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La Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) y la Fiscalía presentaron el pasado 10 de agosto una solicitud para desaforar al presidente, Jimmy Morales. por la comisión de un posible delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en 2015.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció en comunicado que tras una reunión de sus magistrados se "admite para su trámite" la solicitud presentada contra Morales, por lo que ahora el proceso pasa a manos del Congreso.
(Puede ver: El caso que acorrala a Jimmy Morales, presidente de Guatemala)
De acuerdo con la investigación, el actual mandatario, en su calidad de secretario general del Partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), recibió en 2015 contribuciones de forma anómala y no las registró en los libros contables de la organización política, un caso por el que varios de los grandes empresarios del país admitieron su responsabilidad.
El dinero fue utilizado para pagar a los fiscales de mesa en la primera y segunda vuelta, después de que Morales aseguró durante la campaña que no quería recibir contribuciones privadas para distanciarse de los partidos tradicionales. Pero además de esto, las autoridades encontraron también utilizó dinero que no se reportó al Tribunal Supremo Electoral para el pago de volantes y calendarios de bolsillo de FCN-Nación por medio de "financiamiento electoral ilícito".
La investigación también arrojó que hay más de 350.000 quetzales (casi 47.000 dólares) recibidos de la "Fundación G", del empresario ya implicado Salvador Paiz, y no declarados, que se utilizaron para "capacitar" a los entonces candidatos del partido, el ahora presidente Morales y el vicepresidente, Jafeth Cabrera.
(Ver más: Guatemala: nueve expresidentes acusados, encarcelados o investigados)
"De acuerdo con la investigación preliminar de la Fiscalía contra Delitos Electorales, la suma de financiamiento anónimo asciende a un total de 7.920.375 quetzales (más de un millón de dólares) no reportados al Tribunal Supremo Electoral", explicó la fiscal, María Consuelo Porras.
Esta solicitud de antejuicio, la tercera que se presenta contra el presidente por este delito, debe ser ahora conocida por el pleno, donde se debe conformar una comisión (integrada por cinco diputados elegidos al azar) que deberá rendir un informe en el que recomiende o no retirar la inmunidad.
Posteriormente, el pleno debe lograr 105 de los 158 votos posibles tanto para poder iniciar una investigación contra el presidente como para desestimarla.
(Ver más: Las otras crisis de centroamérica)
Sin embargo, es muy complicado que se le quite el fuero a Morales debido a las alianzas del oficialismo en el Parlamento y a que el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, -que también tiene una petición de desafuero por un caso de corrupción-, ya anunció el viernes que hará todo lo posible para "evitar" que otro "intento de golpe" contra Morales avance.
El primer intento para quitarle los fueros a Morales por estas sospechas ocurrió en agosto del año pasado, después de que la exfiscal Thelma Aldana y el director de la Cicig, Iván Velásquez lo señalaran de recibir otros fondos ilegales de campaña por casi un millón de dólares.
Esa petición fue rechazada en dos votaciones en el Congreso, pero generó que en septiembre del año pasado el presidente declarara a Velázquez (quien lidera la Cicig desde hace 5 años y ha sido clave en las investigaciónes para ayudar a combatir la corrupción en el país) como persona no grata y ordenara su expulsión.