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Casi ningún hondureño quiere quedarse en su país. En las encuestas que han realizado universidades y varias ONG’s, el ciento por ciento de los ciudadanos responden que quieren migrar o ya lo intentaron y fracasaron. Pero confiesan que lo intentarán las veces que sean necesarias. Desespero.
Por eso, cada cierto tiempo la atención de la región se centra en las caravanas migratorias de hasta 9.000 ciudadanos de Honduras, que intentan llegar a Estados Unidos. Este año, van tres caravanas grandes (todas desarticuladas a la mitad del recorrido), mientras que a diario se reporta que salen pequeños grupos.
“Hay una tendencia a la emigración del 100 %. En cada uno de los mil 456 hogares entrevistados sobresale el hecho de que por lo menos una persona había emigrado lo cual nos indica que el migrar es o está volviéndose una práctica generalizada en los hogares hondureños. De acuerdo con las cifras en los hogares se reportó que el 69.2% fue una migración individual o de un miembro de la familia, no obstante, también llama la atención lo que podría llamarse migraciones colectivas o familiares en las que dos y hasta cinco personas de un mismo hogar ya habían migrado y éstas alcanzaron un 29.3%. Además, se presentaron muy pocos casos, 1.5 %, de lo que sería éxodos de carácter masivo en que 6 y 12 familiares que vivían en la misma casa ya habían emigrado a otro país”, señaló una investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).
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Las peticiones de asilo se han disparado en la frontera sur de México desde el pasado marzo: 9.000 en un solo mes, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Su portavoz en Ginebra, Aikaterini Kitidi, explicó que estas cifras no se presentaban desde 2014.
Kitidi confirmó que, la mayoría de casos siguen estando relacionados con la violencia en Centroamérica, que incluye situaciones de reclutamiento forzado, extorsión, violencia sexual y asesinatos.
También influye que la pandemia aumentó el riesgo de violencia contra las mujeres y niñas, entre otras razones por las medidas de confinamiento. Cerca de la mitad de los casos corresponden a nacionales de Honduras, seguidos de cubanos y haitianos (11 % en cada caso), de salvadoreños, guatemaltecos y venezolanos.
La situación no sólo es crítica sino preocupante y deja poco espacio para la esperanza. Los hondureños migran por la violencia, la pobreza exacerbada por dos huracanes (Iota y Eta) que devastaron el país en 2020, la corrupción en el gobierno y el caos en el manejo de la pandemia de coronavirus en ese país. El presidente Juan Orlando Hernández, y su hermano están siendo investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Problema No. 2: el gobierno
Tras las acusaciones en su contra, el presidente Hernández promete seguir la lucha contra el narcotráfico hasta el “último día” de su gobierno, que termina el 27 de enero del 2022, para comprobar que está comprometido en el combate de los carteles que pasan la droga por Honduras en ruta desde Sudamérica hacia el mercado de Estados Unidos.
El gobernante hizo la promesa luego de ser señalado en una corte de Manhattan de conspirar para introducir cocaína hacia Estados Unidos, junto a su hermano menor, Juan Antonio “Tony” Hernández.
“Tony”, de 42 años, fue capturado en noviembre de 2018 en Miami y fue sentenciado el 30 de marzo pasado a cadena perpetua al ser hallado culpable de introducir 185.000 kilos de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2016.
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Durante el juicio emprendido por la fiscalía con testimonios de excapos de la droga, el fiscal Jacob Gutwillig dijo al jurado que el presidente hondureño y uno de los narcotraficantes presentados en la corte, Geovanny Fuentes, “planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran”, con ayuda de instituciones del Estado.
Por su parte, el presidente calificó el fallo de la justicia estadounidense como “indignante”, argumentando que su hermano fue sentenciado con base en testimonios falsos de capos que actúan en venganza al ser extraditados.
Un total de 25 hondureños han sido extraditados desde 2014, otros 15 se entregaron y cinco fueron capturados por Estados Unidos, según el presidente Hernández, a quien señalan de hacer tratos secretos con EE. UU. para detener la migración y salvar su futuro.
Sin embargo, el Gobierno de Honduras afirmó que no existe un acuerdo con Estados Unidos para movilizar a miles de soldados y policías en sus fronteras para frenar la migración irregular hacia territorio estadounidense.
“No ha habido ningún tipo de acuerdo sobre militarizar las fronteras”, indicó a medios locales de prensa, vía teléfono, el embajador de Honduras en Washington, Luis Suazo.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció el lunes un acuerdo con México, Honduras y Guatemala para que movilicen a miles de militares y policías en sus fronteras para frenar la migración hacia Estados Unidos, que alcanzó cifras récord en marzo.
