideraron que esta cantidad era demasiado baja para la gravedad de los hechos y llevaron su lucha ante la justicia.
“Esperamos que esta decisión abra el camino para medidas activas del gobierno para eliminar la mentalidad eugenésica” que provocó la ley, declaró a AFP el abogado de Kita, Naoto Sekiya.
La mayor instancia judicial del país doictaminó que no se puede aplicar un plazo de prescripción de 20 años para las solicitudes de indemnización de las víctimas.
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