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El primer ministro de Malí renunció con todo su gobierno el jueves en respuesta a las críticas por su manejo del aumento de la violencia en el centro del país, escenario el mes pasado de una matanza que dejó 160 muertos.
En una nota oficial, el presidente Ibrahim Boubacar Keita anunció que aceptó la dimisión de Soumeylou Boubeye Maiga y adelantó que nombrará "en breve" a un nuevo primer ministro, luego de una ronda de consultas con las fuerzas del gobierno y de la oposición.
"Se nombrará un primer ministro en breve y se formará un nuevo gobierno después de las consultas con todas las fuerzas políticas" tanto del gobierno como de la oposición, afirmó Keita en el comunicado.
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Maiga, nombrado en diciembre de 2017 por Keita, había sido prolongado en septiembre de 2018 tras la reelección del jefe del Estado. Su dimisión se produce la víspera de que la Asamblea Nacional examine una moción de censura del gobierno presentada por diputados de la oposición y de la mayoría.
"Solo debe primar el interés superior de Malí", afirmó el viernes el presidente de la Asamblea Nacional, Issiaka Sidibe, durante una sesión levantada al cabo de unos minutos por la ausencia del gobierno. "Es imperativo silenciar nuestras divergencias y nuestras peleas internas", declaró.
Maiga se había tornado el centro de duras críticas al gobierno en semanas recientes, e influyentes dirigentes musulmanes exigían que abandonara el cargo. En una tentativa por hallar una salida a la crisis, el propio presidente Keita se había reunido con representantes religiosos y de varios partidos de la oposición.
En un discurso televisado a la nación el martes, Keita aseguró haber "escuchado toda la cólera, todas las señales" de la población y anunció el inicio de un proceso de "concertación nacional" del 23 al 28 de abril.
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Esa gran concertación nacional incluiría una revisión de la Constitución, que posteriormente sería sometida a un referendo.
Decenas de miles de personas salieron a las calles de Bamako el 5 de abril para protestar contra el aumento de la violencia, sobre todo intercomunitaria, acusando al gobierno de no hacer lo suficiente.
Desde la aparición en 2015 en esta región del grupo yihadista del predicador Amadou Koufa, reclutando a miembros de la etnia fulani, tradicionalmente ganaderos, los enfrentamientos se multiplican entre esta comunidad y las etnias bambara y dogon, principalmente cazadores y agricultores.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno?
El gobierno está bajo una creciente presión por su respuesta, considerada insatisfactoria por parte de la población, a la violencia en la región de Mopti y especialmente a una masacre el 23 de marzo en la que 160 fulani murieron en la aldea de Ogossagou, cerca de la frontera con Burkina Faso.Se culpó de la matanza a los miembros del grupo étnico dogon, que mantienen una larga historia de tensiones con el pueblo nómada fulani por el acceso a la tierra.
Los dogon se dotaron de grupos de autodefensa con el papel declarado de brindar protección contra los insurgentes. Pero la milicia, llamada Dan Nan Ambassagou, usó sus poderes para atacar a los fulani.
Desde marzo de 2018, las "agresiones intercomunitarias" en Mopti causaron unos 600 muertos y miles de desplazados, indicó el 26 de marzo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Desde principios de año, estas violencias dejaron más de 220 muertos entre los civiles en esta región, según un informe trimestral sobre el país del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
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Al día siguiente de la matanza, el gobierno pronunció un consejo de ministros extraordinario y la disolución de Dan Nan Ambassagou. El gobierno remplazó igualmente a los principales jefes de Estado Mayor.
El nuevo jefe de Estado Mayor, el general Abdoulaye Coulibaly, inició una gira "en el centro del país casi tres semanas después de asumir el cargo", anunció el viernes el ejército en un comunicado.
Malí pugna por restablecer la estabilidad desde que los extremistas islamistas vinculados a Al Qaida tomaron el control del vasto desierto del norte del país a principios de 2012.
Si bien fueron expulsados en gran parte en una operación militar liderada por Francia que comenzó en enero de 2013, quedan todavía grandes áreas fuera de control, a pesar de un acuerdo de paz de 2015 con algunos grupos armados que intentaron eliminar definitivamente la amenaza islamista.