El epicentro de la batalla por los votos que a partir del 15 de abril definirán el futuro político de la presidenta Dilma Rousseff se sitúa en un hotel de Brasilia. Allí, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne a diario con decenas de parlamentarios indecisos para convencerlos de no respaldar el impeachment (proceso de destitución parlamentaria) contra la mandataria. Con la promesa de ministerios y cientos de cargos más, Lula hace sentir su influencia y su peso político.
Pero muchos dudan de que las cuentas le salgan al mentor político de Rousseff, desde hace varias semanas investigado por corrupción. Hasta ahora, según los cálculos de la oposición, las trincheras parlamentarias dan casi por descontada la aprobación del impeachment, cuyo proceso entró en su fase definitiva con la recomendación (no vinculante) de una comisión parlamentaria de votar a favor del juicio y la posterior destitución presidencial. A partir del viernes, la Cámara de Diputados se reunirá para decidir el destino de la impopular Dilma Rousseff, cuyo apoyo ronda hoy el 7 %, acusada de maquillar las cuentas públicas.
De acuerdo con la Constitución brasileña, para que el proceso continúe, los partidarios de su destitución deben conseguir los votos de dos tercios de los diputados (342 de 513). Si la Cámara de Diputados la convalida el domingo 17 de abril o el lunes 18, por una mayoría de dos tercios, y luego el Senado la ratifica, Rousseff sería separada de su cargo por un plazo máximo de 180 días en espera de que la Cámara Alta dé su fallo definitivo. Después de esta votación, el proyecto de impeachment tendrá que ser ratificado por 342 diputados de un total de 513 de la plenaria de la Cámara de Diputados. Según la oposición, 290 están por ahora a favor del proceso.
Pero Lula está dispuesto a todo para dañar estas cuentas alegres. De acuerdo con fuentes del PT, el expresidente ya habría reunido 209 apoyos. Necesitaría 171 para detener el juicio contra Rousseff. Sin embargo, en una situación tan volátil, nadie confía en los números. Los periódicos cambian cada minuto sus cuentas y el desenlace son cada vez más inciertos.
El expresidente sabe que la presión de la calle sirve y, mientras de día negocia con la clase política, la noche la dedica a encender la calle. El lunes animó una manifestación de artistas contra “el golpe de Estado de terciopelo”, organizada por el célebre cantante y escritor Chico Buarque. Miles acudieron. También echó mano de sus amigos Wagner Moura (actor), Leonardo Boff (teólogo), Fernando Morais (escritor) y Eric Nepomuceno (escritor), quienes lo acompañan en varios de sus discursos.
Mientras tanto, Dilma Rousseff alza la voz y denuncia una conspiración, encabezada por su vicepresidente Michel Temer, enemigo íntimo desde hace varios años. “Cayeron las máscaras de los golpistas”, declaró Rousseff, quien aludió a un audio divulgado por Temer “por error”, en el que el vicepresidente da como un hecho la destitución de la mandataria y pide construir un Gobierno de “salvación nacional”.
La situación es muy grave. Los dos siguientes en la línea de sucesión de la Presidencia también están amenazados por procesos que les pueden costar el mandato: el vicepresidente, Michel Temer, y el presidente de los diputados, Eduardo Cunha, tienen abiertos procesos. Temer será sometido en el Congreso a un proceso similar al de Rousseff, por decisión de un magistrado del Tribunal Supremo, y Cunha, además de numerosas acusaciones en la Justicia por las corruptelas en Petrobras, es blanco de un proceso en la Comisión de Ética de la Cámara Baja en el que corre el riesgo de perder el cargo como presidente de los diputados y hasta el mandato como legislador. El tercero en la línea de sucesión, el presidente del Senado, Renán Calheiros, es acusado en nueve diferentes procesos abiertos por la Corte Suprema contra los implicados en el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras.
“Que se vayan todos”, es lo que grita la calle en Brasil.