Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La corrupción no tiene ideología. Mientras millones de venezolanos sufren dificultades económicas extremas y enfrentan escasez de alimentos y medicamentos, otros han visto la oportunidad de enriquecerse —o volverse aún más ricos. La división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) ha perseguido una serie de objetivos venezolanos de alto perfil que supuestamente han saqueado su país, cuyos dirigentes son enemigos geopolíticos de Estados Unidos.
(Lea la nota principal del especial: ¿Cómo los corruptos de América Latina evitan las autoridades migratorias en EE.UU.?)
La lista de blancos es larga e incluye al exministro de Finanzas venezolano Alejandro Andrade, un residente de Wellington, Florida, que fue condenado por recibir mil millones de dólares en sobornos junto su supuesto socio, Raúl Gorrin, un magnate de la televisión venezolana acusado por lavado de dinero y que hoy es prófugo de la justicia. Este grupo de trabajo de HSI, mejor conocido como “El Dorado”, ha tenido grandes resultados. En lo que va de este año, las incautaciones nacionales e internacionales suman aproximadamente $500 millones de dólares.
Los nuevos blancos podrían ser los hermanos Luis Jr. e Ignacio Oberto, de 44 y 37años. El Departamento de Justicia y otros oficiales federales le revelaron al Miami Herald y el Nuevo Herald que están construyendo un caso contra los banqueros, quienes ahora viven lujosamente en el sur de Florida. El expediente tiene relación con el robo de más de $4.500 millones de dólares del estado venezolano. El supuesto esquema de corrupción implicaba otorgar préstamos a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, en bolívares y reembolsarlos en dólares estadounidenses. Los hermanos lograron hacer una fortuna gracias a un tipo de cambio favorable, que es dominio exclusivo del gobierno y de los políticos cercanos al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.
Fuentes familiarizadas con la investigación estadounidense dijeron que las ganancias fueron supuestamente blanqueadas a través de cuentas suizas y estadounidenses, y del Banco Espirito Santo, uno de los bancos más grandes de Portugal que tuvo su sucursal local en Brickell Avenue, a pocos pasos del consulado venezolano. El Banco Espírito Santo colapsó en 2014 en medio de denuncias de fraude y lavado de dinero.
Ambos hermanos residen en el Carillon Miami Wellness Resort en Miami Beach, conjunto en el que los apartamentos están valorados en más de $2.5 millones de dólares. Además, Oberto Jr. también es propietario de un apartamento de lujo en el East Side de Manhattan. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado cargos formales y David Markus, abogado de Ignacio y Oberto, negó las acusaciones. “Los Oberto nunca han sido acusados de ningún delito en ningún país. Son hombres de negocios respetados, éticos, honrados y transparentes. Les instamos a que no continúen con esta campaña de propaganda contra nuestros clientes”, dijo Markus en un correo electrónico enviado al Herald.
El segundo par de hermanos banqueros que lograron esconderse en Miami son de Ecuador. William y Roberto Isaías, de 76 y 75 años respectivamente, fueron detenidos brevemente por la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) el año pasado. Según un cable diplomático escrito por la exembajadora Kristie A. Kenney, los hermanos abandonaron su tierra natal en los años 90, supuestamente, con millones de dinero robado cuando el país atravesaba una crisis financiera y su banco colapsó.
Desde entonces, los hermanos Isaías han sido objeto de diversas disputas diplomáticas. A pesar de los esfuerzos realizados a lo largo de los años por Ecuador para extraditarlos, los banqueros han logrado permanecer en Estados Unidos, convirtiéndose en generosos benefactores políticos. Los registros financieros obtenidos por el New York Times en 2014 mostraron que la familia donó más de $320,000 dólares a campañas políticas estadounidenses. En una entrevista de 2014 con The New York Times, Roberto Isaías dijo que él y su hermano no hicieron contribuciones directas porque no eran residentes permanentes, y de hacerlo sería ilegal.
Las contribuciones incluyeron $90,000 dólares para reelegir al entonces presidente Barack Obama. También montos más pequeños para varios legisladores, incluidos la excongresista Ileana Ros-Lehtinen y el senador Marco Rubio, ambos republicanos de Florida, y el senador Robert Menéndez, un demócrata de Nueva Jersey. Las contribuciones políticas fueron una fracción de los $400 millones de dólares que Ecuador alega que los hermanos saquearon.
Durante la administración de Obama, el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa propuso que los hermanos fueran repatriados a cambio del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien vivió en la embajada ecuatoriana de Londres desde 2012 para evitar el arresto por acusaciones de violación. Incluso, en una ocasión se lo planteó directamente a esta reportera en una rueda de prensa en Guatemala. Assange, a través de Wikileaks, también filtró correos electrónicos, supuestamente pirateados por Rusia, que dañaron la candidatura de Hillary Clinton en el periodo previo a las elecciones de 2016.
El intercambio nunca sucedió. Assange finalmente fue entregado a las autoridades británicas y los hermanos Isaías permanecieron libres. Pero luego, cambiaron los vientos políticos. El año pasado, el gobierno ecuatoriano ganó un caso civil contra los hermanos en Florida, que podría exponerlos a una indemnización de $1,300 millones de dólares. Alvin B. Davis, abogado de Squire Patton Boggs, que representa al gobierno ecuatoriano, declinó hablar con el Herald.
En una corte federal en marzo de 2019, ICE hizo un esfuerzo por deportar a los Isaías. Pero la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Kathleen Williams, bloqueó la solicitud de ICE. La jueza hizo hincapié en que el gobierno detuvo a los Isaías por acusaciones por las cuales el Departamento de Estado había “denegado múltiples solicitudes de extradición”. Después de varias semanas en el centro de detención de Krome, los hermanos, que viven en Coral Gables, fueron liberados. Luego se detuvo el proceso de inmigración debido al COVID-19 y el caso hoy permanece abierto esperando se resuelva su petición de asilo.
Freddy Balsera, su portavoz, ofreció una declaración críptica, al preguntarle si consideraba que la política había influido en el desenlace: “Aunque estas preguntas son válidas y dignas de un análisis más profundo, no creemos que sea nuestro lugar para especular sobre los tiempos del gobierno o su intención, dada la naturaleza delicada del problema”.
*Editado por: Casey Frank del Miami Herald y Nancy San Martín, Douglas Rojas-Sosa y Jay Ducassi de el Nuevo Herald.
Ilustraciones por: Megan Moulos
Diseño: Sarah Blaskey, Reportera de Datos e Investigación, Eduardo Alvarez, Director de Experiencia Digital, McClatchy y Nathaniel Levine de The Sacramento Bee.
Fabio Posada, periodista independiente, informó desde Cali, Colombia. Marcos Martínez Chacón de Aristegui Noticias informó desde la Ciudad de México. Los reporteros de Miami Herald y el Nuevo Herald Kevin G. Hall, Jay Weaver y Antonio María Delgado contribuyeron a este reportaje.
Este proyecto investigativo es financiado por el Fondo para el Periodismo de Investigación en asociación con la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y el Nuevo Herald.