Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Aunque Donald Trump haya logrado con su declaración irresponsable de sugerir una "opción militar", que la crisis venezolana entre en un punto muerto, lo cierto es que la grave situación continúa, las violaciones a los derechos no paran y comienzan a presentarse hechos que el mismo Gobierno había anunciado.
Días antes de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello y Cilia Flores, donde los constituyentes con más votos (y por eso más poder de decisión) dijeron que el Ministerio Público debería ser reformado. Es más, llamaron traidora a la fiscal, Luisa Ortega, quien desde marzo se distanció del gobierno de Nicolás Maduro, al resaltar las irregularidades que comenzaban a darse dentro de la administración chavista.
Algo que no le gustó a la línea dura del chavismo, que de la noche a la mañana, convirtió a Ortega en "objetivo militar". Cada vez que la Fiscal criticaba las medidas dictatoriales de Maduro, desde el chavismo surgía una amenaza. Le nombraron una vicefiscal para anularla. La sacaron de su oficina a las malas. La amenazaron. Le dijeron que sus días al frente del Ministerio Público estaban contados.
Hoy se cumplieron las amenazas. Agentes de inteligencia allanaron este miércoles la casa de la exfiscal general, luego de que el Ministerio Público pidiera el arresto de su esposo, un diputado disidente del chavismo acusado de extorsión.
"En este momento el Sebin allana mi vivienda como parte de la venganza de este gobierno por luchar contra el totalitarismo", escribió Ortega en Twitter.
>>> LEA: Inteligencia venezolana allana la casa de exfiscal Luisa Ortega
La exfiscal, que no precisó si ella y su marido Germán Ferrer se hallaban en la residencia, en el norte de Caracas, acusó al presidente Nicolás Maduro y al dirigente Diosdado Cabello de pretender acabar con su "lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos".
La Fiscalía pidió el arresto de Ferrer por supuestamente liderar una red que extorsionaba a empresarios petroleros sospechosos de corrupción. "Debe estar privado de la libertad en custodia en su residencia", dijo este miércoles el fiscal general, el chavista Tarek William Saab, al anunciar la medida contra el legislador.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno- es el encargado de librar la orden de captura para que Ferrer "esté privado de libertad mientras se inicia el proceso de allanamiento a su inmunidad" como diputado, añadió.
Cuatro motocicletas y siete patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) permanecían en la tarde del miércoles frente al domicilio de Ortega, observó un equipo de la AFP.
>>> LEA: La mujer que alguna vez le cayó bien a Chávez
Nada que ver con política
Saab indicó en rueda de prensa que pedirá a la Asamblea Constituyente, que rige el país con poderes absolutos, iniciar un proceso para retirarle el fuero parlamentario a Ferrer. La exfiscal no es mencionada en la denuncia, pero "es muy difícil que no sepa nada" sobre los cargos que se le imputan a su esposo, afirmó Cabello, constituyente y líder oficialista, quien presentó la querella.Cabello acudió al despacho de Saab para entregar las "pruebas" a nombre del órgano que reescribe la Carta Magna, pero que viene tomando medidas de inmediata aplicación.
Según la denuncia, el diputado y funcionarios de la Fiscalía integraban una red que extorsionaba a empresarios petroleros presuntamente implicados en casos de corrupción. Les pedían hasta 600.000 dólares para que no fueran procesados, dijo Cabello, quien aseguró que la denuncia "no tiene nada que ver" con la postura política de la exfiscal y su marido.
El dirigente pidió la orden de arresto contra el congresista, así como prohibirle la salida del país y congelar sus cuentas y bienes. Cabello acusó a Ferrer de haber abierto en abril de 2016, junto con el fiscal Pedro Lupera, una cuenta bancaria por un millón de dólares en Bahamas, producto supuestamente del ilícito.
Saab mostró a la prensa documentos bancarios, según él originales y firmados por el legislador, que demostrarían la titularidad de la cuenta. El fiscal pidió la captura de Lupera, de otro fiscal y una mujer que se presume estaba adscrita al despacho de Ortega.
"No he cometido delitos ni faltas y no me voy a someter a ese tribunal inconstitucional e ilegítimo. Si el TSJ decide removerme de mi cargo tendré el deber de colaborar con el restablecimiento de la democracia", dijo Ortega, antes de la Constituyente.
Entonces, si nada tiene que ver con política la detención de Ferrer, ¿qué le puede pasar a la Fiscal? Para muchos analistas, es el primer paso para cobrarle su osadía de irse del chavismo. Muchos exseguidores de Chávez denuncian que una vez salen del círculo de poder, les aparecen investigaciones y denuncias. El caso de Raúl Baduel es uno de ellos.
Pero hay más. De hecho, Cabello también le abrió investigación a Pedro Lupera, un fiscal líder una de las mayores investigaciones de corrupción contra funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, muy allegado a Ortega, hoy en la mira de las autoridades con una orden de captura.
En su haber, llevaba casos contra Petropiar, una empresa mixta de la estatal petrolera venezolana PDVSA y la estadounidense Chevron. En julio de este año la propia Fiscalía, aun en manos de Ortega Díaz, citó a los gerentes de Procura, de Parada de Planta y supervisores de analistas de Compra y de Materiales para ser imputados.
El fiscal no solo lideró casos contra funcionarios sino también contra el antichavismo, entre ellos el de corrupción contra el exgobernador del occidental estado Zulia Manuel Rosales.
Hay una sombra en toda la historia de la fiscal Ortega: hasta hace unos meses fue la fiel escudera del chavismo, nunca contradijo polémicas acciones del gobierno de Maduro. Por eso, lo que sigue ahora con ella es una incógnita.