Japón investiga a la Iglesia de la Unificación, tras la muerte de Shinzō Abe
Casi cinco meses después de que el ex primer ministro japonés fue asesinado a tiros en un evento público, Japón abrió una investigación contra la Iglesia de la Unificación, a la cual se le ha cuestionado sus métodos de recaudación de fondos. Los vínculos de la organización con el gobernante Partido Liberal Democrático también han salido a la luz.
Tras el asesinato de Shinzō Abe, Japón inició una investigación sobre la Iglesia de la Unificación, que se centrará en las finanzas y la organización de la institución, con la posibilidad de despojarla de su estatus legal, según informaron algunos medios. La indagación comienza casi cinco meses después de que el ex primer ministro fue asesinado, presuntamente por un hombre que le guardaba rencor a la iglesia.
La ministra de Educación, Keiko Nagaoka, dijo que la organización, conocida oficialmente como Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, tendría hasta el 9 de diciembre para responder a las preguntas de los investigadores, incluidas las relacionadas con sus actividades de recaudación de fondos. Luego, será un tribunal el que decidirá si elimina el estatus legal de la iglesia, y con ello las exenciones fiscales de las que disfrutan las organizaciones religiosas registradas en Japón. Sin embargo, aquella podría continuar como una entidad religiosa, según algunos informes.
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Tetsuya Yamagami, quien está acusado de presuntamente haber asesinado al líder japonés a principios de julio, justificó sus actos bajo la creencia de que la iglesia, que recibió ayuda de Nobusuke Kishi, el abuelo de Abe, para establecerse en Japón, llevó a la quiebra a su familia. Yamagami, que permanecerá en evaluación psicológica hasta el próximo año, le dijo a la Policía que su mamá había donado grandes sumas de dinero a la iglesia hace dos décadas.
Precisamente, la Iglesia de la Unificación, fundada en Corea del Sur en 1954, ha sido acusada de presionar a sus miembros japoneses para que paguen altas sumas de dinero por artículos “espirituales”, que supuestamente los aliviarán del mal karma ancestral. Sin embargo, la iglesia ha negado estas acusaciones.
Ahora bien, a principios de este mes, Nagaoka señaló que se le había ordenado a la iglesia pagar daños por al menos 1.400 millones de yenes (US$9,8 millones) en 22 demandas civiles. Además, comentó que el grupo necesitaba ser investigado, ya que es “sospechoso de ejercer una gran influencia e infligir un daño generalizado”.
Las tensiones alrededor de este grupo también le han pasado factura al primer ministro japonés, Fumio Kishida, pues una investigación reveló que aproximadamente la mitad de los legisladores del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) se han asociado a la organización. Por ello, según una encuesta de la agencia de noticias Jiji, su índice de aprobación, por tercer mes consecutivo, permanece en 27,7 %, mientras que el 43,5 % de los encuestados no apoya al gobierno.
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Tras el asesinato de Shinzō Abe, Japón inició una investigación sobre la Iglesia de la Unificación, que se centrará en las finanzas y la organización de la institución, con la posibilidad de despojarla de su estatus legal, según informaron algunos medios. La indagación comienza casi cinco meses después de que el ex primer ministro fue asesinado, presuntamente por un hombre que le guardaba rencor a la iglesia.
La ministra de Educación, Keiko Nagaoka, dijo que la organización, conocida oficialmente como Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, tendría hasta el 9 de diciembre para responder a las preguntas de los investigadores, incluidas las relacionadas con sus actividades de recaudación de fondos. Luego, será un tribunal el que decidirá si elimina el estatus legal de la iglesia, y con ello las exenciones fiscales de las que disfrutan las organizaciones religiosas registradas en Japón. Sin embargo, aquella podría continuar como una entidad religiosa, según algunos informes.
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Precisamente, la Iglesia de la Unificación, fundada en Corea del Sur en 1954, ha sido acusada de presionar a sus miembros japoneses para que paguen altas sumas de dinero por artículos “espirituales”, que supuestamente los aliviarán del mal karma ancestral. Sin embargo, la iglesia ha negado estas acusaciones.
Ahora bien, a principios de este mes, Nagaoka señaló que se le había ordenado a la iglesia pagar daños por al menos 1.400 millones de yenes (US$9,8 millones) en 22 demandas civiles. Además, comentó que el grupo necesitaba ser investigado, ya que es “sospechoso de ejercer una gran influencia e infligir un daño generalizado”.
Las tensiones alrededor de este grupo también le han pasado factura al primer ministro japonés, Fumio Kishida, pues una investigación reveló que aproximadamente la mitad de los legisladores del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) se han asociado a la organización. Por ello, según una encuesta de la agencia de noticias Jiji, su índice de aprobación, por tercer mes consecutivo, permanece en 27,7 %, mientras que el 43,5 % de los encuestados no apoya al gobierno.
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