Los tentáculos de Pegasus que van desde Asia hasta América Latina

El 3 de julio de 2017, Ebtisam al-Saegh fue sacada de su casa en Yid Ali, al sur de Manama, capital de Baréin, cuando al menos 25 agentes vestidos de civil y enmascarados, que dijeron pertenecer a la Dirección de Investigaciones Criminales, irrumpieron en su hogar después de la medianoche. Quitándole su documento de identidad y su teléfono, se la llevaron sin explicación alguna. “No hace falta que hables. Lo sabrás en cuanto llegues”, fue la respuesta que obtuvo al preguntar por el motivo de su detención y por el lugar al que la llevaban. Una serie de publicaciones en Twitter sobre el maltrato perpetrado desde la Agencia de Seguridad Nacional contra las mujeres, responsabilizando al rey de Baréin de ello, sería la razón de su detención, creyendo que su trabajo por la defensa de los derechos humanos guardó relación con lo sucedido, escribió Amnistía Internacional en un comunicado.

Aquella no fue la primera vez en la que fue retenida. La organización internacional afirmó que, en una ocasión anterior, siete horas de detención terminaron en el sometimiento a tortura y agresión sexual. Ahora, se conoce que Al-Saegh sufrió un nuevo ataque, pero esta vez de forma silenciosa: fue objeto de espionaje a través de Pegasus, software creado por el Grupo NSO, empresa israelí.

Le sugerimos: Familia de Martin Luther King le pide al Senado que proteja el derecho al voto

“El hogar solía ser el único espacio seguro para mí, un lugar de libertad personal donde podía quitarme el velo y ejercer mis libertades religiosas y sociales sin límites”, dijo la líder bareiní en un comunicado compartido por Front Line Defenders (FLD), grupo de defensa de los derechos humanos. “El miedo ha restringido mi trabajo. Estoy constantemente ansiosa y temerosa de haber puesto a otros en riesgo debido a su contacto conmigo”, agregó Al-Saegh, cuyo celular, según afirmó el laboratorio Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, fue hackeado por lo menos unas ocho veces, entre agosto y noviembre de 2019, con el software del grupo israelí, cuando al trabajar para Salam para la Democracia y los Derechos Humanos estaba siendo acosada por las autoridades de su país, según reportaron FLD y Access Now, organización que vela por la protección de los derechos digitales.

Aunque Al-Saegh no fue físicamente retenida esta vez, la invasión a su celular, donde tiene información personal, como conversaciones y fotografías, y en donde se consagra toda su red de contactos, equivale a que las autoridades allanaran su casa. Así, al menos, lo advierte la Fundación Karisma, organización que trabaja en la protección y promoción de los derechos humanos y de la justicia social en el diseño y uso de las tecnologías digitales. Desde allí se comenta que, en regímenes autoritarios, donde las mujeres son discriminadas en razón del género, la violencia contra ellas también se puede manifestar en el mundo digital, lo que convierte a las mujeres líderes en un target.

Y es que Al-Saegh no ha sido la única que ha sido objeto de persecución en Baréin: la periodista Ghada Jamsheer, entre 2014 y 2016, fue llevada diez veces a juicio por difamación, hecho relacionado con la información publicada en su cuenta de Twitter acerca de un presunto caso de corrupción en el Hospital de la Universidad Rey Hamad, siendo condenada a diez meses de prisión, según informó Amnistía Internacional en ese entonces. Esto ocurre en un país en el que, según reporta la organización de derechos humanos, se registran juicios injustos de manifestantes y de personas que critican en internet al gobierno y a sus familiares, al tiempo que las mujeres son discriminadas en la legislación.

Sin embargo, las líderes defensoras de derechos humanos, como Al-Saegh y la jordana Hala Ahed Deeb, quien trabaja con organizaciones de derechos humanos y grupos feministas en su país, no son las únicas que han sido espiadas con el Pegasus. El diario salvadoreño El Faro también fue blanco de ello. Según un estudio llevado a cabo por Citizen Lab, en el que participó Access Now, los celulares de 22 miembros del medio de comunicación fueron intervenidos con Pegasus, incluyendo, en cerca de 17 meses de espionaje, al menos del 29 de junio de 2020 al 23 de noviembre de 2021, a jefaturas editoriales, periodistas, miembros de la junta directiva y al personal administrativo.

