'Necesitamos saber la verdad'

Luis Raúl González Pérez es el recién elegido presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH). Asume el cargo cuando el país atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos y enfrenta masivas protestas que exigen justicia y hasta la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. El nuevo ombudsman (defensor del Pueblo) tiene, en su amplia agenda de compromisos con la sociedad, el reto de llegar a la verdad sobre lo sucedido en Iguala, donde el 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes.

¿Qué situación de DD.HH. encuentra a su llegada a la CNDH?

Asumo en medio de la situación extraordinaria que atravesamos en el país. Una situación que nos ha lastimado como mexicanos y que ha detonado una protesta, una indignación social grande, por un evento tan lamentable como la desaparición de 43 estudiantes cuyo paradero aún no se conoce. Esto precisamente ha motivado que a nivel nacional e internacional se exija conocer la verdad de lo que sucedió. Lamentablemente atravesamos crisis en ciertas partes del país en el tema de violaciones a los DD.HH. y el ombudsman tiene que buscar retomar el camino de fortalecimiento del Estado de derecho.

¿Cuál será su papel respecto al caso de Iguala y las fosas que se han hallado últimamente?

Lo que detonó la situación de Iguala fue precisamente darnos cuenta de que hay otras tantas personas que se encuentran en condición de desaparecidas. Las fosas encontradas nos muestran lo lacerante de este tema que está afectando a México. Lo que tiene que hacer el ombudsman son las indagaciones sobre cuáles fueron las omisiones y las acciones de servidores públicos que participaron en contubernio, como sabemos en el caso de Iguala, con el crimen organizado.

¿En qué va el caso de Iguala? ¿Qué ha hecho la justicia?

Llevo nueve días de haber asumido el cargo. He platicado ya con las personas y los servidores de la CNDH que llevan el caso. Ellos han investigado casi desde que comenzó a conocerse el suceso. Hacemos una evaluación del mismo que vamos a dar a conocer pronto.

Vemos mucha presión social y un notable crecimiento de las protestas que exigen justicia muy pronto.

Ese es el compromiso de todos, incluyendo el ombudsman. Hay muchos ya procesados, tanto policías del municipio de Iguala que participaron en los hechos, como miembros del crimen organizado, y también el propio alcalde y su esposa, por estos hechos. Se está avanzado en la aplicación de justicia, pero necesitamos dar el paso para que podamos saber la verdad de lo acontecido allí y que estos hechos no se vuelvan a repetir.

¿Cuál son las medidas más urgentes que va a tomar para acelerar el proceso?

El ombudsman debe ser oportuno. Sus investigaciones no deben ser burocráticas. Debemos estar muy cerca de las víctimas. Que las víctimas estén permanentemente informadas.

Iguala es uno de los temas más mediáticos, pero hay otras violaciones a DD.HH. en México que deben a hacer parte de su agenda.

La agenda de DD.HH. es muy amplia. Los temas más sensibles ahora incluyen la tortura, las violaciones a los derechos de los migrantes, la trata de personas, la trata de mujeres, menores, indígenas. También los periodistas que ven afectado el ejercicio de su profesión, en parte por la violencia narco. Otro asunto relevante es la protección para los defensores civiles, que se ven expuestos por defender la dignidad de las personas. La agenda es muy variada y muy amplia, y de ese tamaño es el reto del ombudsman.

Algunos dicen que México enfrenta hoy una de las peores crisis de DD.HH. de su historia. ¿Qué opina?

En ciertas partes del país es así: estamos atravesando esta circunstancia. Allí es donde vamos a incidir.

¿Cómo funciona la CNDH?

Es una institución autónoma del Estado. Eso se traduce en que somos independientes de los poderes públicos, de los gobiernos, de los partidos, de las organizaciones, sin que esto signifique que estemos en confrontación con ellos. Buscamos hacerles entender que el servidor público que se desvíe de su tarea será sancionado y se reparará de manera integral a la víctima. Por otro lado, la presidencia es un período de cinco años, con una posible reelección de otros cinco. Yo públicamente anuncié que haría una propuesta para que se elimine la reelección y que no deseo participar en ese proceso. Hay que despolitizar la figura del ombudsman. Por ahora se vienen cinco años de trabajo intenso.

dsalgar@elespectador.com

@DanielSalgar1

Luis Raúl González Pérez es el recién elegido presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH). Asume el cargo cuando el país atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos y enfrenta masivas protestas que exigen justicia y hasta la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. El nuevo ombudsman (defensor del Pueblo) tiene, en su amplia agenda de compromisos con la sociedad, el reto de llegar a la verdad sobre lo sucedido en Iguala, donde el 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes.

