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El 15 de marzo, Perú fue el primer país de Latinoamérica en decretar una cuarentena general y obligatoria y en cerrar todas sus fronteras cuando apenas había confirmados 71 casos y ninguna muerte. Luego sumó toques de queda nocturnos y ahora solo permitirá a hombres salir a comprar unos días y a mujeres en otros.
El confinamiento vino acompañado al mismo tiempo de ayudas económicas para los más desfavorecidos, como una subvención para las familias más pobres y para los trabajadores autónomos, otra subvención a empresas para el pago de salarios, congelación de deudas crediticias y retiro de fondos privados de pensiones.
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Las políticas del presidente Martín Vizcarra para combatir la pandemia han roto esquemas con su objetivo claro de respaldo a la ciudadanía frente a cualquier otra consideración, pero sin abandonar el equilibrio macroeconómico ni sacrificar la lucha contra la pandemia.
De momento, parece que el plan peruano está teniendo éxito, con un número de casos y decesos relativamente bajo y controlado, una planificación que va por delante de la enfermedad y una población que respalda y aplica en su mayor parte las draconianas medidas de contención pese al inmenso daño económico que causa a las familias.
La "vía peruana" tampoco ha dejado de lado planes para la reactivación económica para cuando pase la tormenta, con iniciativas que comprometen un gasto público "audaz" y sin precedentes del 12 % del producto interior y bruto (PIB) y que han desatado los elogios tanto de analistas locales como de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Rápido y preciso
"Vizcarra ha demostrado que en crisis responde bien. En momentos plácidos puede tener deficiencias, pero en crisis no. Y está bien asesorado, con buen equipo como la ministra de Economía (María Antonieta Alva). Desde el comienzo fue firme, tanto con la cuarentena como con las medidas económicas, y mucho más rápido que por ejemplo la UE (Unión Europea) a la hora de tomarlas", indicó a Efe el analista político Francisco Belaunde.
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Esa firmeza fue desde un primer momento valorada por los peruanos, que han aceptado también con gran beneplácito el aspecto social y económico de sus medidas, que son de hecho las que más distancian a Perú del resto de la región.
"Ahí está la originalidad de Perú ante el COVID-19. Hay muchas cosas como el bono a los pobres y a los trabajadores independientes, destinado desde el primer día a mitigar el impacto entre los vulnerables e informales. Y también la liberación de los fondos de pensiones, que es algo importante desde el punto de vista político", apuntó a Efe la también analista política Adriana Urrutia.
Las empresas en su sitio
Urrutia se refirió así al decreto del Ejecutivo que permite a los trabajadores retirar hasta 2.000 soles (unos 600 dólares) de los fondos privados de pensiones (AFPs), una medida que hasta hace poco era anatema y vista con visceral rechazo por los poderes económicos y financieros y que ahora han asumido sin rechistar. "El Gobierno con este paso no ha escatimado esfuerzos para decir que son las empresas las que están subordinadas al Estado, y no al revés. También se aplicó a la banca con las medidas para congelar los intereses, que ha obligado a todos a seguir a un Estado que da la línea en un país que siempre fue liberal al pie de la letra y donde las empresas hacían valer su peso", subrayó la politóloga.
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En ese sentido, Urrutia apuntó que en esta crisis Perú ha propuesto un modelo "más social y estatal, con lo público en el centro", que sin embargo aún mantiene el equilibrio con el sector privado, "que negocia y acepta".
Precisamente, otra de las distinciones de las políticas peruanas está siendo la posición del sector privado, que en su mayor parte ha aceptado y ha colaborado en la aplicación de las medidas del Gobierno, incluida la banca y las AFPs.
"El conjunto de actores económicos, al menos los formales, han priorizado la salud, y esa apuesta por la salud y el acatamiento del confinamiento es algo que se vincula con este modelo a la peruana", razonó la analista.
Otra valoración en la que coinciden los expertos es que para abordar estas políticas han primado intereses técnicos y científicos antes que políticos y ha revelado la existencia de funcionarios y estructuras del Estado peruano capaces y que han trabajado "enfocados".
De hecho, Vizcarra no dudó en sustituir en plena crisis a la ministra de Salud para poner en su lugar a un experto en salud pública y creó un consejo técnico para analizar la respuesta del Estado a la crisis "neutro en lo político y lleno de expertos".