Le puede interesar: Del testeo a la vacuna obligatoria: las medidas laborales por ómicron en el mundo

“No nos ha sorprendido sabernos intervenidos, sino la cantidad, frecuencia y duración de estas intervenciones. Casi todo El Faro ha sido intervenido. Todo apunta, según los peritajes que hemos analizado, a que el responsable de estas intervenciones es el gobierno salvadoreño, que está utilizando el software para espiar y obtener ilegalmente información alojada en los teléfonos de periodistas”, afirmó Carlos Dada, director y fundador de El Faro. Y es que algunas de las fechas en las que se llevó a cabo el espionaje coinciden, por ejemplo, con la investigación acerca de la negociación entre el gobierno y las pandillas, la implementación del bitcóin como moneda de curso legal y la posesión de la Asamblea Legislativa, controlada por Nayib Bukele.

Desde AlSur, organización que busca fortalecer los derechos humanos en el entorno digital en América Latina y el Caribe, recordando el escándalo de Pegasus en México, donde fueron interceptados los celulares de 15.000 personas durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, Carolina Botero, directora de Fundación Karisma, aseguró: “Aunque en la región las actividades de vigilancia han sido reguladas para proteger la intimidad, con estándares internacionales, esto no ha sido actualizado para la era de internet. Los controles, en general, son políticos y muy vagos. Los judiciales o por organismos autónomos, como las entidades de protección de datos, no existen en la región. Hay que hablar de regulación y de los límites de esta actividad en la era de internet, incluyendo la discusión sobre la prohibición de herramientas como Pegasus”. Según ella, América Latina no ha discutido el tema y si bien a escala internacional se está debatiendo sobre el acceso ilimitado de los gobiernos a los datos personales en poder de las empresas, a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el alcance de Pegasus pone sobre la mesa la necesidad de una discusión de mayor alcance.

👀🌎📄 ¿Ya estás enterado de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.

El 3 de julio de 2017, Ebtisam al-Saegh fue sacada de su casa en Yid Ali, al sur de Manama, capital de Baréin, cuando al menos 25 agentes vestidos de civil y enmascarados, que dijeron pertenecer a la Dirección de Investigaciones Criminales, irrumpieron en su hogar después de la medianoche. Quitándole su documento de identidad y su teléfono, se la llevaron sin explicación alguna. “No hace falta que hables. Lo sabrás en cuanto llegues”, fue la respuesta que obtuvo al preguntar por el motivo de su detención y por el lugar al que la llevaban. Una serie de publicaciones en Twitter sobre el maltrato perpetrado desde la Agencia de Seguridad Nacional contra las mujeres, responsabilizando al rey de Baréin de ello, sería la razón de su detención, creyendo que su trabajo por la defensa de los derechos humanos guardó relación con lo sucedido, escribió Amnistía Internacional en un comunicado.

Aquella no fue la primera vez en la que fue retenida. La organización internacional afirmó que, en una ocasión anterior, siete horas de detención terminaron en el sometimiento a tortura y agresión sexual. Ahora, se conoce que Al-Saegh sufrió un nuevo ataque, pero esta vez de forma silenciosa: fue objeto de espionaje a través de Pegasus, software creado por el Grupo NSO, empresa israelí.

Le sugerimos: Familia de Martin Luther King le pide al Senado que proteja el derecho al voto

“El hogar solía ser el único espacio seguro para mí, un lugar de libertad personal donde podía quitarme el velo y ejercer mis libertades religiosas y sociales sin límites”, dijo la líder bareiní en un comunicado compartido por Front Line Defenders (FLD), grupo de defensa de los derechos humanos. “El miedo ha restringido mi trabajo. Estoy constantemente ansiosa y temerosa de haber puesto a otros en riesgo debido a su contacto conmigo”, agregó Al-Saegh, cuyo celular, según afirmó el laboratorio Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, fue hackeado por lo menos unas ocho veces, entre agosto y noviembre de 2019, con el software del grupo israelí, cuando al trabajar para Salam para la Democracia y los Derechos Humanos estaba siendo acosada por las autoridades de su país, según reportaron FLD y Access Now, organización que vela por la protección de los derechos digitales.

