Plata y paciencia: las claves para acabar los cultivos ilícitos

A finales de febrero, decenas de campesinos bloquearon la carretera que comunica a Tumaco con la capital del departamento de Nariño. La protesta, que se suspendió brevemente para no afectar la economía de la región durante Semana Santa, se extendió durante varios días y se originó cuando la Fuerza de Tarea Poseidón contra el Narcotráfico, del Ejercito, llegó a los municipios adyacentes a la carretera para erradicar cultivos de coca.

Los campesinos responsables del paro, agrupados en la Coordinadora de cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), exigían una reunión con representantes del Gobierno y la guerrilla. También pedían el fin de la erradicación forzosa y la implementación del cuarto punto de los acuerdos de La Habana.

Con los acuerdos de paz, el Estado se comprometió a dejar de criminalizar a los campesinos que se dedican a los cultivos ilícitos, a ofrecerles alternativas productivas para que reemplacen sus medios de sustento y a acompañar proyectos de desarrollo que se tendrían que acordar previamente con la comunidad.

Según el investigador y criminalista británico James Windle, la erradicación forzosa como la que causó el paro de Tumaco, al igual que cualquier otro método para conseguir resultados inmediatos en la lucha contra las drogas, no solamente es poco efectiva, sino que en la mayoría de los casos produce el efecto contrario: incrementa el área empleada para cultivos ilegales.

“Las intervenciones mal planeadas profundizan la situación de pobreza de los campesinos, incrementan la inestabilidad política y causan un gran descontento que reduce la autoridad estatal”, dice el experto.

Para Windle, profesor de la Universidad East London, que se ha dedicado a estudiar casos exitosos de erradicación en Asia y Medio Oriente, las condiciones de la proliferación de cultivos de amapola son las mismas para los cultivos de coca y ejemplifica la ineficacia de las políticas inmediatistas con el caso tailandés. En los 60, cuando el gobierno se dio cuenta de que bombardear con napalm las plantaciones de amapola no solo aumentaba la cantidad de cultivos, sino el apoyo de los campesinos a la insurgencia comunista, las autoridades tailandesas terminaron por idear uno de los planes más eficientes para suprimir cultivos ilícitos.

“Establecieron una serie de medidas desarrollo rural y promoción de bienes sociales como salud, educación y agua potable. Primero mejoraron la calidad de vida de los campesinos y detuvieron la erradicación hasta que se consolidaron otras formas de sustento”.

Para 2003, cuatro décadas después de que iniciaron los programas de sustitución, Tailandia no solo dejó de ser uno de los mayores productores de opio. “La intervención también permitió que el Estado extendiera su alcance en comunidades política y geográficamente asiladas, lo que además debilitó a la insurgencia”.

Windle, autor de Suppressing illicit opium production: Successful intervention in Asia and the Middle East, recuerda que la inestabilidad política que provoca la erradicación forzada fue una de las razones de la caída de la China Imperial: “En 1906 China intentó erradicar cultivos usando métodos extremadamente represivos como la destrucción de la propiedad, torturas y ejecuciones públicas. En 1911, excultivadores de opio ayudaron a los Republicanos durante la revolución y, aunque el Imperio era frágil y la revolución habría pasado de cualquier modo, el carácter represivo de la intervención contra el opio empeoró todo”.

La historia de las malas decisiones del gobierno chino para erradicar plantaciones de amapola no termina allí. Tras la caída del imperio, el nuevo régimen republicano no estaba lo suficientemente consolidado cuando optó por darle continuidad a la política imperial contra cultivos.Mientras eso sucedía, jefes militares y otros poderes locales empezaron prometer el regreso del tráfico de opio. Como resultado, la autoridad del gobierno central se desplomó, surgió una serie regiones virtualmente independientes y comenzó una época de conflictos interinos que se conoce como “La era de los señores de guerra”.

El éxito de los programas de sustitución en China llegó con la era comunista, cuando al igual que en países como Turquía, Laos y Pakistán, se identificó que incrementar la cobertura del Estado era el primer paso para implementar una estrategia de largo plazo para poner fin a los cultivos. En estos países, dice Windle, “entendieron que tenían que poner en espera la erradicación mientras se mejoraban las relaciones entre las comunidades campesinas y el estado”.

