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Entre los miles de manifestantes que llenaron el Viejo San Juan, la ciudad colonial de la capital de Puerto Rico, donde se ubica la Fortaleza, residencia oficial del gobernador Ricardo Rosselló, había una joven con una pancarta en la que se leía: “Yo marcho por Rosaura Roque, quien murió en la oscuridad por falta de necesidades básicas. Recuerda su nombre”.
(Puede ver: En fotos: las masivas protestas en Puerto Rico que exigen la renuncia del gobernador)
Las protestas multitudinarias que han paralizado sectores de la capital puertorriqueña en los días pasados no tienen relación inmediata con la muerte de Rosaura Roque, una de las casi 3.000 personas que, según un estudio comisionado por el gobierno local, fallecieron a consecuencia del huracán María, que devastó a esta colonia estadounidense en septiembre de 2017.
Pero para muchos puertorriqueños están relacionadas: casos como el de Rosaura reflejan la enorme frustración que los puertorriqueños han acumulado durante la última década ante la incompetencia del gobierno. El reciente escándalo del gobernador Rosselló parece ser la gota que ha desbordado el vaso.
(Ver más: ¿Quién es Ricardo Rosselló, el gobernador de Puerto Rico que está en la cuerda floja?)
El segundo fin de semana de julio se hicieron públicas 889 páginas de capturas de pantalla de una conversación llena de vulgaridades, comentarios homofóbicos y misóginos, burlas e insultos en la mensajería Telegram entre Rosselló y algunos de sus colaboradores más cercanos, todos hombres. Las conversaciones del gobernador con sus allegados (algunos eran funcionarios, otros no) podrían, además, ser evidencia de delitos como malversación de fondos públicos, recopilación ilegal de información de opositores, conspiración, amenazas, discriminación, incitación a la violencia y enriquecimiento ilícito, según un pliego acusatorio de dieciocho posibles delitos que presentó el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño Dennis Márquez ante la Cámara de Representantes de la isla.
El desprestigio del gobernador de 40 años, quien ganó las elecciones en 2017 y es hijo de un polémico exgobernador cuyo mandato (1993-2001) concluyó con algunos de sus aliados presos por corrupción, ha sido instantáneo.
Horas después de que se divulgaran las conversaciones, Rosselló pidió perdón y despidió a los funcionarios y asesores que participaron más activamente en ellas. Pero su respuesta no apagó la ira social. El lunes pasado, las manifestaciones fueron masivas e incluyeron actos de vandalismo e incendios. Tres días después, los músicos puertorriqueños Residente, Bad Bunny y Ricky Martin convocaron una nueva manifestación para pedir la renuncia del gobernador.
(Ver más: La filtración de un chat de burlas y ataques tiene en jaque al gobierno de Puerto Rico)
Rosselló, sin embargo, ha insistido en que no renunciará. Si decide permanecer en su cargo, su mandato será extremadamente complejo porque en términos prácticos no podrá gobernar.
No tiene el apoyo de todos los legisladores de su partido, mucho menos de la oposición. Tiene las puertas cerradas en Washington, donde tanto demócratas como republicanos han criticado duramente sus acciones en los últimos días. El martes, la Casa Blanca declaró que los eventos recientes en Puerto Rico “validan” las imputaciones de corrupción hechas por el presidente Donald Trump contra el gobierno de la isla. Tampoco parece tener el respaldo de la ciudadanía: la gente ha salido a la calle como pocas veces se ve en una sociedad generalmente pasiva, cuya forma de protesta a menudo es salir del país (desde 2010, ha emigrado el 14 % de la población de la isla).
Y es que los reveses en Puerto Rico han sido numerosos. El país lleva más de una década de recesión económica. En 2015, el gobierno declaró impagable la deuda con acreedores y pensionados, que podría ascender a US$120.000 millones. Poco después, el Congreso aprobó la Ley Promesa, que acabó con el simulacro de democracia que había en la isla al incluir la designación de la Junta de Supervisión Fiscal que responde al Legislativo estadounidense, con poderes sobre el gobierno electo y que ha impuesto severas medidas de austeridad. Dos años después, el huracán María destruyó al país y causó pérdidas que han sido estimadas en US$90.000 millones. La recuperación ha sido lenta, en parte porque Washington —que alega que hay desconfianza en el gobierno local— ha soltado el dinero de la reconstrucción a cuentagotas.
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Agravada por la pobreza y este escenario precario, la sociedad está abrumada y desconfía de la clase dirigente: son frecuentes las denuncias de corrupción y nepotismo en el gobierno. Apenas la semana pasada fueron acusadas de fraude una exsecretaria de Educación y una exdirectora de la agencia que maneja el plan de salud del gobierno. Mientras tanto, otras pesquisas de corrupción están en curso.
Estos casos han hecho arder a la población y han dejado a Rosselló sin legitimidad en distintos frentes. Además de que el respaldo de su propio partido es, cuando menos, tímido, la oposición está intentando destituirlo. En Estados Unidos, los republicanos, que nunca han sentido simpatía por Rosselló —especialmente después de que ofreció darle un puñetazo en la boca al presidente Donald Trump—, podrían aprovechar los recientes escándalos para poner controles aún más estrictos a la asistencia a la isla.
Desde hace demasiado tiempo Puerto Rico tiene un serio problema de gobernabilidad y de legitimidad de las instituciones, de las que se tiene por hecho que están al servicio del partido en el poder y no de la sociedad. Las dificultades de Rosselló agravan ese problema en momentos en que la recuperación después del paso del huracán María sigue a medias y cuando la Junta de Supervisión Fiscal y los acreedores del gobierno están a punto de alcanzar un acuerdo de reestructuración de la deuda que podría implicar nuevos sacrificios para el país.
(Ver más: Gobernador de Puerto Rico renuncia a la reelección tras masivas protestas)
Con Rosselló no se podrá contar para esas tareas, bien porque podría terminar por renunciar o porque se obstine en permanecer en su puesto luchando por su supervivencia sin poder gobernar.
Le toca entonces a la población seguir presionando en la calle y exigiendo una rendición de cuentas. De la grave coyuntura que vive hoy el país, quizás pueda surgir una sociedad más alerta y una clase política consciente de que la paciencia de los boricuas se agota y que ya no están dispuestos a aguantar tanto como antes.
*Benjamín Torres Gotay es periodista del diario El Nuevo Día, de San Juan.