Joe Biden deroga trabas de acceso al aborto, un día antes de marcha por la vida
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decretó este jueves varias medidas para eliminar los obstáculos a la financiación de grupos que practican o asesoran sobre el aborto en el extranjero.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se metió en campo político minado después de derogar una regla que ponía trabas al aborto, aunque avanza con cautela en este tema tan sensible en el país.
La medida es parte de un amplio paquete de iniciativas del nuevo presidente demócrata relacionadas con la salud, cuando el país enfrenta un fuerte brote de COVID-19 y, como nunca, lidia con un sistema de atención médica que deja a millones de personas sin cobertura.
En vísperas de la Marcha por la Vida anual, que este año será virtual, del movimiento antiaborto, Biden firmó el jueves por la tarde un decreto para abolir la llamada “Política de la Ciudad de México”, que prohíbe recibir fondos federales a las organizaciones internacionales sin fines de lucro que asesoran sobre abortos.
Le puede interesar: Prohibicionismo, el otro derrotado en EE. UU.
Revocar esta norma de la era Reagan, bautizada así porque se anunció en una conferencia de la ONU sobre población en la capital mexicana, no es una sorpresa: desde que entró en vigor los presidentes republicanos la promulgaron y los demócratas la derogaron.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, elogió una decisión que “recuerda enérgicamente a las mujeres y niñas de todo el mundo que sus derechos son importantes”.
Pero se espera que Biden vaya más allá, ordenando una revisión de las reglas del gobierno de su antecesor, Donald Trump, que impidieron que las clínicas de planificación familiar financiadas por el gobierno en Estados Unidos derivaran a mujeres para abortos.
El aborto es legal en Estados Unidos desde un fallo de la Corte Suprema de 1973 que garantiza el “derecho a elegir” de la mujer.
Biden apoya ese derecho, pero también es un miembro devoto de la Iglesia católica, la cual se opone firmemente a la interrupción voluntaria del embarazo.
Presionada la semana pasada sobre la postura del nuevo presidente sobre el aborto, en particular sobre la Enmienda Hyde, que prohíbe usar fondos federales para financiar abortos, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, rechazó responder directamente.
“Aprovecharé la oportunidad para recordarles a todos que es un católico devoto y alguien que asiste a la iglesia con regularidad”, dijo a los periodistas.
Política neocolonial
El derecho al aborto, apoyado por la base demócrata de Biden, genera una profunda división en la política estadounidense, y alienar a una parte de ellos podría obstaculizar los esfuerzos de Biden de lograr unidad para la recuperación de la economía y la lucha contra el coronavirus.
Fuertemente respaldada por los grupos antiaborto estadounidenses, la “Política de la Ciudad de México” de 1984 apunta a las oenegés extranjeras involucradas en el apoyo a la salud y la planificación familiar en países en desarrollo y cuyas operaciones se benefician de la ayuda financiera oficial de Estados Unidos.
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A los pocos días de asumir el cargo en enero de 2017, Trump prohibió la extensión del financiamiento estadounidense a dichos grupos si apoyan, aconsejan u ofrecen abortos, o si brindan apoyo a otras ONG que apoyan el aborto.
Según la Kaiser Family Foundation, eso impuso restricciones a más de 7.000 millones de dólares en ayuda estadounidense el año pasado, y potencialmente afectó a más de 1.000 oenegés extranjeras durante el gobierno de Trump.
Como cada año, al acercarse el aniversario del histórico fallo Roe v. Wade de enero de 1973, los opositores a la interrupción voluntaria del embarazo prevén hacerse escuchar el viernes.
La Marcha por la Vida anual, a la que asistió Trump el año pasado, generalmente convoca a decenas de miles de personas a Washington. Pero debido a la pandemia de covid-19, esta vez se llevará a cabo principalmente ‘online’.
“Canalizar dólares de los impuestos estadounidenses a grupos de aborto en el extranjero es una práctica abominable que va en contra de la ‘unidad’ que Joe Biden y (la vicepresidenta) Kamala Harris prometieron promover”, dijo Marjorie Dannenfelser, presidenta del grupo antiaborto Susan B. Anthony List.
Lo mismo opinó el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
Este jueves, su colega Lindsey Graham volvió a presentar un proyecto de ley para impedir abortos a las 20 semanas de embarazo, actualmente legal en Estados Unidos.
Pero numerosos defensores de la salud de la mujer apoyaron el fin la “Regla de Mordaza Global”, como también se conoce a la “Política de la Ciudad de México”.
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Serra Sippel, presidenta del Centro para la Salud y la Equidad de Género, dijo que estaban “encantados” de que Biden fuera a revertir lo que calificaron de cruel “política neocolonial”.
