La fragilidad de la justicia y de las instituciones que evidenció el Covid-19 en Latinoamérica
Diferentes organizaciones internacionales, como la ONU y el PNUD, advirtieron que con la pandemia podría surgir un estallido social en la región. Hoy Colombia lo vive.
Pamela Sanabria y Santiago Valenzuela*
Durante los últimos cinco años, las movilizaciones sociales en América Latina han tomado fuerza. Solamente en el año 2019, previo a la llegada de la pandemia a la región, se presentó una ola de protestas en los siguientes países: Nicaragua, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Haití, Venezuela, Colombia y Bolivia. Desde entonces, diferentes analistas hablaron de una “primavera latinoamericana” alimentada por diferentes motivos, pero uno sobresaliente: la desigualdad. Con la llegada del Covid-19 a la región, la ola de protestas bajó, pero no se detuvo por completo.
En agosto del año pasado, al menos 25.000 personas salieron a marchar en Buenos Aires por la crisis económica como consecuencia de la pandemia y por los continuos confinamientos. Posteriormente, en Bolivia se registraron diferentes bloqueos de carreteras por la crisis política que atravesaba el país y, en Brasil, por la crisis de salud y la polémica respuesta del gobierno al Covid-19 las protestas aumentaron un tercio en los primeros tres meses de pandemia, según el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados. En Colombia, las movilizaciones tuvieron lugar el 9 de septiembre de ese año, después de que fuera asesinado el ciudadano Javier Ordóñez por la Policía en Bogotá. Dicho suceso desató una ola de protestas que dejó un saldo de 13 civiles muertos y 218 heridos, así como 30 policías lesionados y 53 instalaciones policiales afectadas.
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Desde entonces, la relación entre cierto sector de la ciudadanía y la Policía colombiana se tornó tensa y hoy, en mayo de 2021, Colombia vuelve a ser protagonista por unas protestas que una vez más han terminado en violencia. Después de que el gobierno colombiano presentara una propuesta de reforma tributaria, surgieron múltiples manifestaciones alrededor de todo el país. Y pese a que el presidente Iván Duque retiró oficialmente la reforma el pasado dos de mayo, los días siguientes no transcurrieron en calma. Por el contrario, las manifestaciones se agudizaron y a la fecha, según la Defensoría del Pueblo, durante las protestas han muerto 24 personas. A su vez, se tiene un registro de 846 personas lesionadas y, a la fecha, 35 desaparecidas.
Covid-19, justicia y derechos humanos
De acuerdo con el PNUD, América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, pues el 10% más rico concentra una porción de ingresos mayor que en cualquier otra región (37% de los ingresos totales). A la desigualdad se han sumado las crisis políticas internas y recientemente la pandemia del Covid-19. El juez José Igreja Matos, presidente de la Asociación Europea de Jueces, advirtió que en la pandemia “a nivel estructural, la aplicación de las leyes de emergencia aprobadas por las autoridades nacionales debe ser cuidadosamente supervisada por el poder judicial. Estas respuestas a emergencias confrontarán los principios normales de la gobernabilidad democrática, los derechos humanos y el estado de derecho. En todos los países que deciden implementar restricciones al orden constitucional, inevitablemente surgirá el riesgo de socavar el papel del poder judicial”.
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Diferentes organizaciones han llamado la atención sobre la posible vulneración de derechos que podría generarse durante las prolongadas cuarentenas, entre otras medidas que pueden tomar los gobiernos para frenar el virus. De hecho, en 2020 el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida advirtió sobre la necesidad de que los gobiernos establecieran lazos con las comunidades vulnerables y tuvieran en cuenta que la pandemia es un momento en el que la fragilidad y el malestar social pueden aumentar fácilmente. “El empoderamiento y la orientación, en lugar de las restricciones, pueden garantizar que las personas puedan actuar sin temor a perder su sustento, tener suficientes alimentos sobre la mesa y el respeto de su comunidad. En última instancia, nos dará una respuesta más efectiva, humana y sostenible a la epidemia”, señalaron en el programa.
