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El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, anunció hoy que no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo periodo vence este mes de septiembre.
"Esta decisión es un paso hacia delante en el fortalecimiento de nuestras instituciones para garantizar la continuidad en la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito", aseguró Morales en una comparecencia ante la prensa acompañado de altos mandos militares.
Minutos después la Cicig denunció que varios vehículos militares rodearon la sede de este organismo auspiciado por la ONU y con el que el presidente del país, Jimmy Morales, mantiene una fuerte controversia.
"Los vehículos militares están rodeando las instalaciones de la Cicig y la zona 14. Han ido y venido durante estos minutos", dijo a periodistas el vocero de la Comisión, Matías Ponce, quien compartió unas fotografías en las que se ven los automóviles aparcados en el exterior de las oficinas de este organismo.
Morales intentó en agosto del año pasado expulsar del país al jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, por considerar que se extralimita en sus funciones, pero esta decisión fue anulada por la Corte de Constitucionalidad y se estableció un diálogo entre el Gobierno y la ONU para solucionar las diferencias.
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Ni el Gobierno ni el Ministerio de la Defensa han explicado aún la presencia de estos vehículos que se acercaron a la sede de la Cicig poco después de que la Presidencia anunciara que el mandatario tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa este viernes, algo inusual en sus actividades.
La sombra de la corrupción está sobre Guatemala, el tercer país de América Latina con mayor incidencia en este delito, según Transparencia Internacional, en el que el 23,4 por ciento de la población está en pobreza extrema, un 59,3 por ciento por debajo de la línea de la pobreza y donde la desnutrición crónica afecta a casi la mitad de los niños menores de 5 años.
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Contra esta lacra, el Ministerio Público y la Cicig emprendieron una cruzada desde 2015 con la desarticulación de varios casos en los que están implicados altos funcionarios, como el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva.
Pero sus investigaciones también han salpicado a miembros cercanos del actual presidente, a su partido durante las elecciones que lo llevaron al poder y a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes deben enfrentar un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.
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Esta situación elevó las tensiones y más cuando el pasado 10 de agosto ambos entes volvieron a presentar una solicitud de desafuero contra el mandatario por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en el año 2015, un extremo que él ha negado.
El artículo 12 del convenio de creación de la Cicig, firmado por la ONU y el Gobierno de Guatemala, señala que para solucionar las controversias relacionadas con la aplicación de sus funciones se debe dar una negociación y un diálogo, que supuestamente comenzó el año pasado pero del que no se conocen más detalles.