¿Qué situación de DD.HH. encuentra a su llegada a la CNDH?

Asumo en medio de la situación extraordinaria que atravesamos en el país. Una situación que nos ha lastimado como mexicanos y que ha detonado una protesta, una indignación social grande, por un evento tan lamentable como la desaparición de 43 estudiantes cuyo paradero aún no se conoce. Esto precisamente ha motivado que a nivel nacional e internacional se exija conocer la verdad de lo que sucedió. Lamentablemente atravesamos crisis en ciertas partes del país en el tema de violaciones a los DD.HH. y el ombudsman tiene que buscar retomar el camino de fortalecimiento del Estado de derecho.

¿Cuál será su papel respecto al caso de Iguala y las fosas que se han hallado últimamente?

Lo que detonó la situación de Iguala fue precisamente darnos cuenta de que hay otras tantas personas que se encuentran en condición de desaparecidas. Las fosas encontradas nos muestran lo lacerante de este tema que está afectando a México. Lo que tiene que hacer el ombudsman son las indagaciones sobre cuáles fueron las omisiones y las acciones de servidores públicos que participaron en contubernio, como sabemos en el caso de Iguala, con el crimen organizado.

¿En qué va el caso de Iguala? ¿Qué ha hecho la justicia?

Llevo nueve días de haber asumido el cargo. He platicado ya con las personas y los servidores de la CNDH que llevan el caso. Ellos han investigado casi desde que comenzó a conocerse el suceso. Hacemos una evaluación del mismo que vamos a dar a conocer pronto.

Vemos mucha presión social y un notable crecimiento de las protestas que exigen justicia muy pronto.

Ese es el compromiso de todos, incluyendo el ombudsman. Hay muchos ya procesados, tanto policías del municipio de Iguala que participaron en los hechos, como miembros del crimen organizado, y también el propio alcalde y su esposa, por estos hechos. Se está avanzado en la aplicación de justicia, pero necesitamos dar el paso para que podamos saber la verdad de lo acontecido allí y que estos hechos no se vuelvan a repetir.

¿Cuál son las medidas más urgentes que va a tomar para acelerar el proceso?

El ombudsman debe ser oportuno. Sus investigaciones no deben ser burocráticas. Debemos estar muy cerca de las víctimas. Que las víctimas estén permanentemente informadas.

Iguala es uno de los temas más mediáticos, pero hay otras violaciones a DD.HH. en México que deben a hacer parte de su agenda.

La agenda de DD.HH. es muy amplia. Los temas más sensibles ahora incluyen la tortura, las violaciones a los derechos de los migrantes, la trata de personas, la trata de mujeres, menores, indígenas. También los periodistas que ven afectado el ejercicio de su profesión, en parte por la violencia narco. Otro asunto relevante es la protección para los defensores civiles, que se ven expuestos por defender la dignidad de las personas. La agenda es muy variada y muy amplia, y de ese tamaño es el reto del ombudsman.

Algunos dicen que México enfrenta hoy una de las peores crisis de DD.HH. de su historia. ¿Qué opina?

En ciertas partes del país es así: estamos atravesando esta circunstancia. Allí es donde vamos a incidir.

¿Cómo funciona la CNDH?

Es una institución autónoma del Estado. Eso se traduce en que somos independientes de los poderes públicos, de los gobiernos, de los partidos, de las organizaciones, sin que esto signifique que estemos en confrontación con ellos. Buscamos hacerles entender que el servidor público que se desvíe de su tarea será sancionado y se reparará de manera integral a la víctima. Por otro lado, la presidencia es un período de cinco años, con una posible reelección de otros cinco. Yo públicamente anuncié que haría una propuesta para que se elimine la reelección y que no deseo participar en ese proceso. Hay que despolitizar la figura del ombudsman. Por ahora se vienen cinco años de trabajo intenso.

dsalgar@elespectador.com

@DanielSalgar1