Del mismo modo, en el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2020 publicado por la ONU, se hace un llamado de atención importante frente al rol y la fragilidad de los defensores de derechos humanos en la región. “En todas las regiones, las personas que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales de los demás son objeto de ataques violentos. Entre los años 2015 y 2019, las Naciones Unidas registraron al menos 1.940 asesinatos y 106 desapariciones forzadas de defensores de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas en 81 países, y más de la mitad de los asesinatos se produjeron en América Latina y el Caribe”, señala el documento.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, también lo advirtió en 2020 y rechazó que en el contexto de la crisis, diferentes gobiernos aprovecharon para “adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia”. Teniendo en cuenta los efectos del Covid-19, Guterres señaló que los gobiernos deben “ser transparentes, receptivos y responsables”, respetando “el espacio cívico y la libertad de prensa”. Teniendo en cuenta que la pandemia ha generado graves efectos económicos —en Colombia, la pobreza monetaria creció 6,8 puntos en 2020, lo que significa que el 42,5% de la población de dicho país se encuentra en situación de pobreza — , Guterres hizo énfasis en “garantizar que los paquetes de estímulo y otras respuestas para mitigar los efectos económicos de la pandemia se centren en las personas y apoyen adecuadamente a los grupos más afectados por la pérdida de sus medios de vida”, en caso contrario, se puede presentar un estallido social.
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Frente a este punto, el PNUD también ha llamado la atención sobre posibles crisis de gobernanza que se pueden hacer evidentes durante la pandemia. En un escenario de pandemia, señalan, es necesario desarrollar “una conversación sobre la necesidad de adaptar las ‘reglas de juego’ que normen el diseño y la implementación de las políticas públicas de desarrollo humano. La recuperación y reconstrucción del tejido social y productividad económica equitativa se basarán en los acuerdos políticos y los procesos de gobernanza que sean puestos en marcha”. La pandemia del Covid-19, señala el PNUD, “visibiliza una crisis de gobernanza que es también, potencialmente, una oportunidad excepcional de forjar nuevos acuerdos entre gobierno, sector privado, sociedad civil y comunidades”.
Paz, justicia e instituciones sólidas en Latinoamérica
Actualmente, Latinoamérica es la región más violenta del mundo según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC). En 2017, la tasa de homicidios en esta región fue de 24,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según la Cepal, “la violencia en sus diversas manifestaciones erosiona el tejido social de los países de América Latina y el Caribe y es un problema transversal para el desarrollo inclusivo” y advierte que las diferentes expresiones de violencia constituyen una problemática regional que requiere atención de manera urgente.
Desde la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la región enfrenta múltiples desafíos en el cumplimiento del objetivo 16, que busca la promoción de comunidades justas, pacíficas e inclusivas. De acuerdo con el Índice ODS publicado en 2019 por el Centro ODS de la Universidad de los Andes, Latinoamérica y el Caribe es la región del mundo donde más personas se encuentran en riesgo de un homicidio intencional. De acuerdo con los puntajes promedio del Índice ODS, Colombia ocupa el décimo lugar entre 24 países de la región con un puntaje de 46,9 sobre 100 en el objetivo 16, mientras que Chile ocupa el primer lugar, con 69,7.
A esta situación se suma, el alto nivel de corrupción en el sector público y una percepción generalizada de que la administración de justicia civil y penal no cumple con criterios de imparcialidad e independencia. De hecho, este informe resalta que el ODS 16 se encuentra entre los tres objetivos con el peor desempeño en la región con un puntaje promedio de 46,1 sobre 100.
Los niveles de confianza institucional en América Latina son realmente bajos. Según registros de la CEPAL, tres de cada cuatro ciudadanos de América Latina tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos, y alrededor de un 80% creen que la corrupción está extendida en las instituciones públicas. La OCDE reveló en el informe “Perspectivas económicas de América Latina 2020” que en gran parte de los países de la región la desconfianza y la insatisfacción se están agravando, y el descontento social está en aumento. Mas aún, la pandemia provocada por el Covid-19 profundizó aún más las desigualdades en términos de acceso a la justicia. En su último reporte, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia explica que durante la pandemia los países de la región suspendieron o limitaron las funciones del Poder Judicial, “acentuando la no accesibilidad, asequibilidad y disponibilidad de los servicios de justicia”.
El ODS 16 se constituye como un requisito fundamental para lograr un entorno habilitante en el que sea posible alcanzar los otros objetivos que se encuentran en la Agenda 2030. No obstante, es claro que en la región existe un desafío latente en este sentido. Para lograr avanzar en sociedades pacíficas, justas y con instituciones sólidas, es clave contribuir a la construcción de instituciones más abiertas y transparentes, que permitan aumentar la confianza ciudadana, y al fortalecimiento del Estado de derecho para hacer frente a los problemas de inseguridad y violencia en la región.
