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La noticia de que el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (quien desde el pasado abril está detenido en la prisión de Curitiba), fue nuevamente condenado a 12 años y 11 meses, en el marco de la investigación del escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, generó revuelo en el ambiente político del país. Ahora, crece la incertidumbre sobre el futuro del presidente más famoso de Brasil y su partido.
Lula, quien fue presidente dos veces y dejó el cargo con un índice de aprobación récord, se enfrenta a su segunda condena por corrupción pasiva y por lavado de dinero (una más de las ocho causas penales que tiene abiertas con la justicia).
(En contexto: Doce años y 11 meses: la nueva condena contra Lula)
El miércoles, la jueza Gabriela Hardt, quien quedó a cargo de la investigación tras el nombramiento del exjuez Sergio Moro como ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, condenó a Lula por recibir sobornos de empresas constructoras, como OAS y Odebrecht, y por aceptar favores en forma de obras; en particular, una casa de campo en Atibaia, en el interior del estado de São Paulo.
Aunque la defensa del exmandatario aseguró que la propiedad no estaba a nombre de él, los fiscales presentaron pruebas de que la había ocupado y de que en 2010 había sido cedida al nuevo dueño (un empresario amigo de la familia).
El líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien se encuentra en prisión cumpliendo otra condena de 12 años y un mes por causas similares, argumenta que todo esto se trata de una “persecución política y judicial”.
(Ver más: Esto ha pasado durante los 300 días que Lula da Silva ha estado en prisión)
“La persecución contra Lula no para” afirmó Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, en su cuenta de Twitter y agregó que “en memoria de la gente y la historia, Lula siempre será más grande que sus verdugos”.
Por su parte, sus seguidores convocaron a movilizaciones el jueves en defensa del expresidente en algunas de las ciudades más importantes del país, como São Paulo, Porto Alegre, Cuiabá y Curitiba. Para hoy, se espera otra manifestación en Recife, capital de Pernambuco, el estado donde nació Lula, bajo la consigna de “Lula libre”.
¿Cuál es el futuro para Lula y para el PT?
Para Ascanio Seleme, exjefe de redacción del periódico brasileño O Globo y columnista político, la nueva condena contra el líder máximo del PT complica su situación. “Lula ya apeló a la segunda instancia. Sin embargo, su situación queda más frágil. Al ser condenado por segunda vez, la decisión de la justicia de concederle una prisión domiciliaria (a la que todavía podría recurrir este año) se vuelve casi imposible”, aseguró a El Espectador.
Maíra Machado, profesora en São Paulo y dirigente del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT), aseguró también que “la suma de esta condena a la primera agrava la situación del exmandatario considerablemente y refuerza la idea de Bolsonaro, de que hay un combate contra la corrupción, aunque la intención de la justicia sea realmente impedir la libertad de Lula”.
(Ver más: Lula da Silva condenado a prisión)
Pero la crisis no es solo del exmandatario. “En estos momentos al PT le va muy mal en Brasil. El país está desgastado y el partido se encuentra reducido en el Congreso, con menos del 10 %”, afirma Seleme, para quien el PT debería hacer un mea culpa para mejorar su imagen. “Hoy, el grito de ‘Lula libre’ es una ofensa para la mayoría de la población brasileña y pierde sentido con la segunda condena. La abundancia de pruebas en su contra es impresionante, y yo veo difícil que el PT vuelva a ser el partido fuerte que era años atrás”, dice.
“Los que insisten en ‘Lula libre’ lo hacen por una razón política, para aglutinar políticamente personas en torno a un ideal que un día, en el pasado más remoto, Lula representó”, concluye.
La primera condena, que frustró su carrera como candidato a la Presidencia el año pasado, fue impuesta por Moro, que se convirtió en un símbolo de la lucha anticorrupción en Brasil. En esta se le culpó de corrupción pasiva y lavado de dinero en el seno de la petrolera estatal Petrobras.
Otro juez de Brasilia aceptó, en noviembre pasado, una denuncia contra el exmandatario y su sustituta, Dilma Rousseff, acusados de integrar una supuesta red corrupta dentro del PT, en la que recibían millones de dólares en sobornos.
También es acusado de haberse valido de su influencia para manipular decisiones de los gobiernos de Guinea Ecuatorial y Angola con el objetivo de favorecer negocios con grupos brasileños.
Además, se enfrenta a denuncias por presuntos favores a empresas automotrices.