Una delegación oficial de Honduras viajó la semana anterior a Estados Unidos para dialogar con autoridades estadounidense sobre las redes de tráfico de personas y las caravanas migrantes, una modalidad que inició en octubre de 2018 en el país centroamericano, con la idea de llegar a Estados Unidos.
“Hemos hablado sobre hacer un esfuerzo muy grande sobre las personas que están ejerciendo acciones criminales alrededor de las caravanas y que están aprovechándose de la necesidad de la gente, le están dando información que no es correcta, incentivando la migración bajo información incorrecta”, explicó.
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Suazo indicó, además, que hay personas, a las que no identificó, que están “traficando en medio de las caravanas”, algo que investigan las autoridades de Honduras.
“Insisto, no ha habido acuerdos (para movilizar soldados y policías), esos temas no se trataron en las mesas de trabajo”, añadió el embajador hondureño en Washington.
Problema No. 3: desconfianza
La desconfianza de los hondureños en sus autoridades se ha incrementado a raíz del mal manejo de la pandemia de COVID-19 y los juicios contra narcotraficantes en EE.UU. que han salpicado a políticos, según la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) Julieta Castellanos.
Antes de la pandemia y de los últimos señalamientos de líderes políticos en cortes de Estados Unidos, asociados al narcotráfico, la desconfianza de los hondureños ya era alta, según el Informe Percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización en Honduras, correspondiente a 2019, del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas).
Castellanos, socióloga y titular del Iudpas, dijo a Efe que el informe de ese organismo evidenció “una pérdida de confianza dramática, sobre todo en los tres poderes del Estado”.
La pérdida de confianza en las autoridades habría aumentado en 2020 por el mal manejo de la pandemia de covid-19, que ha sido salpicado por múltiples denuncias de corrupción en la compra de materiales y equipo médico que han hecho entes como el Consejo Nacional Anticorrupción y la Asociación para una Sociedad más Justa.
A eso se suma el involucramiento de políticos y funcionarios en las cortes de Estados Unidos, por asuntos asociados con el narcotráfico, indicó Castellanos.
En efecto, narcotraficantes hondureños que enfrentan juicios en EE. UU. han implicado a figuras como el presidente del país y a los exgobernantes Porfirio Lobo y Manuel Zelaya, los dos primeros del Partido Nacional, en el poder, y el tercero coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), aunque los tres rechazan las acusaciones.
“Entonces, si vemos el escenario de 2020, todavía es el de un deterioro mayor de la confianza, por los hechos que se dan en este tiempo”, dijo la exrectora de la Unah.
Problema No. 4: elecciones 2021
En 2021, la desconfianza en el sistema político podría ser mayor por las denuncias de presunto fraude en las elecciones primarias e internas que celebraron el 14 de marzo tres partidos políticos, lo que también ha salpicado al Consejo Nacional Electoral.
Los partidos que participaron en las elecciones de marzo, previas a las generales del 28 de noviembre, son el Nacional, Libre y Liberal, cuyos candidatos presidenciales oficialmente serán anunciados hasta este martes.
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Los virtuales candidatos ganadores son Nasry Asfura, del Partido Nacional; Yani Rosenthal, del Liberal, y Xiomara Castro, de Libre.
Asfura está siendo investigado por la Fiscalía por supuesto lavado de activos; Rosenthal, regresó en agosto de 2020 al país luego de permanecer preso durante tres años en EE.UU. por delitos asociados al narcotráfico, sobre lo que se declaró confeso, y Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro, ha sido señalado en Nueva York de haber recibido dinero de al menos un traficante de drogas.
El Informe del Iudpas de 2019, auspiciado por Instituto Nacional Demócrata (NDI, sigla en inglés), resalta que después de 40 años del retorno a la democracia, con diez procesos electorales, cinco ganados por el Partido Liberal y cinco por el Nacional, la situación económica, la criminalidad, la pobreza, la corrupción y el mal Gobierno siguen siendo los problemas más graves que enfrenta Honduras.
Añade que más del 70 % de los hondureños no cree en las instituciones del Estado, ni en quienes las presiden.
Problema No. 5: pandemia
Cuando se reportan más de 140.000 contagiados de coronavirus y más de 3.700 muertes por coronavirus, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) alertó que el gobierno de Honduras planea recortes en salud.
Ricardo Castaneda, economista del Icefi, hizo un estudio al presupuesto de Honduras para 2021 y encontró que el país destinará en 2021 un 2,7% del PIB al sector salud, inferior al 2,9% asignado en 2020. Con un agravante: incluye más gasto para defensa y seguridad, al pasar del 3,2% del PIB este año al 3,4%.
A eso se suma la crisis de los hospitales, la falta de cobertura médica y las denuncias de corrupción en la compra de insumos médicos y vacunas.