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Aung San Suu Kyi fue sentenciada a cuatro años de cárcel por incitar al desorden público e incumplir las restricciones frente a la COVID-19, siendo la primera decisión que se toma contra ella luego de que la Junta Militar tomara el poder de Birmania en febrero. La premio nobel, además, está acusada de violación de la ley de secretos oficiales, corrupción y fraude electoral. Según se lee en AFP, “algunos expertos denuncian que este es un proceso político para neutralizar a la política que resultó ganadora de las elecciones en 2015 y 2020″, pues el expresidente Win Myint también fue condenado a cuatro años por los mismos cargos.
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Según declaró Zaw Min Tun, portavoz de la Junta Militar, a la agencia de noticias: “Suu Kyi fue sentenciada a dos años de prisión bajo la sección 505(b) y dos años de prisión bajo la ley de desastres naturales”, pues, según los informes, la incitación al desorden público se remonta a una declaración con la que la líder buscaba que las organizaciones internacionales no cooperaran con la Junta Militar, mientras que el alegato por la violación a las restricciones durante la pandemia está relacionado con desafiar las medidas sanitarias durante su campaña electoral en 2020.
Según se lee en The Guardian, Aung San Suu Kyi fue juzgada en un tribunal a puerta cerrada, sin acceso para observadores, y su abogado no ha podido hablar con periodistas. A esto se suma que desde febrero se desconoce su paradero y aún no se sabe si la sentencia la cumplirá en prisión o en arresto domiciliario.
Ante lo sucedido, varias voces a nivel internacional han manifestado su oposición. “Desde el día del golpe, ha quedado claro que los cargos contra Aung San Suu Kyi y las decenas de otros parlamentarios detenidos no han sido más que una excusa de la Junta para justificar su toma ilegal de poder”, afirmó Charles Santiago, presidente del grupo de parlamentarios de la Asean por los Derechos Humanos. Por su parte, Amnistía Internacional aseguró que el encarcelamiento de Suu Kyi es “un intento de asfixiar las libertades”.
De acuerdo al diario británico, citando información de la Asociación de Asistencia de Prisioneros Políticos, Aung San Suu Kyi es una de las más de 10.600 personas que han sido detenidas por la Junta Militar desde febrero.
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