La junta militar birmana prolongó este miércoles por seis meses el estado de emergencia, lo que implica aplazar las elecciones previstas en agosto, desafiando los focos de resistencia y una huelga silenciosa en repudio al segundo aniversario del golpe que la llevó al poder.
Birmania está sumida en una grave crisis desde el golpe de Estado de febrero de 2021 y la sangrienta represión de los militares contra los opositores, que ha desatado violencia en varias zonas del país y ha colapsado la economía.
El líder de la junta militar, Min Aung Hlaing, admitió que las autoridades no tienen control total de más de un tercio de los municipios del país, informaron medios estatales este miércoles.
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En el segundo aniversario desde el golpe, los medios estatales informaron que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Birmania acordó extender seis meses el estado de emergencia impuesto por los militares cuando derrocaron el gobierno de Aung San Suu Kyi.
Extender el estado de emergencia implica aplazar la fecha de las elecciones. El jefe de la junta reiteró su promesa de comicios generales, pero dejó claro que los militares van a tener un rol preponderante.
Los militares siempre van a ser los “guardianes de los intereses del Estado y de las personas (...), sea cual sea el gobierno”, dijo, citado por la cadena estatal MRTV.
Calles desiertas
Este anuncio coincide con una protesta silenciosa que vació las calles y cerró los comercios. Varias potencias occidentales marcaron el segundo aniversario del golpe imponiendo nuevas sanciones contra los generales en el gobierno.
En Rangún, las avenidas que llevan a la famosa pagoda de Shwedagon —santuario budista que domina el paisaje de la ciudad y que atrae a muchos peregrinos— estaban casi desiertas.
La segunda ciudad, Mandalay, también adhirió a la protesta, dijo un residente. “Había poca gente caminando en las calles en los barrios y casi ninguna actividad en las calles principales”, añadió, bajo condición de anonimato.
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Los medios locales también mostraron calles vacías en la ciudad de Mawlamyine, en el este. Cerca de 200 partidarios de los militares marcharon por el distrito histórico de Rangún en la tarde, escoltados por soldados.
“Agitación y la violencia”
Los militares justificaron el golpe del 1.° de febrero de 2021 afirmando, sin pruebas, que hubo fraude en las elecciones que el partido de Suu Kyi ganó.
El estado de emergencia impuesto tras el golpe debía expirar a final de enero, pero el martes, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, controlado por la junta, se reunió para discutir la situación y concluyó que el país aún no había “vuelto la normalidad”.
El consejo denunció que opositores a la junta intentaron tomar “el poder estatal mediante la agitación y la violencia”.
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Phil Robertson de Human Rights Watch dijo a la AFP que la extensión del estado de emergencia muestra que a “Min Aung Hlaing solo le interesa mantenerse en el poder”.
Para el analista independiente David Mathieson “es una clara admisión del fracaso” de la junta “para contener la guerra civil que el golpe de Estado desencadenó”.
Más de 2.900 personas han muerto en la represión militar contra los disidentes y más de 18.000 han sido detenidas.
La junta concluyó recientemente una serie de juicios a puerta cerrada contra Suu Kyi, sentenciada a un total de 33 años de cárcel, en un proceso que grupos de derechos humanos calificaron como una farsa.
“Está claro que el objetivo de la junta es que muera en prisión”, afirmaron en un comunicado los abogados franceses Francois Zimeray y Jessica Finelle, que representan a la premio nobel de la paz.
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