Mali: las consecuencias de un acuerdo de paz incumplido

Hace dos años, Mali firmó un tratado de paz para parar la guerra entre las fuerzas rebeldes, concentradas en el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA), y el gobierno central. La crisis política y territorial se había desatado tras un golpe de Estado en el 2012, que el MLNA aprovechó para capturar las regiones del norte en conjunto con algunos grupos yihadistas. Sin embargo, la MLNA y los grupos yihadistas no prosperó y un proceso de negociación entre los rebeldes políticos y el gobierno comenzó. Sin embargo, los puntos principales del acuerdo de paz no se han cumplido y los grupos yihadistas han anunciado una unión para determinar su control en estas regiones.

Uno de los puntos que se ha convertido en la polémica central es la designación de gobernantes interinos en cinco regiones norteñas: Gao, Kidal, Menaka, Taudeni y Tombuctú. En el acuerdo de paz, los firmantes se comprometían a terminar la rebatiña militar y a proveer un poder transitorio para reconocer las necesidades de cada región y trabajar sobre ellas. Sin embargo, las designaciones políticas de tres de las regiones se realizaron sólo en los últimos días —aunque estaban presupuestadas para los tres meses posteriores a la firma del acuerdo— y en las restantes dos aún no se han hecho.

La inestabilidad política ha llevado a la inestabilidad territorial. Los enfrentamientos se han reactivado en algunas zonas. En Tombuctú, de acuerdo con el analista Christophe Châtelot en Le Monde, grupos que no tuvieron silla en los diálogos de paz presionan para tener su “parte de la torta” política. En las otras provincias existe un panorama similar: actores paralelos que no participaron en los diálogos acuden a su poder político y su influencia entre las tribus para trabar la designación de nuevos planes económicos y políticos. La organización de patrullas mixtas —es decir, compuestas por exrebeldes y personal del ejército oficial— sigue sin aplicarse, de acuerdo con un reporte de Naciones Unidas.

Las noticias se hunden en el pesimismo con los anuncios de las últimas semanas. Patrocinados por Al Qaeda, tres grupos yihadistas anunciaron que se fusionarían para “nacionalizar la yihad”. Para los expertos, con esta estrategia los tres grupos extremistas —Ansar Dine, Al Murabitún y la Brigada de Macin— buscan adaptarse a las nuevas luchas locales y reavivar su influencia en los pueblos capturados, mientras el gobierno central es criticado por su pasividad. Los yihadistas, tanto como las fuerzas rebeldes, están en contra de lo que ellos llaman una invasión occidental, liderada por las fuerzas francesas que están en el país desde 2013 y los más de 10.000 cascos azules de Naciones Unidas que cumplen con su misión militar. Para ellos, ambos actores evitan la aplicación de una ley islámica acorde con los decretos religiosos del Corán.

Las consecuencias de semejantes desacuerdos e invasiones territoriales son evidentes. En febrero, más de 60 soldados fueron asesinados en una acción yihadista en Gao. Los ataques se han extendido hacia el centro del país, que se suponía en control del gobierno oficial. Hace cinco días, doce soldados fueron asesinados en un atentado. Ocurrió muy cerca de la frontera con Burkina Faso.

Hace dos años, Mali firmó un tratado de paz para parar la guerra entre las fuerzas rebeldes, concentradas en el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA), y el gobierno central. La crisis política y territorial se había desatado tras un golpe de Estado en el 2012, que el MLNA aprovechó para capturar las regiones del norte en conjunto con algunos grupos yihadistas. Sin embargo, la MLNA y los grupos yihadistas no prosperó y un proceso de negociación entre los rebeldes políticos y el gobierno comenzó. Sin embargo, los puntos principales del acuerdo de paz no se han cumplido y los grupos yihadistas han anunciado una unión para determinar su control en estas regiones.

Uno de los puntos que se ha convertido en la polémica central es la designación de gobernantes interinos en cinco regiones norteñas: Gao, Kidal, Menaka, Taudeni y Tombuctú. En el acuerdo de paz, los firmantes se comprometían a terminar la rebatiña militar y a proveer un poder transitorio para reconocer las necesidades de cada región y trabajar sobre ellas. Sin embargo, las designaciones políticas de tres de las regiones se realizaron sólo en los últimos días —aunque estaban presupuestadas para los tres meses posteriores a la firma del acuerdo— y en las restantes dos aún no se han hecho.

La inestabilidad política ha llevado a la inestabilidad territorial. Los enfrentamientos se han reactivado en algunas zonas. En Tombuctú, de acuerdo con el analista Christophe Châtelot en Le Monde, grupos que no tuvieron silla en los diálogos de paz presionan para tener su “parte de la torta” política. En las otras provincias existe un panorama similar: actores paralelos que no participaron en los diálogos acuden a su poder político y su influencia entre las tribus para trabar la designación de nuevos planes económicos y políticos. La organización de patrullas mixtas —es decir, compuestas por exrebeldes y personal del ejército oficial— sigue sin aplicarse, de acuerdo con un reporte de Naciones Unidas.

Las noticias se hunden en el pesimismo con los anuncios de las últimas semanas. Patrocinados por Al Qaeda, tres grupos yihadistas anunciaron que se fusionarían para “nacionalizar la yihad”. Para los expertos, con esta estrategia los tres grupos extremistas —Ansar Dine, Al Murabitún y la Brigada de Macin— buscan adaptarse a las nuevas luchas locales y reavivar su influencia en los pueblos capturados, mientras el gobierno central es criticado por su pasividad. Los yihadistas, tanto como las fuerzas rebeldes, están en contra de lo que ellos llaman una invasión occidental, liderada por las fuerzas francesas que están en el país desde 2013 y los más de 10.000 cascos azules de Naciones Unidas que cumplen con su misión militar. Para ellos, ambos actores evitan la aplicación de una ley islámica acorde con los decretos religiosos del Corán.

Las consecuencias de semejantes desacuerdos e invasiones territoriales son evidentes. En febrero, más de 60 soldados fueron asesinados en una acción yihadista en Gao. Los ataques se han extendido hacia el centro del país, que se suponía en control del gobierno oficial. Hace cinco días, doce soldados fueron asesinados en un atentado. Ocurrió muy cerca de la frontera con Burkina Faso.