Israel calificó como terroristas a seis importantes Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) palestinas por presuntamente pertenecer al Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP), una medida que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) describió como un “ataque estratégico” contra la sociedad civil.
La decisión fue anunciada por el Ministerio de Defensa, que detalló que la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (Addameer), el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y las organizaciones Al-Haq y Defensa Internacional de la Infancia “apoyan la actividad del FPLP y promueven sus objetivos”. Además, Defensa señaló en un comunicado que estas instituciones fingen ser organizaciones civiles “pero en la práctica pertenecen y constituyen un brazo del liderazgo” del FPLP, considerado un grupo terrorista no solo por Israel sino también por Estados Unidos y la Unión Europea.
Por otra parte, también las acusaron de emplear a miembros del grupo, de “servir de tapadera para su promoción y financiamiento”, de recibir instrucciones directas de la organización y de desviar dinero donado por gobiernos europeos y organizaciones internacionales para “las actividades terroristas” del FPLP, incluyendo el pago de salarios a sus miembros y a familias de presos condenados por ataques.
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El Ministerio de Exteriores de la ANP describió esta decisión como “escandalosa” y señaló que representa la última medida “de una campaña sistemática e implacable contra las organizaciones de la sociedad civil palestina y los principales defensores de los derechos humanos”. Por otra parte, Exteriores llamó a la comunidad internacional a defender los derechos de estas seis organizaciones, que dijo están siendo perseguidas por Israel y están sufriendo “un asalto sin precedentes”. La organización no gubernamental israelí Betselem señaló que la decisión del Ministerio de Defensa “no es meramente declarativa” sino que “es un acto característico de regímenes totalitarios, con el claro propósito de cerrar estas organizaciones”.
Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) condenaron la acusación hecha por Israel y calificaron la medida como “un ataque contra el movimiento internacional de derechos humanos”. En un comunicado conjunto, denunciaron que “durante décadas, las autoridades israelíes han buscado sistemáticamente amordazar la vigilancia de los derechos humanos y castigar a quienes critican su gobierno represivo sobre los palestinos”, y calificaron la decisión anunciada por el Ministerio de Defensa israelí como “una escalada alarmante”.
Además, instaron a la comunidad internacional a proteger a los defensores de los derechos humanos y defendieron a las seis organizaciones en cuestión. La declaración de estas seis organizaciones como terroristas, enfatizaron AI y HRW, prohíbe sus actividades, autoriza a las autoridades israelíes a cerrar sus oficinas, confiscar sus bienes y arrestar y encarcelar a sus miembros y prohíbe la financiación o incluso la manifestación pública de apoyo a sus actividades.
Esta decisión llega pocos meses después de que Israel cerrara los Comités de Trabajos para la Salud, una importante ONG palestina donde trabajaba Juana Ruiz Sánchez, la trabajadora humanitaria española detenida desde hace más de seis meses por Israel. Las acusaciones contra Ruiz Sánchez parten de su trabajo para esta organización, ilegalizada este año tras ser acusada de pertenecer al FPLP y desviar dinero europeo a las actividades del grupo.
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