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La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra Mohammed Deif, un alto cargo de Hamás considerado jefe de su ala militar y que el gobierno con sede en Jerusalén da por muerto.
La Fiscalía de la CPI también había pedido órdenes de arresto contra Yahya Sinwar (jefe de Hamás) e Ismail Haniyeh (jefe del buró político de Hamás), pero ambos fueron eliminados por Israel.
La CPI considera a Netanyahu y Gallant como los máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado, un día después de que Hamás lanzara un mortal ataque contra el sur de Israel que cobró la vida de unas 1.200 personas.
¿De qué delitos acusan a Netanyahu y Gallant?
La sala competente de la CPI encontró apropiado emitir las órdenes de arresto “de conformidad con el derecho de los conflictos armados internacionales” en lo que respecta a crímenes de guerra, como la utilización del hambre como arma de guerra.
“La Sala también encontró que los presuntos crímenes contra la humanidad eran parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza”, advirtió el tribunal.
Específicamente, señalan que “hay motivos razonables para creer que ambos individuos [Netanyahu y Gallant] privaron intencionalmente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad, desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024″.
Lo anterior “se basa en el papel del Sr. Netanyahu y el Sr. Gallant al obstaculizar la ayuda humanitaria en violación del derecho internacional humanitario y su incapacidad para facilitar la ayuda por todos los medios a su disposición”.
Entre otras consideraciones, la sala competente indica “que existen motivos razonables para creer que el Sr. Netanyahu y el Sr. Gallant tienen responsabilidad penal como superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra la población civil de Gaza”.
Añade que el material proporcionado por la Fiscalía “solo le permitía llegar a conclusiones sobre dos incidentes que calificaban como ataques dirigidos intencionalmente contra civiles. Existen motivos razonables para creer que el Sr. Netanyahu y el Sr. Gallant, a pesar de tener medidas a su disposición para prevenir o reprimir la comisión de crímenes o garantizar la presentación del asunto a las autoridades competentes, no lo hicieron”.
¿De qué acusan a Hamás?
Según la CPI, los integrantes de Hamás bajo el mando de Deif, aquel 7 de octubre, “llevaron a cabo matanzas en masa en las comunidades de Kfar Aza, Holit, Nir Oz, Be’eri y Nahal Oz y sus alrededores, así como en el festival Supernova. Los atacantes, por ejemplo, dispararon contra personas que buscaban refugio y les lanzaron granadas. Los combatientes de Hamás siguieron patrones similares en otros lugares y mataron a más personas. Esos asesinatos se califican como crimen de lesa humanidad y crimen de guerra de asesinato”.
Menciona, además, el secuestro de los rehenes. Israel lanzó su ofensiva contra Gaza, en parte, para lograr la liberación o el rescate de los 250 rehenes que fueron llevados al enclave, de los cuales se calcula que unos 100 siguen cautivos, sin que haya certeza de cuántos siguen vivos.
“La Sala concluyó además que, mientras estuvieron cautivos en Gaza, algunos rehenes, predominantemente mujeres, fueron sometidos a violencia sexual y de género, incluida la penetración forzada, la desnudez forzada y el trato humillante y degradante. Sobre la base del material presentado, la Sala encontró motivos razonables para creer que los delitos de tortura como crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, violación y otras formas de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, tratos crueles como crimen de guerra y atentados contra la dignidad personal como crimen de guerra se cometieron contra esas personas durante el período pertinente”, precisa.
“El Sr. Deif, en su calidad de comandante de las Brigadas Al-Qassam y por sus acciones antes, durante y después de la Operación 7 de octubre, es responsable de la comisión de estos crímenes. Además, la Sala consideró que el Sr. Deif ordenó o indujo los crímenes o es responsable, como comandante militar, de la conducta criminal de sus subordinados”, concluye.
¿Tiene competencia?
Primero, hay que recordar que la Corte nació de una Conferencia de Naciones Unidas que se celebró en Roma, Italia, en junio de 1998.
Se constituyó por medio del llamado Estatuto de Roma, que ha sido ratificado por 124 países, entre los que no están Estados Unidos e Israel, por ejemplo.
Consulte la lista completa de países parte aquí.
Pese a eso, los jueces de la Corte estiman que el derecho internacional humanitario aplica en el conflicto armado internacional entre Israel y Palestina “porque son dos Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra de 1949 y porque Israel ocupa al menos partes de Palestina”.
¿Netanyahu será arrestado?
Como en casos similares, el efecto más inmediato que podría tener esta decisión es la obligación que tendrían los Estados que forman parte del Estatuto de Roma de cumplir con la orden de captura en caso de que Netanyahu pise alguno de esos territorios.
Hay que aclarar, además, que la CPI, por ejemplo, no tiene ningún cuerpo o fuerza que pudiera llevar a cabo esa acción, por lo que corresponde a cada país.
Es decir, Netanyahu y Gallant podrían restringir su movilidad ante la posibilidad de que un país que haya ratificado el Estatuto de Roma lo detenga.
¿Qué ha pasado en otros casos?
Hay que recordar que no se trata del primer líder de un país cuya captura es pedida por el tribunal. Uno de los casos más recientes es el de Vladimir Putin, quien es solicitado por el tribunal por la “deportación ilegal” de niños ucranianos hacia territorio controlado por el Kremlin.
Hasta el momento, Putin ha evitado algunos viajes como consecuencia de la orden de arresto en su contra. Por ejemplo, se perdió de la más reciente cumbre del G20 en Brasil por esa razón.
“Entendemos perfectamente que, incluso excluyendo el factor CPI, toda la discusión solo tratará sobre eso. Y eso perturbaría el trabajo del G20. ¿Para qué? Somos adultos”, declaró en un encuentro con periodistas extranjeros.
Otro de los casos notables fue el de Muhamar el Gadafi, dictador que gobernó Libia desde 1969 hasta 2011, año en que las fuertes rebeliones en contra de su régimen ocasionaron que terminara huyendo hacia Sirtre.
En junio de ese mismo año la CPI emitió una orden de captura en su contra, así como contra su hijo Saif al Islam y su cuñado Abdullah Senussi, jefe de seguridad del Estado. Según el organismo, Gadafi y su régimen controlaba “el aparato estatal y a las fuerzas armadas que atacaron a la población durante las revueltas”.
No llegó a ser juzgado, pues rebeldes lo encontraron y ejecutaron antes de que fuera trasladado a La Haya.
Omar Hasán Ahmad al Bashir, expresidente de Sudán, acusado de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Darfur, también recibió una orden de captura y terminó siendo procesado en su país.
Al Bashir fue acusado por la CPI en 2008 por crímenes de lesa humanidad en Darfur, la región de Sudán más afectada al término de su segunda guerra civil.
Bajo el gobierno de Al Bashir se desató una serie de revueltas contra las fuerzas militares y ataques entre guerrillas que terminaron con miles de personas muertas y más de dos millones y medio de refugiados, según el Washington Post.
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