Aunque Al-Saegh no fue físicamente retenida esta vez, la invasión a su celular, donde tiene información personal, como conversaciones y fotografías, y en donde se consagra toda su red de contactos, equivale a que las autoridades allanaran su casa. Así, al menos, lo advierte la Fundación Karisma, organización que trabaja en la protección y promoción de los derechos humanos y de la justicia social en el diseño y uso de las tecnologías digitales. Desde allí se comenta que, en regímenes autoritarios, donde las mujeres son discriminadas en razón del género, la violencia contra ellas también se puede manifestar en el mundo digital, lo que convierte a las mujeres líderes en un target.

Y es que Al-Saegh no ha sido la única que ha sido objeto de persecución en Baréin: la periodista Ghada Jamsheer, entre 2014 y 2016, fue llevada diez veces a juicio por difamación, hecho relacionado con la información publicada en su cuenta de Twitter acerca de un presunto caso de corrupción en el Hospital de la Universidad Rey Hamad, siendo condenada a diez meses de prisión, según informó Amnistía Internacional en ese entonces. Esto ocurre en un país en el que, según reporta la organización de derechos humanos, se registran juicios injustos de manifestantes y de personas que critican en internet al gobierno y a sus familiares, al tiempo que las mujeres son discriminadas en la legislación.

Sin embargo, las líderes defensoras de derechos humanos, como Al-Saegh y la jordana Hala Ahed Deeb, quien trabaja con organizaciones de derechos humanos y grupos feministas en su país, no son las únicas que han sido espiadas con el Pegasus. El diario salvadoreño El Faro también fue blanco de ello. Según un estudio llevado a cabo por Citizen Lab, en el que participó Access Now, los celulares de 22 miembros del medio de comunicación fueron intervenidos con Pegasus, incluyendo, en cerca de 17 meses de espionaje, al menos del 29 de junio de 2020 al 23 de noviembre de 2021, a jefaturas editoriales, periodistas, miembros de la junta directiva y al personal administrativo.

Le puede interesar: Del testeo a la vacuna obligatoria: las medidas laborales por ómicron en el mundo

“No nos ha sorprendido sabernos intervenidos, sino la cantidad, frecuencia y duración de estas intervenciones. Casi todo El Faro ha sido intervenido. Todo apunta, según los peritajes que hemos analizado, a que el responsable de estas intervenciones es el gobierno salvadoreño, que está utilizando el software para espiar y obtener ilegalmente información alojada en los teléfonos de periodistas”, afirmó Carlos Dada, director y fundador de El Faro. Y es que algunas de las fechas en las que se llevó a cabo el espionaje coinciden, por ejemplo, con la investigación acerca de la negociación entre el gobierno y las pandillas, la implementación del bitcóin como moneda de curso legal y la posesión de la Asamblea Legislativa, controlada por Nayib Bukele.

Desde AlSur, organización que busca fortalecer los derechos humanos en el entorno digital en América Latina y el Caribe, recordando el escándalo de Pegasus en México, donde fueron interceptados los celulares de 15.000 personas durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, Carolina Botero, directora de Fundación Karisma, aseguró: “Aunque en la región las actividades de vigilancia han sido reguladas para proteger la intimidad, con estándares internacionales, esto no ha sido actualizado para la era de internet. Los controles, en general, son políticos y muy vagos. Los judiciales o por organismos autónomos, como las entidades de protección de datos, no existen en la región. Hay que hablar de regulación y de los límites de esta actividad en la era de internet, incluyendo la discusión sobre la prohibición de herramientas como Pegasus”. Según ella, América Latina no ha discutido el tema y si bien a escala internacional se está debatiendo sobre el acceso ilimitado de los gobiernos a los datos personales en poder de las empresas, a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el alcance de Pegasus pone sobre la mesa la necesidad de una discusión de mayor alcance.

👀🌎📄 ¿Ya estás enterado de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.