*Periodistas del Centro ODS para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes.
Durante los últimos cinco años, las movilizaciones sociales en América Latina han tomado fuerza. Solamente en el año 2019, previo a la llegada de la pandemia a la región, se presentó una ola de protestas en los siguientes países: Nicaragua, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Haití, Venezuela, Colombia y Bolivia. Desde entonces, diferentes analistas hablaron de una “primavera latinoamericana” alimentada por diferentes motivos, pero uno sobresaliente: la desigualdad. Con la llegada del Covid-19 a la región, la ola de protestas bajó, pero no se detuvo por completo.
En agosto del año pasado, al menos 25.000 personas salieron a marchar en Buenos Aires por la crisis económica como consecuencia de la pandemia y por los continuos confinamientos. Posteriormente, en Bolivia se registraron diferentes bloqueos de carreteras por la crisis política que atravesaba el país y, en Brasil, por la crisis de salud y la polémica respuesta del gobierno al Covid-19 las protestas aumentaron un tercio en los primeros tres meses de pandemia, según el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados. En Colombia, las movilizaciones tuvieron lugar el 9 de septiembre de ese año, después de que fuera asesinado el ciudadano Javier Ordóñez por la Policía en Bogotá. Dicho suceso desató una ola de protestas que dejó un saldo de 13 civiles muertos y 218 heridos, así como 30 policías lesionados y 53 instalaciones policiales afectadas.
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Desde entonces, la relación entre cierto sector de la ciudadanía y la Policía colombiana se tornó tensa y hoy, en mayo de 2021, Colombia vuelve a ser protagonista por unas protestas que una vez más han terminado en violencia. Después de que el gobierno colombiano presentara una propuesta de reforma tributaria, surgieron múltiples manifestaciones alrededor de todo el país. Y pese a que el presidente Iván Duque retiró oficialmente la reforma el pasado dos de mayo, los días siguientes no transcurrieron en calma. Por el contrario, las manifestaciones se agudizaron y a la fecha, según la Defensoría del Pueblo, durante las protestas han muerto 24 personas. A su vez, se tiene un registro de 846 personas lesionadas y, a la fecha, 35 desaparecidas.
Covid-19, justicia y derechos humanos
De acuerdo con el PNUD, América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, pues el 10% más rico concentra una porción de ingresos mayor que en cualquier otra región (37% de los ingresos totales). A la desigualdad se han sumado las crisis políticas internas y recientemente la pandemia del Covid-19. El juez José Igreja Matos, presidente de la Asociación Europea de Jueces, advirtió que en la pandemia “a nivel estructural, la aplicación de las leyes de emergencia aprobadas por las autoridades nacionales debe ser cuidadosamente supervisada por el poder judicial. Estas respuestas a emergencias confrontarán los principios normales de la gobernabilidad democrática, los derechos humanos y el estado de derecho. En todos los países que deciden implementar restricciones al orden constitucional, inevitablemente surgirá el riesgo de socavar el papel del poder judicial”.
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Diferentes organizaciones han llamado la atención sobre la posible vulneración de derechos que podría generarse durante las prolongadas cuarentenas, entre otras medidas que pueden tomar los gobiernos para frenar el virus. De hecho, en 2020 el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida advirtió sobre la necesidad de que los gobiernos establecieran lazos con las comunidades vulnerables y tuvieran en cuenta que la pandemia es un momento en el que la fragilidad y el malestar social pueden aumentar fácilmente. “El empoderamiento y la orientación, en lugar de las restricciones, pueden garantizar que las personas puedan actuar sin temor a perder su sustento, tener suficientes alimentos sobre la mesa y el respeto de su comunidad. En última instancia, nos dará una respuesta más efectiva, humana y sostenible a la epidemia”, señalaron en el programa.
