Los factores en común de las protestas en el mundo

Los recientes estallidos sociales en Quito y Santiago de Chile, sumados a las protestas masivas que se observan en Honduras y Haití, y antes en Puerto Rico, dan la sensación de que la región pasa por una especie de “primavera latina”. El descontento de la clase media por el elevado incremento del costo de vida en estos países, por la economía estancada, instituciones débiles e indicadores descarados de corrupción, ha motivado a miles de ciudadanos ha manifestarse contra los gobiernos y la élite política, pues ahora están más conscientes sobre los abusos del Estado, gracias a herramientas como una prensa libre y el surgimiento de grupos cívicos o incluso a las redes sociales, por las que ahora se convocan y coordinan manifestaciones.

Sin embargo, esta no es una condición propia del continente americano, pues 2019 ha mostrado ser un año turbulento en todo el mundo, que ha dejado miles de presos y centenares de heridos y muertos a causa de estos levantamientos. En la actualidad se producen protestas en Hong Kong, Cataluña, El Cairo (Egipto), París (Francia), Moscú (Rusia), Beirut (Líbano), Argelia, Bagdad (Irak) y Yakarta (Indonesia), por nombrar algunos ejemplos. Con un punto en común: expresar descontento con el gobierno actual.

La protesta es una poderosa herramienta política que puede conducir a un cambio y que indudablemente sabe dejar huellas en la historia, así no logre efectividad en su momento. La marcha del Movimiento por los Derechos Civiles en Washington, los disturbios de Stonewall, Tiananmén e incluso la primavera árabe son ejemplos remarcables de los últimos cincuenta años. No obstante, estas memorables manifestaciones tenían en su foco un cambio social. Las recientes investigaciones apuntan a que las nuevas protestas obedecen, sobre todo, a una amplia gama de quejas sobre las necesidades económicas. Le puede interesar: Líbano: tres días de graves protestas por alza de impuestos 

“La única demanda que supera a todas las demás es sobre lo que impide el progreso hacia la justicia económica. Una falta de lo que los manifestantes enmarcan cada vez más como democracia real. Quejas que apuntan a un fracaso de la representación política y evidencian la injusticia económica”, señala Sara Burke, analista política.

La fe en las instituciones se ha perdido y no solo los latinoamericanos se sienten cada vez más frustrados por la corrupción. Aunque Haití es uno de los mejores ejemplos actuales sobre cómo la corrupción consume a un país, pues esta ha profundizado la escasez de alimentos, petróleo y energía, el problema también es profundo en países como Líbano, una de las naciones con los índices de endeudamiento más altos del mundo por cuenta de una clase política corrupta. La debilidad de las instituciones, más la corrupción y la pérdida de la credibilidad en los representantes les agrega frustración a los ciudadanos que hoy tratan de expresar su inconformidad en forma de protestas. Además, hay escasez de entes reguladores fuertes e independientes que impartan justicia. “Hay incapacidad para procesar conflictos sociales a través de canales políticos normales. Entonces terminas recibiendo protestas callejeras”, afirma Jo-Marie Burt, politólogo de la Universidad George Mason.

Si bien la mayoría de las manifestaciones tienen un detonante explosivo, como el alza al impuesto sobre el carbono en Francia, las reformas económicas en Ecuador o el incremento en el precio del pasaje del Metro de Santiago en Chile, muchas son producto de años, y hasta décadas, de medidas impopulares y descontento económico. En Chile, por ejemplo, el aumento de treinta pesos en el pasaje del metro (143 pesos colombianos) fue solo la cereza sobre el pastel, pues la clase media está harta del sistema de pensiones, la desprotección en salud, la privatización del agua o el problemático acceso a la educación superior, deudas sociales heredadas desde la dictadura de Augusto Pinochet. Además, la economía en gran parte de América Latina se ha desacelerado y la polarización política ha aumentado. Ambas condiciones, mezcladas, han sido el coctel idóneo para exacerbar los levantamientos sociales. El Espectador le explica: Las protestas que tienen paralizado a Haití

Por otro lado, las violaciones a los derechos humanos y a la libertad no han sido menos importantes en estos levantamientos. El autoritarismo del presidente Abdel Fattah el-Sisi en Egipto, la adopción de un nuevo código penal en Indonesia y la fallida promoción de una reforma en la ley de extradición en Hong Kong son ejemplos de medidas que han impulsado a miles de ciudadanos a manifestarse.

Estudios y expertos destacan la importancia de las marchas para provocar cambios. El gobernador de Puerto Rico renunció por la presión y Lenín Moreno, en Ecuador, y Sebastián Piñera, en Chile, dieron marcha atrás a sus medidas. Sin embargo, como bien expresa Michael Segalov, columnista de The Guardian, el activista es retratado como un delincuente “sin respeto por la democracia” y se han emprendido discursos para deslegitimar las protestas.

“Es parte del proceso político; los activistas son marginados mientras toman medidas, hasta que la perspectiva cambia de alguna manera. Los valores de los activistas son cooptados una vez que han logrado cambiar la norma. Sucederá con el cambio climático, #BlackLivesMatter y aquellos que exigen que hagamos más para resolver la crisis de refugiados”, escribe Segalov. “Después de unos años, se podría descubrir que lo que esas personas en las calles pedían ahora se considera la norma”, concluye.

Los líderes políticos no han sabido contestar al creciente descontento social y, en cambio, degradan la protesta a un acto criminal, desestabilizador y hasta terrorista.

Arlene Tickner, internacionalista de la U. del Rosario lo define así: “La securitización de la protesta ha legitimado tácticas tales como la criminalización, la brutalidad policial (y a veces militar), el uso indiscriminado de armas “menos letales” como las balas de caucho (responsables de la ceguera de cientos de personas), los arrestos arbitrarios y masivos, los ataques a periodistas, la adopción de estados de excepción y de leyes antiterroristas que cobijan acciones realizadas durante cualquier manifestación y la infiltración de policías sin uniforme”.