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“En medio de esta América Latina, Chile es un verdadero oasis, democracia estable, economía creciendo”, dijo el pasado 8 de octubre el presidente chileno, Sebastián Piñera.
En una entrevista en un programa matinal (Mega) insistió: “Mire lo que pasa en Argentina y Paraguay, recesión; México y Brasil estancados, Bolivia y Perú con crisis política, Colombia con este resurgimiento de las Farc”.
Diez días después, la convulsión social estallaba en su propio país, por cuenta de un decreto que autorizaba el alza del precio del pasaje del metro en Santiago. La chispa que desató un incendio que llevaba años contenido y que, según expertos, tiene como telón de fondo la desigualdad social, la concentración extrema de la riqueza, la corrupción, las pensiones, el sistema de salud y la calidad de la educación.
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Por esas muchas razones el anuncio del gobierno de dar marcha atrás al decreto que autorizaba el aumento del precio del pasaje del metro no logró aplacar los ánimos. Los choques con las autoridades, el vandalismo y los saqueos aumentaron en Santiago de Chile, Valparaíso y Concepción, principalmente, en donde la violencia ha dejado varios muertos (cinco fallecieron en un incendio en un supermercado, según los bomberos), decenas de heridos, 1.462 detenidos y 43 estaciones del metro destrozadas.
La situación es grave: varias aerolíneas cancelaron sus vuelos, las clases fueron suspendidas, no hay transporte público, supermercados y centros comerciales no abrieron por razones de seguridad y se registraron cortes de luz en varios puntos del país.
“Es muy triste todo lo que está pasando, pero la gente está indignada porque no la escuchan”, le dijo a la AFP Antonia, de 26 años, en el centro de Santiago, que mostraba imágenes dantescas de destrucción, con semáforos en el suelo, restos de autobuses quemados, comercios saqueados y miles de piedras y palos sobre las calles.
Toque de queda
“El pueblo unido jamás será vencido”, gritaban en coro los manifestantes, rememorando una consigna que se hizo popular durante las protestas contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).Ver más: PIñera decretó Estado de Emergencia en Chile
La situación de descontrol social obligó al gobierno de Piñera a imponer algunas medidas inéditas desde que Chile recuperara la democracia, en 1990, como sacar a los militares a las calles y declarar el toque de queda (la última vez fue en 1987). Tanquetas del Ejército, helicópteros y cerca de 8.000 efectivos fuertemente armados se desplegaron en las principales ciudades para tratar de restaurar el orden. Pero quienes encabezan el estallido social son menores de treinta años, jóvenes que no vivieron la dictadura y por eso parecen no temerle a la autoridad militar, según explicaban expertos chilenos en televisión.
El descontento principal de los jóvenes es con la educación universitaria, gratuita hasta 1981, cuando la dictadura simplificó los requisitos para la creación de universidades privadas. Ahora hay más oferta de centros educativos, pero la calidad es baja y las matrículas son impagables para muchos jóvenes, que duran años endeudados.
Ver más: El regreso de los militares a las calles chilenas (no pasaba desde el fin de la dictadura)
El sistema de pensiones es otro punto de gran rechazo entre los chilenos que están en las calles: el modelo también viene de la dictadura y obliga a los trabajadores a depositar cada mes cerca del 12 % de su sueldo en cuentas individuales manejadas por entidades privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El problema es que no entregan pensiones dignas a los jubilados y cada vez son menos los que reciben este beneficio.
El sistema de salud público, gritan los manifestantes, es precario y costoso. Catorce millones de trabajadores pagan mensualidades altas y se quejan de la pésima atención en los hospitales, las largas esperas para lograr una cita e incluso las malas condiciones de los centros médicos. Para rematar, gritan enfurecidos chilenos, la vida es muy cara: el costo de las propiedades ha subido un 150 % y los ingresos solo lo han hecho un 25 %, de acuerdo con un estudio de la Universidad Católica de Chile.
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El alza de un 10 % en el pasaje del metro, que hoy vale US$1,2 (4.111 pesos colombianos) acabó con la paciencia de los ciudadanos, que denuncian también exagerados aumentos en los servicios públicos, mientras la corrupción campea en el país: se han conocido millonarios fraudes en las Fuerzas Armadas (una de las instituciones más respetadas del país), financiación ilícita de campañas y la impunidad de la clase política.
“¡Basta de abusos! y ¡Chile despertó!” es el grito de esta generación chilena, que convoca por redes sociales y le exige al gobierno que reaccione. Pero la administración no ha sabido reaccionar, según críticas dentro del Gobierno. El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, empatizó con el malestar de la gente. “No podemos poner la carreta antes de los bueyes (…); el problema es la inequidad que tiene Chile”. Piñera convocó a varios sectores para encontrar soluciones al peor estallido social de los últimos 29 años.