A pesar de su poca efectividad, las políticas que buscan resultados a corto plazo son recurrentes e incluyen métodos que van desde la erradicación forzada hasta la aspersión aérea de cultivos. Cuestión política, según Windle:

“Al electorado le preocupa el consumo de cocaína y heroína y quieren escuchar soluciones rápidas. Ser visto como alguien duro contra del tráfico de drogas es muy rentable políticamente. Además, apuntar el dedo en dirección a campesinos que cultivan en otros países, es más fácil que ser honesto sobre las condiciones estructurales que facilitan el uso doméstico de drogas”.

En la reciente campaña electoral estadounidense, una de las promesas de Trump fue tener mano dura contra el narcotráfico. El incremento en el consumo de heroína, que según la Oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito aumentó el 145 % en 2016, pone todavía más presión para que el mandatario muestre resultados en la lucha contra las sustancias ilícitas.

Desde los 70 la política antidrogas de EE.UU. se ha enfocado en cortar el suministro doméstico de drogas incentivando la erradicación forzada en los países productores. En el más reciente informe del Departamento de Estado estadounidense sobre el control estratégico de narcóticos, se muestra que los cultivos de coca en Colombia alcanzaron cifras récord durante 2016 y que el país es el segundo exportador de heroína a Estados Unidos, con más de 1.100 hectáreas de amapola.

Aunque el presupuesto destinado por el Congreso estadounidense para apoyar políticas de cooperación con Colombia en 2017 se haya incrementado (US74 millones más que el año pasado), está por verse si en el que propone Trump para el 2018, sigue garantizando el impulso económico que requerirían programas de sustitución como el que se contempla en los acuerdos de la Habana.

Para Windle, un programa de sustitución exitoso no sólo debe contar con paciencia sino con una financiación constante.

Y algo más: Windle es enfático al decir que en los casos de sustituciones exitosas ningún país estuvo completamente motivado por factores exteriores:

“Ellos escogieron suprimir los cultivos de opio porque les preocupaba el consumo doméstico o creían que la erradicación podía producir beneficios económicos o mejorar la seguridad”.

A finales de febrero, decenas de campesinos bloquearon la carretera que comunica a Tumaco con la capital del departamento de Nariño. La protesta, que se suspendió brevemente para no afectar la economía de la región durante Semana Santa, se extendió durante varios días y se originó cuando la Fuerza de Tarea Poseidón contra el Narcotráfico, del Ejercito, llegó a los municipios adyacentes a la carretera para erradicar cultivos de coca.

Los campesinos responsables del paro, agrupados en la Coordinadora de cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), exigían una reunión con representantes del Gobierno y la guerrilla. También pedían el fin de la erradicación forzosa y la implementación del cuarto punto de los acuerdos de La Habana.

Con los acuerdos de paz, el Estado se comprometió a dejar de criminalizar a los campesinos que se dedican a los cultivos ilícitos, a ofrecerles alternativas productivas para que reemplacen sus medios de sustento y a acompañar proyectos de desarrollo que se tendrían que acordar previamente con la comunidad.

Según el investigador y criminalista británico James Windle, la erradicación forzosa como la que causó el paro de Tumaco, al igual que cualquier otro método para conseguir resultados inmediatos en la lucha contra las drogas, no solamente es poco efectiva, sino que en la mayoría de los casos produce el efecto contrario: incrementa el área empleada para cultivos ilegales.

“Las intervenciones mal planeadas profundizan la situación de pobreza de los campesinos, incrementan la inestabilidad política y causan un gran descontento que reduce la autoridad estatal”, dice el experto.

Para Windle, profesor de la Universidad East London, que se ha dedicado a estudiar casos exitosos de erradicación en Asia y Medio Oriente, las condiciones de la proliferación de cultivos de amapola son las mismas para los cultivos de coca y ejemplifica la ineficacia de las políticas inmediatistas con el caso tailandés. En los 60, cuando el gobierno se dio cuenta de que bombardear con napalm las plantaciones de amapola no solo aumentaba la cantidad de cultivos, sino el apoyo de los campesinos a la insurgencia comunista, las autoridades tailandesas terminaron por idear uno de los planes más eficientes para suprimir cultivos ilícitos.

