Cierran caso internacional sobre el genocidio de Ruanda, ¿es justicia completa?

Después de 29 años de investigaciones y procesos judiciales, la búsqueda de justicia por parte de la comunidad internacional tras el genocidio en Ruanda fue concluida este miércoles por el remanente del tribunal internacional creado por la ONU en 1994. El Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (IRMCT) dio por finalizada su labor al declarar muertos a los dos últimos miembros prófugos de la organización Interahamwe Hutu, quienes ejecutaron (junto con otros grupos y civiles) a más de 800.000 miembros del pueblo tutsi.

Después de 29 años de investigaciones y procesos judiciales, la búsqueda de justicia por parte de la comunidad internacional tras el genocidio en Ruanda fue concluida este miércoles por el remanente del tribunal internacional creado por la ONU en 1994. El Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (IRMCT) dio por finalizada su labor al declarar muertos a los dos últimos miembros prófugos de la organización Interahamwe Hutu, quienes ejecutaron (junto con otros grupos y civiles) a más de 800.000 miembros del pueblo tutsi.

Charles Sikubwabo, uno de los dos prófugos restantes, se presume que falleció y fue enterrado en alguna tumba anónima en África Central, mientras que también se declaró muerto al dueño de un restaurante. Ambos estaban siendo acusados de alentar la masacre en Kibuye, una ciudad ruandesa. Otro de los capturados recientemente fue Fulgence Kayishema, un expolicía hutu señalado por haber matado a cerca de 2.000 tutsis. Este tribunal juzgó, entre otros, al general Georges Rutaganda, un militar que alentó a los Interahamwe a través de la Radio de las Mil Colinas y que fue representado en la película Hotel Ruanda.

“Algunos han considerado que el proceso fue un tanto lento, también hubo algunas críticas porque solo se juzgaron a los responsables del genocidio (los hutus) y no se llevaron a cabo procesos contra posibles crímenes de guerra del lado del Frente Pacífico Ruandés. Sin embargo, de manera general, también se ha considerado como un paso importante para la Justicia Penal Internacional poder juzgar y condenar a los responsables del genocidio”, explica Aymeric Durez, experto en temas de África y docente de la Pontificia Universidad Javeriana.

Este tribunal fue establecido pocos meses después del genocidio, en noviembre de 1994 y, junto con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, sirvió como precursor de lo que sería la Corte Penal Internacional (CPI), el organismo creado a principios de los 2000 con sede en La Haya, Países Bajos, cuyas funciones de arbitraje continúan hasta el día de hoy. Dado el contexto actual del mundo, es importante distinguir que esta corte no es la misma que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que este jueves está por pronunciarse sobre la denuncia por genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel por la ofensiva en la Franja de Gaza.

Para diferenciarlas, según Naciones Unidas, solo hace falta tener en cuenta que “los casos de la CIJ afectan a países, mientras que la CPI es un tribunal penal que juzga a individuos por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad”. Las denuncias contra el FPR, el movimiento al que pertenece el actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, no son nuevas. Opositores como la excandidata presidencial Victoire Ingabire han denunciado los asesinatos o violaciones de derechos humanos cometidos por el gobierno ruandés actual (en el poder desde el 2000).

“Necesitamos saber qué sucedió realmente en Ruanda desde la guerra de octubre de 1990 hasta el año 2000. Y luego, la justicia debe prevalecer. Personalmente, creo que se debe considerar una amnistía general porque hay personas que han sido castigadas y otras que no, especialmente exmilitares del FPR (Frente Patriótico Ruandés), el movimiento de Kagame. Los crímenes cometidos por estas personas son aterradores para el Gobierno y creo que por eso se aferran al poder. (...) Les he presentado informes de la ONU en los que se informa que sus militares han matado a gente, pero el Ejecutivo no quiere abordar este tema”, afirmó Ingabire al periódico El País en 2023.

Durez agrega que se necesitaba un sistema de justicia transicional para todos los crímenes ocurridos en la era posterior al genocidio, durante la cual el gobierno de Kagame se dedicó a perseguir a cientos de genocidas hutus que huyeron hacia la República Democrática del Congo, el vecino occidental de Ruanda, lo que permitió que las milicias del FPR se involucraran en un conflicto interno que todavía persiste en el país y que implica intereses mineros y comerciales de varios países de la región.

Hace 14 años, en 2010, la ONU publicó el Informe Mapping, que investigaba los eventos del inicio del siglo en la República Democrática del Congo y en los cuales presuntamente Kagame y sus fuerzas armadas habrían participado. Parte de las conclusiones afirman que “la gran mayoría de los 617 incidentes graves que describe apuntan a la comisión de múltiples violaciones de los derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario, que pueden constituir crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, y a menudo ambas cosas al mismo tiempo. En algunos casos, incluso se plantea la posibilidad de actos genocidas”.

Sin embargo, al tratarse de una comisión de investigación, también señalaron la necesidad de la revisión por parte de un tribunal competente que juzgue estos hechos, algo que hasta la fecha no ha ocurrido. Mientras tanto, Ruanda sigue involucrada en asuntos relacionados con su vecino. Hace apenas dos semanas, Estados Unidos los acusó de seguir apoyando a las milicias paramilitares del M23, que se enfrentan al Ejército congoleño.

“Estados Unidos condena enérgicamente el ataque desde las posiciones de las Fuerzas de Defensa de Ruanda y del M23 en el campo de Mugunga para desplazados internos en el este de la República Democrática del Congo”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado. El apoyo de Kagame al M23 también ha sido evidenciado por la ONU, entre otros organismos.

Justicias paralelas en Ruanda

Los tribunales de la ONU no fueron el único recurso para buscar justicia implementado en Ruanda tras el genocidio. En 1998, después de una grave crisis judicial y penitenciaria, el gobierno ruandés anunció la creación de los tribunales gacaca, que tomaban su nombre de la forma en que las tribus antiguas de Ruanda resolvían sus conflictos en la hierba.

“Buscaban inspirarse en procesos tradicionales, ser herederos de la tradición. Organizaron juicios en los pueblos con la comunidad, con la intención de lograr una participación de la sociedad civil en estos juicios para condenar a las personas que participaron, quienes se involucraron en el genocidio. Sabemos que hubo muchos civiles que participaron en las matanzas con machetes, etcétera. Por eso hubo esta voluntad de mezclar diferentes tipos de procesos judiciales”, explica Durez.

Según Human Rights Watch, desde 2005 más de 12.000 gacacas procesaron cerca de 1,2 millones de casos relacionados con el genocidio de 1994. Sin embargo, la ONG también destacó en el informe “Justicia comprometida: el legado de los tribunales comunitarios gacaca de Ruanda”, que hubo “una serie de graves deficiencias en su trabajo, incluida la corrupción y las irregularidades procesales. El informe también examina la decisión del Gobierno de transferir los casos de violación relacionados con el genocidio a los tribunales gacaca y excluir de su jurisdicción los delitos cometidos por soldados del Frente Patriótico Ruandés (FPR)”. Es decir, los posibles delitos del FPR continuaron sin ser procesados.

El fiscal del IRMCT, Serge Brammertz, afirmó en el anuncio del cierre de esta oficina que aún queda trabajo por hacer para procesar a genocidas que siguen en libertad, pero aseguró que es labor de la Fiscalía General de Ruanda.

“Después de algunas semanas de investigación, ya encontramos indicios de que pudimos localizar a varias personas que se esconden bajo identidades falsas en terceros países, y ya hemos comenzado a acercarnos a estos terceros países (...) Aún queda trabajo por hacer”, afirmó Brammertz en declaraciones recogidas por The Guardian.

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