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Cuanto más tiempo permanezca Estados Unidos en el país, dijo el presidente Joe Biden, existe un “riesgo agudo y creciente de un ataque de un grupo terrorista conocido como ISIS-K”, o Estado Islámico-Khorasan.
“Cada día que estamos sobre el terreno es un día más en el que sabemos que el ISIS-K está tratando de atacar el aeropuerto y atacar tanto a Estados Unidos como a las fuerzas aliadas”, añadió.
Poco antes, Biden había dicho a los líderes del G7 que Estados Unidos estaba “en vías” de completar su retirada militar de Afganistán para el 31 de agosto, pero que se estaban elaborando planes de contingencia en caso de que no se pudiera cumplir el plazo autoimpuesto.
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Hasta el momento, casi 60.000 personas, entre extranjeros y afganos, han sido evacuadas del país desde el aeropuerto de Kabul desde el 14 de agosto, la mayoría de ellas en vuelos militares estadounidenses, según cifras de Washington. Pero una multitud sigue congregada fuera de las instalaciones esperando la oportunidad de salir.
Los fundamentalistas islamistas reiteraron el martes que se oponían a que se extienda el plazo más allá del 31 de agosto, fecha en la que está prevista la retirada total de las tropas extranjeras.
Uno de los portavoces del movimiento, Zabihullah Mujahid, acusó a las potencias extranjeras se evacuar a “expertos afganos”, como ingenieros. “Les pedimos que cesen estas operaciones”, exigió.
“Tienen aviones, tienen el aeropuerto, deberían sacar a sus ciudadanos y contratistas de aquí”, dijo. Pero “no deberían incitar a los afganos a huir de Afganistán”.
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La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden había dicho a los líderes del G7 que la misión en Kabul “terminará en función del logro de nuestros objetivos” de Estados Unidos.
Añadió que “la finalización de la misión para el 31 de agosto depende de la coordinación continua con los talibanes, incluyendo el acceso continuo de los evacuados al aeropuerto”.
“El presidente ha pedido al Pentágono y al Departamento de Estado planes de contingencia para ajustar el calendario en caso de que sea necesario”, comentó la portavoz.
“Rendir cuentas”
Los países europeos han dicho que no podrán transportar por aire a todos los afganos en peligro antes de la fecha límite del 31 de agosto y Biden se ha enfrentado a peticiones de todos los rincones para ampliar el plazo de evacuación.
El lunes, los talibanes --que pusieron fin a dos décadas de guerra con una ofensiva fulgurante que les hizo apoderarse de Kabul el 15 de agosto y controlar la mayoría del país-- dijeron que el plazo del 31 de agosto era el límite y amenazaron con “consecuencias” si los países occidentales alargaban la “ocupación”.
El G7, en su comunicado final, pidió a los talibanes “garantizar” un “paso seguro” más allá del actual plazo del 31 de agosto para quienes quieren abandonar Afganistán.
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Este pedido es la “primera condición que ponemos” al nuevo régimen talibán, indicó el primer ministro británico, Boris Johnson.
El grupo advirtió también a los fundamentalistas que “tendrán que rendir cuentas por sus acciones para prevenir el terrorismo y sobre los derechos humanos, especialmente los de las mujeres”.
Subrayó además que Afganistán “no debe volver a ser un refugio para el terrorismo y una fuente de ataques terroristas contra otros países”.
Mujeres funcionarias
En Afganistán, aquellos ciudadanos que trabajaron para gobiernos o empresas extranjeras en los últimos años, artistas o aquellas personas que defendieron la apertura del país y los derechos de mujeres o minorías, saben que son blancos potenciales de los extremistas.
El martes, en su rueda de prensa, el portavoz talibán aseguró sin embargo que las funcionarias afganas podrán volver al trabajo cuando esté “garantizada la seguridad”.
“Queremos que trabajen pero también que la seguridad sea buena” para ello, afirmó Zabihullah Mujahid, que recalcó que por el momento las mujeres deben quedarse en casa.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió este martes que el trato que los talibanes reserven a las mujeres, especialmente en lo relativo a su derecho a la educación, representará una “línea roja”.
Bachelet subrayó que había recibido “informaciones creíbles sobre graves violaciones del derecho humanitario internacional y ataques contra los derechos humanos en numerosas zonas bajo control talibán”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió por su parte que que sólo cuenta con suficientes suministros sanitarios en el país para “una semana”.
Los talibanes, que trabajan en la formación de un nuevo gobierno, aseguran haber cambiado con respecto a hace 20 años, cuando instauraron un régimen fundamentalista y brutal entre 1996 y 2001.
Pero un informe de un grupo de expertos de la ONU publicado la semana pasada concluyó que los islamistas van de “puerta por puerta” buscando gente que trabajó con el antiguo gobierno o las tropas internacionales.
Los fundamentalistas han impuesto cierta calma en la capital, donde patrullan las calles, pero el miedo sigue presente y muchos ciudadanos, sobre todo mujeres, no se arriesgan a salir.
Un núcleo de resistencia a los talibanes persiste en el valle del Panshir, al noreste de Kabul, llamado el Frente Nacional de Resistencia (FNR). Está liderado por Ahmad Masud, hijo del célebre comandante Masud, asesinado en 2001, y por Amrullah Saleh, vicepresidente del gobierno derrocado.