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El primer contacto que tuvieron los indígenas Nahua con la civilización en 1984, fue traumático: más de la mitad murió luego de contagiarse con enfermedades para las que no estaban preparados. La pista que los dejó al descubierto fue el gas que abunda en su territorio: ese año la multinacional Shell los encontró, buscando nuevos pozos petroleros. Hoy, 30 años después, de acuerdo con un comunicado de Naciones Unidas, una nueva amenaza ronda a este pueblo, que permanece aislado en las selvas de la Amanonia peruana.
Se trata de los planes de expansión del megaproyecto de extracción de gas, adelantado por el consorcio Camisea desde 2004, en una zona aledaña a la reserva indígena Nahua-Kupakagori en las regiones de Cusco y Ucayali al sudeste del país. Precisamente la posible expansión, que ya habría recibido el visto bueno del Gobierno, entraría en los terrenos del pueblo Nahua y se convertiría en un grave riesgo para su supervivencia. Esa es la advertencia que le hizo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, al Gobierno peruano en una carta enviada recientemente.
En el comunicado, Naciones Unidas pide "la suspención inmediata de las actividades de extracción previstas en la reserva que puedan amenazar la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas e impedir el goce del completo bienestar de sus derechos económicos, sociales y culturales". La expansión implica inicialmente 18 nuevos sitios de perforación y varias exploraciones sísmicas.
Pero para el Gobierno el tema no es tan sencillo. Entre sus planes, contempla brindarle a los peruanos gas doméstico a precios bajos y la fuente no es otra que Camisea, operada en este momento por la empresa argentina Pluspetrol. De ahí la importancia de la ampliación.
Por otro lado, actualmente los indígenas viven dentro de la reserva Nahua-Kupakagori, de más de 400 mil hectáreas, que fue creada en 1990 para proteger los grupos étnicos en aislamiento voluntario. Sin embargo, sólo hasta 2003, se aprobó un Decreto Supremo que prohibía la expansión de cualquier proyecto en este territorio. Esta diferencia, le daría luz verde a la iniciativa según el Ministerio de Cultura, debido a que, el lote en el que se realizaría la ampliación, habría sido concesionado en el año 2000, antes de que se aprobara el Decreto y la prohibición sólo aplicaría para los nuevos proyectos.
Pero el tema es tan delicado que a principios de marzo pasado, 58 organizaciones internacionales ambientalistas y defensoras de derechos humanos de países como Francia y Noruega, firmaron otra carta dirigida al presidente Ollanta Humala, pidiéndole que frenara los planes de expansión del proyecto.
Meses atrás, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que reúne a 67 grupos indígenas, también había manifestado su rechazo. A esta hora, la Asociación trabaja en una demanda legal en contra del Estado por la violación de los derechos de los pueblos en aislamiento.
Pero por lo menos por ahora, el presidente Ollanta Humala no se ha manifestado frente a la petición de la ONU y el futuro de esta comunidad sigue siendo incierto.