Pero dijo que sus efectos no desaparecerán si no se dan instrucciones claras a las embajadas y agencias federales, anotó.
Herminia Palacio, presidenta del Instituto Guttmacher, proaborto, opinó que Biden va en el camino correcto, pero debe hacer más, señalando que la mayoría de los aproximadamente 850.000 abortos que se realizan cada año en Estados Unidos son a mujeres de color y orígenes modestos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se metió en campo político minado después de derogar una regla que ponía trabas al aborto, aunque avanza con cautela en este tema tan sensible en el país.
La medida es parte de un amplio paquete de iniciativas del nuevo presidente demócrata relacionadas con la salud, cuando el país enfrenta un fuerte brote de COVID-19 y, como nunca, lidia con un sistema de atención médica que deja a millones de personas sin cobertura.
En vísperas de la Marcha por la Vida anual, que este año será virtual, del movimiento antiaborto, Biden firmó el jueves por la tarde un decreto para abolir la llamada “Política de la Ciudad de México”, que prohíbe recibir fondos federales a las organizaciones internacionales sin fines de lucro que asesoran sobre abortos.
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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, elogió una decisión que “recuerda enérgicamente a las mujeres y niñas de todo el mundo que sus derechos son importantes”.
Pero se espera que Biden vaya más allá, ordenando una revisión de las reglas del gobierno de su antecesor, Donald Trump, que impidieron que las clínicas de planificación familiar financiadas por el gobierno en Estados Unidos derivaran a mujeres para abortos.
El aborto es legal en Estados Unidos desde un fallo de la Corte Suprema de 1973 que garantiza el “derecho a elegir” de la mujer.
Biden apoya ese derecho, pero también es un miembro devoto de la Iglesia católica, la cual se opone firmemente a la interrupción voluntaria del embarazo.
Presionada la semana pasada sobre la postura del nuevo presidente sobre el aborto, en particular sobre la Enmienda Hyde, que prohíbe usar fondos federales para financiar abortos, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, rechazó responder directamente.
“Aprovecharé la oportunidad para recordarles a todos que es un católico devoto y alguien que asiste a la iglesia con regularidad”, dijo a los periodistas.
Política neocolonial
El derecho al aborto, apoyado por la base demócrata de Biden, genera una profunda división en la política estadounidense, y alienar a una parte de ellos podría obstaculizar los esfuerzos de Biden de lograr unidad para la recuperación de la economía y la lucha contra el coronavirus.
Fuertemente respaldada por los grupos antiaborto estadounidenses, la “Política de la Ciudad de México” de 1984 apunta a las oenegés extranjeras involucradas en el apoyo a la salud y la planificación familiar en países en desarrollo y cuyas operaciones se benefician de la ayuda financiera oficial de Estados Unidos.
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A los pocos días de asumir el cargo en enero de 2017, Trump prohibió la extensión del financiamiento estadounidense a dichos grupos si apoyan, aconsejan u ofrecen abortos, o si brindan apoyo a otras ONG que apoyan el aborto.
Según la Kaiser Family Foundation, eso impuso restricciones a más de 7.000 millones de dólares en ayuda estadounidense el año pasado, y potencialmente afectó a más de 1.000 oenegés extranjeras durante el gobierno de Trump.
Como cada año, al acercarse el aniversario del histórico fallo Roe v. Wade de enero de 1973, los opositores a la interrupción voluntaria del embarazo prevén hacerse escuchar el viernes.
La Marcha por la Vida anual, a la que asistió Trump el año pasado, generalmente convoca a decenas de miles de personas a Washington. Pero debido a la pandemia de covid-19, esta vez se llevará a cabo principalmente ‘online’.
“Canalizar dólares de los impuestos estadounidenses a grupos de aborto en el extranjero es una práctica abominable que va en contra de la ‘unidad’ que Joe Biden y (la vicepresidenta) Kamala Harris prometieron promover”, dijo Marjorie Dannenfelser, presidenta del grupo antiaborto Susan B. Anthony List.
Lo mismo opinó el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
Este jueves, su colega Lindsey Graham volvió a presentar un proyecto de ley para impedir abortos a las 20 semanas de embarazo, actualmente legal en Estados Unidos.
Pero numerosos defensores de la salud de la mujer apoyaron el fin la “Regla de Mordaza Global”, como también se conoce a la “Política de la Ciudad de México”.
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Pero dijo que sus efectos no desaparecerán si no se dan instrucciones claras a las embajadas y agencias federales, anotó.
Herminia Palacio, presidenta del Instituto Guttmacher, proaborto, opinó que Biden va en el camino correcto, pero debe hacer más, señalando que la mayoría de los aproximadamente 850.000 abortos que se realizan cada año en Estados Unidos son a mujeres de color y orígenes modestos.