Las protestas violentas de Cataluña alejan a los Gobiernos español y catalán
El distanciamiento entre el gobierno de España y Cataluña, responsable de mantener el orden público en la región, se hace más grande. Las protestas violentas siguen.
Agencia EFE
La crisis de seguridad causada por las protestas independentistas violentas de Cataluña está profundizando el distanciamiento entre el Ejecutivo de España y el gobierno catalán, responsable de mantener el orden público en esa región autónoma.
El ministro español de Fomento, José Luis Ábalos, denunció este miércoles la "irresponsabilidad" del presidente regional de Cataluña, el soberanista Quim Torra, por no tener "ningún interés" en controlar la situación de desorden.
Ver más: Protesta social y palabras
Lo acusó de hacer "llamamientos" a las protestas contra la sentencia judicial que condena a prisión a nueve líderes soberanistas, que luego derivan en violencia.
El Ejecutivo español exigió a Torra que condene los actos violentos, en un ambiente de tensión creciente entre las autoridades españolas y catalanas.
A pocas semanas de las elecciones generales del 10 de noviembre en España, el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, busca la colaboración de los líderes de los principales partidos opositores españoles: el conservador PP, el liberal Ciudadanos y el izquierdista Unidas Podemos.
Sánchez se reunirá hoy con ellos para transmitirles su "determinación" de "garantizar la seguridad con firmeza, proporcionalidad y unidad", según dijo en un mensaje difundido en Twitter.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, precisó que sería "absolutamente imprudente" que el Ejecutivo tome el control de la Policía catalana, ya que la coordinación de este cuerpo regional con las fuerzas del seguridad del Estado es "inmejorable" y "permanente".
Ver más: En imágenes, la protestas en Cataluña
Sobre esta cuestión, matizó que se podría aplicar el "ordenamiento jurídico en su momento", en alusión a la Ley de Seguridad Nacional.
Interior ha movilizado 2.000 agentes para contribuir, en caso necesario, a garantizar el orden público en Cataluña a petición de la Policía catalana, que es la responsable de la seguridad en esa región española.
El presidente catalán, por su parte, convocó una reunión urgente para tratar la situación con los principales consejeros de su gobierno.
Ver más: Las razones de la condena a líderes independentistas en Cataluña
Los disturbios más graves se produjeron anoche en Barcelona, donde se vivió una larga batalla campal, con cargas policiales contra grupos de radicales, que montaron 157 barricadas de fuego y destrozaron cuatro furgones policiales.
La Policía regional catalana detuvo a 30 personas a causa de las algaradas, que dejaron 125 heridos, aunque ninguno de ellos grave, informó el Sistema de Emergencias Médicas regional.
Según fuentes policiales, 75 agentes fueron heridos en los incidentes.
Este miércoles, el tren de alta velocidad entre Barcelona y Figueras (Gerona) está interrumpido debido a sabotajes de las comunicaciones en varios puntos del recorrido, informaron fuentes oficiales.
Además, varias marchas masivas de manifestantes discurren por carreteras catalanas hacia Barcelona, donde se concentrarán el viernes, cuando está convocada una huelga general en toda Cataluña.
El Tribunal Supremo español condenó a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los líderes independentistas por su responsabilidad en el proceso soberanistas ilegal de 2017, que pretendía la secesión de Cataluña en contra de la Constitución española.
La crisis de seguridad causada por las protestas independentistas violentas de Cataluña está profundizando el distanciamiento entre el Ejecutivo de España y el gobierno catalán, responsable de mantener el orden público en esa región autónoma.
El ministro español de Fomento, José Luis Ábalos, denunció este miércoles la "irresponsabilidad" del presidente regional de Cataluña, el soberanista Quim Torra, por no tener "ningún interés" en controlar la situación de desorden.
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Lo acusó de hacer "llamamientos" a las protestas contra la sentencia judicial que condena a prisión a nueve líderes soberanistas, que luego derivan en violencia.
El Ejecutivo español exigió a Torra que condene los actos violentos, en un ambiente de tensión creciente entre las autoridades españolas y catalanas.
A pocas semanas de las elecciones generales del 10 de noviembre en España, el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, busca la colaboración de los líderes de los principales partidos opositores españoles: el conservador PP, el liberal Ciudadanos y el izquierdista Unidas Podemos.
Sánchez se reunirá hoy con ellos para transmitirles su "determinación" de "garantizar la seguridad con firmeza, proporcionalidad y unidad", según dijo en un mensaje difundido en Twitter.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, precisó que sería "absolutamente imprudente" que el Ejecutivo tome el control de la Policía catalana, ya que la coordinación de este cuerpo regional con las fuerzas del seguridad del Estado es "inmejorable" y "permanente".
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Sobre esta cuestión, matizó que se podría aplicar el "ordenamiento jurídico en su momento", en alusión a la Ley de Seguridad Nacional.
Interior ha movilizado 2.000 agentes para contribuir, en caso necesario, a garantizar el orden público en Cataluña a petición de la Policía catalana, que es la responsable de la seguridad en esa región española.
El presidente catalán, por su parte, convocó una reunión urgente para tratar la situación con los principales consejeros de su gobierno.
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Los disturbios más graves se produjeron anoche en Barcelona, donde se vivió una larga batalla campal, con cargas policiales contra grupos de radicales, que montaron 157 barricadas de fuego y destrozaron cuatro furgones policiales.
La Policía regional catalana detuvo a 30 personas a causa de las algaradas, que dejaron 125 heridos, aunque ninguno de ellos grave, informó el Sistema de Emergencias Médicas regional.
Según fuentes policiales, 75 agentes fueron heridos en los incidentes.
Este miércoles, el tren de alta velocidad entre Barcelona y Figueras (Gerona) está interrumpido debido a sabotajes de las comunicaciones en varios puntos del recorrido, informaron fuentes oficiales.
Además, varias marchas masivas de manifestantes discurren por carreteras catalanas hacia Barcelona, donde se concentrarán el viernes, cuando está convocada una huelga general en toda Cataluña.
El Tribunal Supremo español condenó a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los líderes independentistas por su responsabilidad en el proceso soberanistas ilegal de 2017, que pretendía la secesión de Cataluña en contra de la Constitución española.