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Los senadores demócratas que evalúan la nominación para el Tribunal Supremo de EE.UU. del juez Brett Kavanaugh, elegido por el presidente, Donald Trump, remitieron hoy al FBI información sobre supuestos acosos sexuales del candidato, según The New York Times.
La demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara Alta, Dianne Feinstein, informó de que había enviado a los investigadores federales una carta con información relevante sobre Kavanaugh, aunque no explicó el contenido de la misma.
"He recibido información de una persona que atañe a la nominación de Brett Kavanaugh al Tribunal Supremo. Esa persona me ha pedido confidencialidad (...) y he respetado esa decisión. Sin embargo, he remitido este asunto a las autoridades investigadoras federales", aseguró la senadora en un comunicado.
(Ver más: Trump nomina al juez conservador Brett Kavanaugh a la Corte Suprema)
Feinstein rechazó, así, informar sobre el contenido de la misiva y el grado de relevancia de la misma.
No obstante, según fuentes citadas por el medio neoyorquino, el interior de la carta trata sobre un caso de acoso sexual que involucrara presuntamente a Kavanaugh con una mujer cuando ambos se encontraban en el instituto.
Kavanaugh, que fue nominado el pasado 9 de julio por Trump, afrontó la pasada semana las audiencias de confirmación ante el comité del que forma parte Feinstein, el mismo órgano que la semana que viene votará para recomendar o no su aprobación como juez del Supremo.
En última instancia, será el propio Senado -con leve mayoría conservadora- el que decida si Kavanaugh se convertirá en magistrado del Alto Tribunal, formado por nueve jueces que gozan de un puesto vitalicio.
(Ver más: Anthony Kennedy: el juez empático)
La candidatura de Kavanaugh ha generado gran preocupación en las filas progresistas por sus visiones respecto al aborto, por la posibilidad de que implique retrocesos en otros derechos civiles y en definitiva por los equilibrios futuros en el Supremo.
Otro de los interrogantes reside en sus opiniones sobre los límites del poder presidencial en un contexto en el que el fiscal especial para la llamada trama rusa, Robert Mueller, investiga la supuesta coordinación entre la campaña de Trump y el Kremlin, así como si el mandatario cometió obstrucción a la Justicia.