Manuel Merino: la presidencia más breve y trágica de Perú, bajo investigación
En cinco días que estuvo al frente del gobierno, Manuel Merino ignoró a los manifestantes, que fueron reprimidos por la policía dejando un saldo de dos muertos, además de varios heridos y detenidos. Hoy la Fiscalía le abrió investigación por los hechos.
La fiscalía peruana abrió este lunes una investigación preliminar contra el renunciado presidente Manuel Merino, el número dos de su fugaz gobierno y su ministro del Interior por sus presuntas responsabilidades en las muertes de dos manifestantes, informó la fiscal nacional, Zoraida Ávalos.
Esta investigación preliminar por “abuso de autoridad y homicidio doloso” va dirigida contra Merino, su jefe de gabinete, Ántero Flores Aráoz, y su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, por la muerte de dos manifestantes el sábado aparentemente por perdigones disparados por la policía, dijo Ávalos, quien prometió que estos hechos “no quedarán impunes”.
Ver más: Así renunciaba este domingo a la presidencia Manuel Merino
La causa, abierta un día después de la renuncia de Merino, también puede abarcar a otros presuntos responsables y no solo por las muertes de Inti Sotelo (24 años) y Jack Pintado (22), sino también por las “lesiones graves” de decenas de otros manifestantes, dijo la fiscal.
Precisó que la investigación también abarca posibles casos de “desaparición forzada”, porque hay nueve manifestantes cuyo destino se desconoce desde el sábado. Inicialmente eran más de 40, pero los restantes aparecieron el domingo.
Perú se encuentra este lunes en la incertidumbre sin presidente ni jefe del Congreso, mientras el Tribunal Constitucional se apresta a dictar un tardío fallo sobre un recurso del destituido presidente Martín Vizcarra que puede generar nuevas controversias.
El Congreso peruano tiene previsto sesionar la tarde de este lunes para tratar de escoger a un nuevo mandatario que reemplace a Merino, una semana después de destituir a Vizcarra por “incapacidad moral” y desatar la peor crisis política en dos décadas en el país.
La denuncia “por graves violaciones a los derechos humanos” fue presentada ante la fiscal general de Perú, después de que dos jóvenes murieran y decenas de personas fueran heridas durante las protestas que tuvieron lugar la última semana en Lima contra el gobierno de Merino.
En el documento, presentado por ocho organizaciones de derechos humanos, se incluye al director general de la Policía Nacional, Orlando Velasco, y al jefe de la región policial Lima, Jorge Cayas, ya que la policía reprimió duramente las multitudinarias protestas que comenzaron el pasado miércoles en Lima.
Ver más: Perú se queda sin otro presidente, ¿y ahora qué sigue?
La denuncia indica que, además de la represión a los manifestantes, los agentes antidisturbios también atacaron a los miembros de la prensa con impactos directos al cuerpo de bombas lacrimógenas y perdigones.
La durísima represión lanzada por la policía fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió “investigar inmediatamente los hechos y establecer responsabilidades”.
Ver más: Congreso de Perú alarga la incertidumbre al no elegir presidente
La fiscalía peruana abrió este lunes una investigación preliminar contra el renunciado presidente Manuel Merino, el número dos de su fugaz gobierno y su ministro del Interior por sus presuntas responsabilidades en las muertes de dos manifestantes, informó la fiscal nacional, Zoraida Ávalos.
Esta investigación preliminar por “abuso de autoridad y homicidio doloso” va dirigida contra Merino, su jefe de gabinete, Ántero Flores Aráoz, y su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, por la muerte de dos manifestantes el sábado aparentemente por perdigones disparados por la policía, dijo Ávalos, quien prometió que estos hechos “no quedarán impunes”.
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La causa, abierta un día después de la renuncia de Merino, también puede abarcar a otros presuntos responsables y no solo por las muertes de Inti Sotelo (24 años) y Jack Pintado (22), sino también por las “lesiones graves” de decenas de otros manifestantes, dijo la fiscal.
Precisó que la investigación también abarca posibles casos de “desaparición forzada”, porque hay nueve manifestantes cuyo destino se desconoce desde el sábado. Inicialmente eran más de 40, pero los restantes aparecieron el domingo.
Perú se encuentra este lunes en la incertidumbre sin presidente ni jefe del Congreso, mientras el Tribunal Constitucional se apresta a dictar un tardío fallo sobre un recurso del destituido presidente Martín Vizcarra que puede generar nuevas controversias.
El Congreso peruano tiene previsto sesionar la tarde de este lunes para tratar de escoger a un nuevo mandatario que reemplace a Merino, una semana después de destituir a Vizcarra por “incapacidad moral” y desatar la peor crisis política en dos décadas en el país.
La denuncia “por graves violaciones a los derechos humanos” fue presentada ante la fiscal general de Perú, después de que dos jóvenes murieran y decenas de personas fueran heridas durante las protestas que tuvieron lugar la última semana en Lima contra el gobierno de Merino.
En el documento, presentado por ocho organizaciones de derechos humanos, se incluye al director general de la Policía Nacional, Orlando Velasco, y al jefe de la región policial Lima, Jorge Cayas, ya que la policía reprimió duramente las multitudinarias protestas que comenzaron el pasado miércoles en Lima.
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La denuncia indica que, además de la represión a los manifestantes, los agentes antidisturbios también atacaron a los miembros de la prensa con impactos directos al cuerpo de bombas lacrimógenas y perdigones.
La durísima represión lanzada por la policía fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió “investigar inmediatamente los hechos y establecer responsabilidades”.
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