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La ONU firmó un histórico acuerdo para proteger la altamar: ¿para qué servirá?

Aunque el tratado está lejos de lo que muchos científicos deseaban, se da un paso correcto para la conservación y uso sostenible de la naturaleza marina.

05 de marzo de 2023 - 06:48 p. m.
Un nuevo acuerdo de la ONU busca proteger y regular el uso de las áreas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales.
Un nuevo acuerdo de la ONU busca proteger y regular el uso de las áreas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales.
Foto: AFP - Agencia AFP
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Tras años de discusiones, finalmente ha sido aprobado el tratado de conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de áreas bajo jurisdicción nacional -espacio que ocupa más del 60 % del océano-, por el que se regularán por primera vez una serie de aspectos a nivel mundial para frenar su declive.

En esas áreas, que hasta ahora no estaban sujetas a ninguna regulación, cualquier país podía hacer lo que quisiera, pero a partir de ahora eso cambiará en algunos aspectos. Las claves del acuerdo son las siguientes:

¿Cuál es el origen?

Se trata de un acuerdo que nace después de 17 largos años de negociaciones de los países de Naciones Unidas. El acuerdo permitirá poner en marcha áreas marinas protegidas en aguas internacionales y proteger la biodiversidad marina, cumpliendo el objetivo de protección de al menos el 30 % del océano para el año 2030, que es el mínimo, según recuerdan los científicos en Science Media Centre (SMC) España, para revertir la dramática pérdida de biodiversidad marina.

¿Qué pretende regular este histórico acuerdo?

El tratado se divide en cuatro secciones principales y crea, por primera vez, mecanismos para la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales a modo de santuarios oceánicos.

Entre otros aspectos, se regularán los recursos genéticos marinos, que cada vez tienen una mayor importancia respecto a avances en medicina, alimentación, etc. Asimismo, la gestión y protección de áreas marinas necesarias para alcanzar el objetivo de protección del 30 % del océano para 2030 y contribuir a conservar la biodiversidad y detener su pérdida, así como luchar contra la crisis climática.

También, la realización de evaluaciones de impacto ambiental, necesarias para multitud de actividades crecientes, como la instalación de energías renovables, explotaciones mineras o instalación de cables submarinos. Además, la creación y transferencia de tecnologías marinas.

Se promoverá además la cooperación entre países para la protección de los océanos; según ilustra Ángel Borja, investigador principal de gestión ambiental de Mares y Costas del centro tecnológico AZTI, la idea es “llegar a conocer nuestros mares como conocemos, por ejemplo, la Luna”.

¿Cuáles son los objetivos?

El Tratado persigue proteger y regular el uso de las áreas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales, que representan más del 60 % de los océanos, lo que equivale a casi la mitad del planeta.

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¿Cuáles han sido los aspectos más controvertidos?

El tema de los recursos genéticos marinos y cómo repartir esos beneficios ha sido uno de los principales escollos en estas largas negociaciones. También han recibido especial atención los mecanismos para la realización de evaluaciones ambientales con el fin de realizar un uso sostenible de los recursos de las áreas de altamar, fuera de la jurisdicción nacional de los países. Otras cuestiones sobre soberanía nacional y modalidades de votación también han sido puntos debatidos hasta el final.

¿Cuál será el próximo paso?

Una vez firmado el texto, dará comienzo el complicado proceso de ratificación e implementación. Frente a los criterios establecidos estarán las flotas industriales de varios países, incluyendo la española, “que han disfrutado de varias décadas sin límites al impacto ambiental en aguas internacionales”.

Así lo advierte Guillermo Ortuño, codirector del Grupo de Especialistas en Alta Mar de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), quien ha explicado que las negociaciones “más feroces” han sido las de la redistribución de beneficios del patrimonio genético internacional del cual “unos cuantos países se han visto beneficiados hasta ahora”.

A este respecto, el oceanógrafo Carlos Duarte ha explicado que “es en la distribución de los beneficios económicos derivados de los recursos genéticos del océano, en donde el tratado parece contener vaguedades, como qué se explotará con criterios de equidad, sin articular un mecanismo para conseguirlo”.

Hace una década, “publicamos una investigación que mostraba que diez naciones se apropiaban del 97 % de los recursos genéticos del océano, de donde una empresa, BASF, era propietaria del 70 % de las patentes”.

“En nuestro trabajo ya apuntábamos a un mecanismo para compartir recursos, que tiene que ver más con compartir y construir capacidad que con compensaciones monetarias. Esto tendrá que esperar, quizás una década más”, lamenta el biólogo marino.

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¿Qué opinan en general los científicos sobre el acuerdo?

A pesar de que el tratado está lejos de lo que muchos científicos y la sociedad civil hubieran deseado, se da un paso en la dirección correcta para la conservación y uso sostenible de la naturaleza marina, según los investigadores.

A juicio de Carmen Morales, investigadora de excelencia de ecología del Instituto Universitario de Investigación Marina de la Universidad de Cádiz, el acuerdo “es un gran paso” frente a la degradación del hábitat, la explotación insostenible de recursos, la contaminación, las especies invasoras o la emergencia climática.

Para Ángel Borja, del centro tecnológico AZTI, se trata a todas luces de un texto histórico; “La mejor cara de Naciones Unidas”, ha añadido al respecto Carlos García-Soto, investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), presidente del Centro Europeo para la Información en Ciencia y Tecnología Marina (EurOcean) y coordinador del Informe Oceánico Mundial (2021-2022, Naciones Unidas).

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