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La comunidad internacional ha mostrado su respaldo a la orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina, con el esperado desmarque de su socio incondicional, Estados Unidos, y otros países cercanos a Israel.
En EE. UU., la administración de Joe Biden, que ayer, miércoles 20 de noviembre, no dudó en emplear por cuarta vez su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor de Israel para impedir la imposición de un alto el fuego en Gaza como defendían los otros 14 miembros del máximo órgano de la ONU, se ha vuelto a poner de lado de Israel, mostrando su rechazo frontal a la orden de arresto.
“Estados Unidos rechaza fundamentalmente la decisión de la Corte de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes”, dijo a los medios un portavoz de la Casa Blanca.
Para el vocero, “Estados Unidos ha dejado claro que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto”, como defendía Israel. Una postura que ha sido rechazada de manera unánime por la CPI.
Junto a Estados Unidos, Hungría, Paraguay y Argentina también han levantado la voz en favor de los sospechosos de perpetrar crímenes de guerra y han disparado sus críticas contra la CPI.
Aunque parezca insólito que un primer ministro como Netanyahu pueda cargar con una orden de captura internacional es necesario hacer algunas aclaraciones. Hoy 124 países forman parte del Estatuto de Roma, que dio vida a la CPI, el órgano internacional permanente encargado de juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pero Rusia, China, Estados Unidos e Israel no reconocen la competencia de este tribunal, lo que significa que no están obligados a hacer efectivas, en este caso, órdenes de captura en sus territorios.
Así, para comenzar, dentro de las fronteras de Israel, a Netanyahu no le pasaría nada. Sin embargo, “si se aprobara la solicitud y el primer ministro viajara a países que sí ratificaron el Estatuto como Reino Unido o Alemania, estos sí estarían obligados a hacer el arresto”, explica Enrique Prieto-Ríos, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario. No obstante, “realmente es muy complicado que un país como Alemania quiera meterse en el rollo político de detenerlo. Probablemente lo que va a hacer es usar el argumento de la protección diplomática de los jefes de Estado para no hacerlo”, agrega Prieto. Una situación que renueva el debate de las limitaciones del derecho internacional.
Pero cuando el presidente electo, Donald Trump, asuma el puesto en enero de 2025, ¿qué pasará con la orden de captura contra Netanyahu?
Según Shlomo Ben Ami, exministro de Relaciones Exteriores de Israel, quien trabaja actualmente por la paz, “temo que Donald Trump imponga sanciones al tribunal de La Haya, porque Estados Unidos no lo reconoce, menos Trump”, dijo en entrevista con La W Radio.
“El problema con la administración Trump es la posibilidad de que el proteja a su aliado y evite la implementación de esta orden (…) El mayor problema aquí es el hecho de que esta es una guerra que no tenía objetivos políticos, hay que ver qué ocurre ahora con la posición de los países europeos”, comentó.
¿Puede la orden de la CPI impactar el apoyo de otros Estados a Israel?
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ya advirtió que esta “no es una decisión política, es una decisión de un tribunal internacional de justicia y la decisión del tribunal tiene que ser respetada y aplicada”, indicó.
Por su parte, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, instó a los países miembros a “respetar y acatar” las órdenes de arresto emitidas, pero también animó a “la colaboración de Estados no Partes para trabajar en la rendición de cuentas y el respeto del derecho internacional”.
El derecho humanitario internacional “debe respetarse en todas las circunstancias a través de procesos judiciales justos e imparciales”, subrayó en un comunicado que, según su equipo, emite desde La Haya, donde ya está de vuelta tras su viaje a Libia esta semana.
“Hoy, nuestra atención colectiva debe centrarse en las víctimas de crímenes internacionales en Israel y en el Estado de Palestina. En mis reuniones con las víctimas y las familias de los rehenes tomados de los kibutz, así como con víctimas de Gaza que han perdido a tantos seres queridos, he subrayado que la ley está ahí para todos, y que su función es reivindicar los derechos de todas las personas”, dijo.
En este momento, Prieto-Ríos ve poco probable que los aliados de Israel cambien de parecer, aunque esta situación podría cobrar otra dimensión, ya que, si bien la CPI no entra a juzgar la responsabilidad internacional de países, “esos juicios podrían afectar la responsabilidad penal internacional de políticos o personas específicas como primer ministros o presidentes que hayan autorizado apoyo militar a Israel”, explicó Prieto-Ríos.
Por ejemplo, si se comprobara que Joe Biden autorizó el envío de armas de exterminio o de genocidio contra toda la población palestina. Aunque el experto advierte que es muy difícil de probar.
La investigación de la CPI se extiende a Cisjordania.
Khan defendió, asimismo, que pidió las órdenes tras una “investigación independiente y sobre la base de pruebas objetivas y verificables revisadas a través de un proceso forense” y alertó de que su oficina está “avanzando en líneas adicionales de investigación en áreas bajo la jurisdicción de la Corte, que incluyen Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este”.
En 2018, las autoridades palestinas remitieron a la fiscalía la situación en Palestina, que incluye tanto crímenes cometidos por el Ejército israelí como por milicias palestinas, lo que permitió abrir una investigación con carácter retroactivo en marzo de 2021, cuyo alcance territorial se extiende a Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este.
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