“Establecieron una serie de medidas desarrollo rural y promoción de bienes sociales como salud, educación y agua potable. Primero mejoraron la calidad de vida de los campesinos y detuvieron la erradicación hasta que se consolidaron otras formas de sustento”.

Para 2003, cuatro décadas después de que iniciaron los programas de sustitución, Tailandia no solo dejó de ser uno de los mayores productores de opio. “La intervención también permitió que el Estado extendiera su alcance en comunidades política y geográficamente asiladas, lo que además debilitó a la insurgencia”.

Windle, autor de Suppressing illicit opium production: Successful intervention in Asia and the Middle East, recuerda que la inestabilidad política que provoca la erradicación forzada fue una de las razones de la caída de la China Imperial: “En 1906 China intentó erradicar cultivos usando métodos extremadamente represivos como la destrucción de la propiedad, torturas y ejecuciones públicas. En 1911, excultivadores de opio ayudaron a los Republicanos durante la revolución y, aunque el Imperio era frágil y la revolución habría pasado de cualquier modo, el carácter represivo de la intervención contra el opio empeoró todo”.

La historia de las malas decisiones del gobierno chino para erradicar plantaciones de amapola no termina allí. Tras la caída del imperio, el nuevo régimen republicano no estaba lo suficientemente consolidado cuando optó por darle continuidad a la política imperial contra cultivos.Mientras eso sucedía, jefes militares y otros poderes locales empezaron prometer el regreso del tráfico de opio. Como resultado, la autoridad del gobierno central se desplomó, surgió una serie regiones virtualmente independientes y comenzó una época de conflictos interinos que se conoce como “La era de los señores de guerra”.

El éxito de los programas de sustitución en China llegó con la era comunista, cuando al igual que en países como Turquía, Laos y Pakistán, se identificó que incrementar la cobertura del Estado era el primer paso para implementar una estrategia de largo plazo para poner fin a los cultivos. En estos países, dice Windle, “entendieron que tenían que poner en espera la erradicación mientras se mejoraban las relaciones entre las comunidades campesinas y el estado”.

A pesar de su poca efectividad, las políticas que buscan resultados a corto plazo son recurrentes e incluyen métodos que van desde la erradicación forzada hasta la aspersión aérea de cultivos. Cuestión política, según Windle:

“Al electorado le preocupa el consumo de cocaína y heroína y quieren escuchar soluciones rápidas. Ser visto como alguien duro contra del tráfico de drogas es muy rentable políticamente. Además, apuntar el dedo en dirección a campesinos que cultivan en otros países, es más fácil que ser honesto sobre las condiciones estructurales que facilitan el uso doméstico de drogas”.

En la reciente campaña electoral estadounidense, una de las promesas de Trump fue tener mano dura contra el narcotráfico. El incremento en el consumo de heroína, que según la Oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito aumentó el 145 % en 2016, pone todavía más presión para que el mandatario muestre resultados en la lucha contra las sustancias ilícitas.

Desde los 70 la política antidrogas de EE.UU. se ha enfocado en cortar el suministro doméstico de drogas incentivando la erradicación forzada en los países productores. En el más reciente informe del Departamento de Estado estadounidense sobre el control estratégico de narcóticos, se muestra que los cultivos de coca en Colombia alcanzaron cifras récord durante 2016 y que el país es el segundo exportador de heroína a Estados Unidos, con más de 1.100 hectáreas de amapola.

Aunque el presupuesto destinado por el Congreso estadounidense para apoyar políticas de cooperación con Colombia en 2017 se haya incrementado (US74 millones más que el año pasado), está por verse si en el que propone Trump para el 2018, sigue garantizando el impulso económico que requerirían programas de sustitución como el que se contempla en los acuerdos de la Habana.

Para Windle, un programa de sustitución exitoso no sólo debe contar con paciencia sino con una financiación constante.

Y algo más: Windle es enfático al decir que en los casos de sustituciones exitosas ningún país estuvo completamente motivado por factores exteriores:

“Ellos escogieron suprimir los cultivos de opio porque les preocupaba el consumo doméstico o creían que la erradicación podía producir beneficios económicos o mejorar la seguridad”.