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El turno le toca a Bogotá. Se espera que en horas de la tarde, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, aterrice en Colombia después de haber pasado por México, Argentina, Perú, y antes de cerrar en Jamaica su primera gira diplomática por la región.
Los puntos básicos de su agenda se han mantenido invariables en cada una de sus paradas: hay una reunión con el presidente, se evalúa “la relación bilateral y la agenda regional” con el país de turno y se discute sobre temas relacionados con las luchas contra el terrorismo y el narcotráfico. En Colombia, eso hace pensar que el crecimiento de las hectáreas de cultivos ilícitos puede ser un tema obligatorio, y más cuando el viernes pasado el presidente Donald Trump amenazó con cortar la ayuda financiera a los países que no eviten la entrada de drogas a EE. UU.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD), en 2016 los cultivos ilícitos en el país crecieron un 52 %, un regreso a las cifras que existían en 2001, una situación que en 2017 ya había merecido un memorando del gobierno estadounidense que, según el documento, consideraba “seriamente denominar a Colombia como un país que ha fracasado demostrablemente en cumplir sus obligaciones en virtud de acuerdos internacionales contra el narcotráfico”. Una amenaza que llevaría al país a la misma lista negra en la que en el momento están Bolivia y Venezuela.
El tema ya se trató en la visita del vicepresidente Mike Pence, en agosto del año pasado. En esa ocasión, el presidente Juan Manuel Santos subrayó la ayuda estadounidense para la erradicación de cultivos ilícitos y se ratificó en su compromiso de seguir reduciendo los cultivos: “Es una tarea titánica, pero la vamos a cumplir”, dijo.
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Independientemente de qué tanto se haya avanzado en esa tarea, para Lisa Haugaard, directora ejecutiva del Latin America Working Group, la atención de Estados Unidos en su relación con Colombia debe ir más allá de la erradicación de cultivos: “Si hay una énfasis excesivo en la lucha contra las drogas, mediante el uso de métodos que ya han fallado, no sólo se desperdiciaría una oportunidad excepcional para ayudar a ponerle fin al conflicto, sino que también se le haría un daño a la política antidrogas. Colombia debe invertir en sus regiones afectadas por la guerra y trabajar con sus campesinos para desarrollar medios legales y sostenibles de sustento”.
En busca de consenso sobre Venezuela
El país bolivariano también es otra de las preocupaciones estadounidenses a las que Tillerson podría llegar a referirse en su paso por Colombia. Ya lo hizo en Argentina, donde el secretario de Estado advirtió que, de no adelantarse elecciones presidenciales “libres, justas y verificables”, su país podría aplicar nuevas sanciones petroleras contra el régimen de Nicolás Maduro.
Según lo dio a conocer Tillerson, tanto Estados Unidos como Argentina analizan la posibilidad de prohibir la venta de petróleo venezolano o limitar la cantidad de exportaciones que vienen desde Venezuela. En el anuncio, el secretario de Estado hizo énfasis en que cualquier determinación en ese sentido debía ser precedida por un análisis que determinara los efectos, tanto en la vida de los venezolanos de a pie, como en el resto de países de la región, una muestra de que desde EE. UU. son conscientes de que la crisis ya ha trascendido las fronteras del vecino país y les ha significado a países como Colombia retos específicos frente al manejo del flujo migratorio.
Desde Caracas, Nicolás Maduro respondió con la misma retórica de siempre: “Estamos preparados, Venezuela. Trabajadores de la industria petrolera, nos amenaza el imperialismo, estamos preparados para ser libres y nada ni nadie nos va a detener”.
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A pesar de las palabras del mandatario venezolano, un nuevo embargo petrolero entraría a sumarse a las sanciones financieras con las que la Casa Blanca prohibió el año pasado negociar con bonos de endeudamiento emitidos por la petrolera estatal, PDVSA. La mezcla entre un posible embargo petrolero y las sanciones financieras que ya están en pie formarían un coctel difícil de digerir para el régimen de Maduro, que cada día tiene menos opciones para salir de la crisis económica.
“Con nuestros aliados planeamos continuar presionando al corrupto régimen de Maduro para que regrese al orden democrático”, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado en una sesión informativa sobre la gira, lo que hace pensar que, a su paso por Colombia, Tillerson también podría anunciar acciones conjuntas, como ocurrió a en su estadía en Argentina. “Tillerson tratará de coordinar esfuerzos con la región con miras a que se impongan sanciones como las de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. La idea de Washington es cerrar más el cerco sobre Venezuela”, le explicó a la AFP el analista del Cato Institute Juan Carlos Hidalgo.
Un indicador a corto plazo del éxito de Tillerson en este punto será si Perú, anfitrión de la próxima cumbre de las Américas, decide no invitar a Maduro a la reunión que se realizará el próximo mes de junio.
Hace unos días, durante su visita a México, Tillerson habló sobre los esfuerzos compartidos para enfrentar el crimen organizado. Mientras tanto, el presidente Trump, usaba un tono más mordaz en una reunión con guardias fronterizos en Virginia: “¿Qué hacen México y Colombia y los demás países? Nada ¿De verdad piensan que lo intentan? Inundan de drogas a nuestro país y se ríen de nosotros”.
Las declaraciones contradictorias han hecho que los funcionarios del departamento de Estado que no critican directamente al presidente, subrayen que el discurso positivo de Tillerson refleja la política exterior de Estados Unidos: “Personas diferentes hablan de manera diferente, pero la política no ha cambiado”, dijo el subsecretario de Estado Steve Goldstein.