Del mismo modo, en el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2020 publicado por la ONU, se hace un llamado de atención importante frente al rol y la fragilidad de los defensores de derechos humanos en la región. “En todas las regiones, las personas que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales de los demás son objeto de ataques violentos. Entre los años 2015 y 2019, las Naciones Unidas registraron al menos 1.940 asesinatos y 106 desapariciones forzadas de defensores de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas en 81 países, y más de la mitad de los asesinatos se produjeron en América Latina y el Caribe”, señala el documento.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, también lo advirtió en 2020 y rechazó que en el contexto de la crisis, diferentes gobiernos aprovecharon para “adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia”. Teniendo en cuenta los efectos del Covid-19, Guterres señaló que los gobiernos deben “ser transparentes, receptivos y responsables”, respetando “el espacio cívico y la libertad de prensa”. Teniendo en cuenta que la pandemia ha generado graves efectos económicos —en Colombia, la pobreza monetaria creció 6,8 puntos en 2020, lo que significa que el 42,5% de la población de dicho país se encuentra en situación de pobreza — , Guterres hizo énfasis en “garantizar que los paquetes de estímulo y otras respuestas para mitigar los efectos económicos de la pandemia se centren en las personas y apoyen adecuadamente a los grupos más afectados por la pérdida de sus medios de vida”, en caso contrario, se puede presentar un estallido social.
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Frente a este punto, el PNUD también ha llamado la atención sobre posibles crisis de gobernanza que se pueden hacer evidentes durante la pandemia. En un escenario de pandemia, señalan, es necesario desarrollar “una conversación sobre la necesidad de adaptar las ‘reglas de juego’ que normen el diseño y la implementación de las políticas públicas de desarrollo humano. La recuperación y reconstrucción del tejido social y productividad económica equitativa se basarán en los acuerdos políticos y los procesos de gobernanza que sean puestos en marcha”. La pandemia del Covid-19, señala el PNUD, “visibiliza una crisis de gobernanza que es también, potencialmente, una oportunidad excepcional de forjar nuevos acuerdos entre gobierno, sector privado, sociedad civil y comunidades”.
Paz, justicia e instituciones sólidas en Latinoamérica
Actualmente, Latinoamérica es la región más violenta del mundo según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC). En 2017, la tasa de homicidios en esta región fue de 24,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según la Cepal, “la violencia en sus diversas manifestaciones erosiona el tejido social de los países de América Latina y el Caribe y es un problema transversal para el desarrollo inclusivo” y advierte que las diferentes expresiones de violencia constituyen una problemática regional que requiere atención de manera urgente.
Desde la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la región enfrenta múltiples desafíos en el cumplimiento del objetivo 16, que busca la promoción de comunidades justas, pacíficas e inclusivas. De acuerdo con el Índice ODS publicado en 2019 por el Centro ODS de la Universidad de los Andes, Latinoamérica y el Caribe es la región del mundo donde más personas se encuentran en riesgo de un homicidio intencional. De acuerdo con los puntajes promedio del Índice ODS, Colombia ocupa el décimo lugar entre 24 países de la región con un puntaje de 46,9 sobre 100 en el objetivo 16, mientras que Chile ocupa el primer lugar, con 69,7.
A esta situación se suma, el alto nivel de corrupción en el sector público y una percepción generalizada de que la administración de justicia civil y penal no cumple con criterios de imparcialidad e independencia. De hecho, este informe resalta que el ODS 16 se encuentra entre los tres objetivos con el peor desempeño en la región con un puntaje promedio de 46,1 sobre 100.
Los niveles de confianza institucional en América Latina son realmente bajos. Según registros de la CEPAL, tres de cada cuatro ciudadanos de América Latina tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos, y alrededor de un 80% creen que la corrupción está extendida en las instituciones públicas. La OCDE reveló en el informe “Perspectivas económicas de América Latina 2020” que en gran parte de los países de la región la desconfianza y la insatisfacción se están agravando, y el descontento social está en aumento. Mas aún, la pandemia provocada por el Covid-19 profundizó aún más las desigualdades en términos de acceso a la justicia. En su último reporte, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia explica que durante la pandemia los países de la región suspendieron o limitaron las funciones del Poder Judicial, “acentuando la no accesibilidad, asequibilidad y disponibilidad de los servicios de justicia”.
El ODS 16 se constituye como un requisito fundamental para lograr un entorno habilitante en el que sea posible alcanzar los otros objetivos que se encuentran en la Agenda 2030. No obstante, es claro que en la región existe un desafío latente en este sentido. Para lograr avanzar en sociedades pacíficas, justas y con instituciones sólidas, es clave contribuir a la construcción de instituciones más abiertas y transparentes, que permitan aumentar la confianza ciudadana, y al fortalecimiento del Estado de derecho para hacer frente a los problemas de inseguridad y violencia en la región.
*Periodistas del Centro ODS para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes.