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Fernando Albán, concejal del Área Metropolitana de Caracas del partido Primero Justicia (PJ), fue detenido el viernes 5 de octubre de este año, después de pasar unos días en Estados Unidos. Estuvo una semana en Nueva York visitando a sus hijos y acompañando a Julio Borges, uno de los líderes opositores venezolanos que viajó a la Asamblea de Naciones Unidas para denunciar lo que pasa en ese país. Todo marchaba según el itinerario: su avión llegó a tiempo al aeropuerto de Maiquetía y tenía sus actividades organizadas para retomar el día siguiente su labor en Ollas Solidarias, un programa para mitigar el hambre en Venezuela.
Pero Albán fue abordado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que lo detuvieron, según su abogado Joel García, por estar vinculado con el presunto atentado que sufrió el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto. Se le acusaba de “magnicidio contra el presidente, terrorismo, traición a la patria, homicidio calificado frustrado en la persona del presidente y del alto mando militar y asociación para delinquir”.
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Pasaron 48 horas antes de que su esposa, que denunció su desaparición, supiera que estaba detenido en un calabozo del Sebin. El domingo 7 de octubre García logró visitar a su defendido en la sede principal de este cuerpo de seguridad, ubicada en Plaza Venezuela. Aunque había estado aislado casi dos días, no tenía muestras de torturas. “Estaba bien, no había sido golpeado, dijo que sí había sido objeto de múltiples interrogatorios y presiones, pero no en un estado como para suicidarse”. Pero, el lunes 8 de octubre Tarek William Saab, fiscal general, y Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, anunciaron que Albán se había suicidado.
Saab dijo que el concejal “había pedido permiso para ir al baño y una vez ahí abrió la ventana y se lanzó al vacío”. Mientras que Reverol aseguró que “Albán se encontraba en la sala de espera del Sebin para ser trasladado a tribunales y durante su estancia abrió una ventana y se lanzó”. Los dos solo coincidieron en que el político estaba detenido por supuestamente “formar parte del magnicidio en contra de Nicolás Maduro, ocurrido en agosto, y por estar involucrado en actos desestabilizadores dirigidos desde el exterior”.
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Chiarity Flores, otra abogada del concejal, indicó un día después de lo ocurrido para Crónica Uno, y tras publicar el acta de defunción, que la causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico severo por caída de altura, shock hipovolémico y traumatismo toráxico abdominal cerrado. Sin embargo, aseguró que comenzaría las investigaciones pertinentes, como la autopsia, para saber si ciertamente esas fueron las causas de la muerte de Albán.
El fiscal indicó que se investiga una gran cantidad de mensajes y videos encontrados en el teléfono, el correo electrónico y las redes sociales del dirigente. “Muchos de esos videos podrían explicar la conducta lamentable del ciudadano Albán de atentar contra su propia vida”, sostuvo.
Primero Justicia, partido político de Julio Borges y Henrique Capriles, creen que se trata de un homicidio. Mientras que opositores que estuvieron presos en las celdas del Sebin dicen que jamás los dejaron ir al baño sin custodia. “Por lo menos íbamos con dos funcionarios armados y jamás a un baño con ventanas”. Hasta la Iglesia católica dudó de la versión, al decir que Albán era un hombre de fuertes convicciones religiosas.
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Un oficial de dicho cuerpo de seguridad, preocupado por lo que sucede en las celdas donde el Gobierno ha recluido a buena parte de la oposición, le dijo a El Espectador que Albán habría muerto durante una operación de castigo. “El concejal fue llevado, por orden de un superior, al edificio del archivo del Sebin (Plaza Venezuela). Allí fue puesto en el piso 8, donde queda la Unidad de Protección del Orden Democrático (conocido como la unidad de tortura). Allí Albán murió cuando le metían la cabeza en un balde lleno de agua”.
Pero, ¿qué es el Sebin?
Creado en 2009 por Hugo Chávez para reemplazar a la antigua Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) es uno de los cuerpos represores más activos en detención y custodia de opositores políticos en Venezuela. Aunque según el decreto de junio de 2009, el órgano pertenece al Ministerio de Interior y Justicia, toda la cúpula de poder que rodea a Maduro tiene injerencia en el lugar.
Tiene 36 sedes nacionales, incluyendo las dos principales en Caracas: la oficina administrativa ubicada en el centro de la ciudad, conocida como “La Tumba”, y El Helicoide, localizado al oeste de la capital. Este último se empezó a construir en 1956 con la idea de que fuera un centro comercial y, a su vez, un hotel cinco estrellas, un parque, un club y en el séptimo piso un recinto de espectáculos. Sin embargo, ahora funciona como una cárcel, tanto de reos comunes como de privados de libertad por razones políticas.
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El edificio principal del Sebin, en Plaza Venezuela, guarda los secretos más oscuros del Gobierno de Maduro. Albán es el tercer caso de muerte dentro de una prisión de este grupo de seguridad. El primero fue Rodolfo González, piloto de 63 años, que fue detenido en el 2014 por participar en las protestas políticas en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. Luego de un año preso en una de las sedes, decidió ahorcarse tras enterarse de que sería trasladado a una cárcel común. El segundo fue Carlos Andrés García, concejal de Guasdualito, estado de Apure. Lo detuvieron en septiembre de 2016 y fue recluido en la sede del mismo cuerpo de seguridad en dicha región. Al año de estar encarcelado sufrió de un ACV y le fue negada la atención médica, lo que causó su fallecimiento.
En los calabozos de La Tumba, ubicados cinco pisos por debajo de la superficie, están recluidos varios opositorescomo el general Raúl Baduel, detenido desde 2009, y de quien no se sabe nada desde hace dos meses, según su familia. También estuvo Lorent Saleh, activista de derecho humanos, quien en 2014 se encontraba en Bogotá y fue entregado por el Gobierno de Juan Manuel Santos a las autoridades venezolanas, sin las debidas garantías internacionales.
Sobre el sitio, abogados y familiares de presos políticos han declarado que es un centro de torturas. Y ante estas denuncias, en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares de protección para Lorent Saleh y Gerardo Carrero, líderes estudiantiles. Según el informe, ambos estaban ubicados en un sótano durante meses, donde fueron aislados en un espacio de dos por tres metros y sin acceso a la luz del sol o al aire libre.
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Luego de esto, sus abogados declararon que presuntamente los jóvenes no recibían atención médica y padecían de problemas estomacales, dermatitis, ataques de pánico, desorientación temporal y hasta de crisis nerviosas. Incluso Saleh, un año después de su detención, en abril de 2015, intentó suicidarse en su celda. Hecho que fue evitado por los funcionarios del cuerpo de seguridad. El pasado viernes 12 de octubre, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) informó que Saleh fue liberado y “referido” a España, para “reducir el riesgo” que representa para su integridad personal una serie de “conductas violentas, destructivas y suicidas”, expresa el comunicado de la Comisión de la Verdad de la ANC.
“En La Tumba no hay sonidos, ni ventanas, ni luz natural. Sólo se escucha el paso del metro encima de la cabeza. Hay siete celdas de dos por tres con paredes y pisos blancos: cada celda tiene una mesa de cemento. Los detenidos son vigilados por cámaras y se sacan solo para ir al baño. Cuando eso no pasa, hay un balde de emergencia. Cualquiera pierde la noción del tiempo ahí”, de esta manera el escritor venezolano Leonardo Padrón, escribió una crónica sobre el lugar.
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El Sebin también se ha encargado en los últimos años de realizar allanamientos sin orden judicial a casas y oficinas de miembros de la oposición, de periodistas, y ciudadanos que sin ser miembros de alguna organización política se oponen al régimen venezolano.
¿Y la investigación?
Hasta ahora Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre la muerte del concejal. Diosdado Cabello, miembro del Gobierno, indicó que la oposición debe respetar la decisión de Albán. “Algunos ponen unas excusas muy absurdas… una persona tomó una decisión y la tomó, el que no la quiera respetar que no lo haga, ellos creen que con eso van a tumbar a Maduro”, dijo.
Los pronunciamientos internacionales crecen: el fallecimiento del concejal opositor es un crimen de Estado, aseguró la ONG Provea, una de las organizaciones encargada de registrar y denunciar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. “Es la consecuencia directa del ascenso del terrorismo de Estado por parte de la dictadura de Nicolás Maduro que, de forma sistemática y generalizada, persigue, encarcela y tortura a centenares de opositores políticos con el firme objetivo de generar terror en la población y consolidar los mecanismos de control social y político”, expresó en un comunicado.
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Asimismo, aseguró que en la nación sudamericana no existen las condiciones para investigar de manera transparente la muerte de Albán, debido a que el Gobierno tiene el control de todas las instituciones encargadas. Es por esto que 65 ONG del país vecino, la ONU, la Unión Europea, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y Colombia, entre otros países, exigen que se realice una investigación independiente e imparcial para que se conozcan las verdaderas causas del fallecimiento.
Por este tipo de casos y por otras denuncias como las ejecuciones extrajudiciales en el marco de las protestas políticas de 2014 y 2017 contra el Gobierno, casos de tortura y violencia sexual, además de detenciones arbitrarias que llevaron a desapariciones forzosas, siete países, incluido Colombia, denunciaron a Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) en septiembre de este año.
Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, señaló que este tipo de acciones del Gobierno es para intimidar. Recordó que hay 236 presos políticos, de los cuales 71 son militares, 35 mujeres y tres adolescentes. “Casi todos han sido condenados públicamente por el Ejecutivo, sin haber sido procesados y sin derecho a su defensa”, agregó.