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La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, visitará la próxima semana la región china de Xinjiang, donde se encuentran las ciudades de Kashgar y Ürümqi, en medio de las críticas de políticos y ONGs. Algunas organizaciones de derechos humanos han denunciado que cerca de un millón de personas han sido forzadas hacia campos de internamiento y prisiones en la región, además de que Estados Unidos, junto a otros países, ha catalogado de genocidio el trato que la administración de Xi Jinping le ha dado a la minoría uigur, que vive en dicha zona. Incluso, se ha llegado a hablar de que el viaje de la funcionaria puede convertirse en una “operación de relaciones públicas” para el Gobierno chino.
Este viaje de Bachelet será la primera visita a China de un jefe de derechos humanos desde 2005 y coincide con el reclamo que las ONGs le han hecho al órgano de la ONU con respecto a la publicación del informe sobre Xinjiang, redactado por la Oficina de la Alta Comisionada, en consulta con expertos, y que el organismo de la ONU indicó a finales del año pasado que ya había concluido. Se esperaba que el documento se hiciera público antes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, que tomaron lugar en febrero pasado, a pesar del boicot diplomático instaurado por los reclamos de supuestas violaciones de derechos humanos contra los uigures, pero hasta hoy no se conoce qué dice la investigación.
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En un informe de la Alianza Interparlamentaria sobre China, al cual tuvo acceso The Guardian, se lee que “la escala y la gravedad de la persecución de los uigures y otras minorías está excepcionalmente bien documentada. De hecho, la propia alta comisionada ha preparado un informe sobre la situación que permanece inédito, a pesar de las garantías de diciembre de 2021 de que se publicaría ‘dentro de unas pocas semanas’. Si la alta comisionada no logra obtener el acceso necesario para una investigación significativa, la credibilidad de la oficina podría sufrir daños duraderos y la capacidad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para asegurar futuras investigaciones significativas podría verse comprometida”.
Los grupos de derechos humanos advirtieron que los términos de la visita de Bachelet no se han revelado y expresaron su preocupación de que las autoridades chinas, que siempre han dicho que solo están interesadas en una “visita amistosa”, puedan manipular el viaje. Esto, teniendo de contexto que el Gobierno chino ha negado los presuntos abusos cometidos contra los uigures, cuestionando los alegatos vinculados a trabajos forzados, esterilización forzada y la detención arbitraria de al menos un millón de musulmanes uigures.
“No es creíble que el Gobierno chino vaya a permitir a la alta comisionada ver nada que no quieran que vea, o dejar que los defensores de los derechos humanos, las víctimas y sus familias hablen con ella de modo seguro, sin supervisión y sin miedo a represalias”, dijo la directora para China de Human Rights Watch, Sophie Richardson, al diario El País. “El legado de Bachelet como alta comisionada se medirá por su disposición a hacer rendir cuentas a un Estado poderoso por los crímenes contra la humanidad perpetrados durante su mandato”, agregó.
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