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Los periodistas María Ressa, de Filipinas, y Dimitri Muratov, de Rusia, ganaron este viernes el premio Nobel de la Paz por su lucha por la libertad de expresión. Les contamos la historia de la periodista filipina.
“Es el mejor momento para ser periodista”, fue lo primero que dijo la periodista filipina María Ressa, tras ganar el Premio Nobel de Paz 2021. Y lo dice una mujer que ha estado en la mira de los poderosos en Filipinas por su trabajo.
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Ressa tiene doble nacionalidad filipina y estadounidense y que estudió en la prestigiosa universidad de Princeton. Tiene 58 años y fue galardonada en abril con el Premio Mundial de la Libertad de Prensa Unesco/Guillermo Cano 2021, creado en memoria del periodista colombiano Guillermo Cano asesinado en 1986.
La veterana periodista, se ha convertido en un símbolo de la libertad de expresión en una época en que proliferan los líderes autoritarios.
Responsable de corresponsalías de la CNN en el Sudeste asiático durante dos décadas: al frente de estas oficinas en Manila y Yakarta, se especializó en el terrorismo, investigando los vínculos entre las redes mundiales de Al Qaida y activistas del Sudeste asiático.
Ressa creó en 2012 el portal Rappler, en el que publicaba investigaciones multimedia y sociales que informaban de manera inconformista sobre Filipinas y con una visión crítica sobre el presidente Rodrigo Duterte.
Ressa y su medio se confrontaron a múltiples procesos judiciales tras haber publicado informaciones críticas con el mandatario y su sangrienta lucha contra el narcotráfico.
“Un mundo sin hechos significa un mundo sin verdad y sin confianza”, añadió la reportera en una entrevista online con su portal Rappler esta mañana.
Una periodista perseguida
Ya en Rappler se ganó la animadversión de Duterte por su investigación de la guerra contra el narcotráfico, lo que la puso en la diana de una campaña de desprestigio en las redes sociales y de acoso judicial.
La campaña también afectó a los periodistas de Rappler, un equipo muy joven de 23 años de media en el que más del 60 % son mujeres.
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Ressa fue elegida personalidad del año junto con otros periodistas por la revista Time en 2018 por su lucha contra la desinformación de, según ella, la “sofisticada maquinaria” de cuentas falsas vinculadas al entorno de Duterte para intimidar y silenciar a los críticos.
La periodista, que se enfrenta a siete casos criminales por presunta evasión de impuestos y vulneración de las leyes de propiedad de los medios, fue condenada en junio 2020 por ciberdifamación por un tribunal filipino.
Por este caso se enfrenta a una pena de hasta 6 años de cárcel, aunque se encuentra en proceso de apelación.
Tras ser condenada, alertó de que la “democracia está muriendo poco a poco” debido al ascenso de líderes autoritarias y populistas como Duterte y alertó de la manipulación en las redes sociales, sobre todo en plataformas como Facebook.
”Si no actuamos ya, nuestra democracia morirá porque cuando una mentira se repite mil millones de veces, es más fácil de creer y al final se convierte en realidad”, aseveró la periodista.
“No soy solo una reportera”, dijo la periodista el año pasado en una entrevista para la AFP. “Mi trabajo consiste en ser un pilar (...) para que nuestros colaboradores puedan seguir trabajando”, explicó.
Las amenazas en internet empezaron pocos meses después de la investidura de Duterte como presidente en 2016 y el inicio de su “guerra contra la droga”, que causó miles de muertos y ahora está en el punto de mira de la Corte Penal Internacional (CPI).
Ressa calculó que a finales de 2016 recibía más de 90 mensajes agresivos por hora en las redes.
Guerra contra las drogas en Filipinas
Cuando en abril recibía el premio Guillermo Cano, destacaba en Ressa una“inquebrantable lucha por la libertad de expresión”, que la sitúa como “un ejemplo para muchos periodistas de todo el mundo”.
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Lo mismo que reconoció el Comité del Nobel en Oslo que anunció el premio este 8 de octubre.
Ressa no ha desfallecido en la publicación de informes sobre la corrupción en su país y también sobre la brutal estrategia del presidente Rodrigo Duterte para combatir el tráfico de drogas y la inseguridad en el país mediante ejecuciones extrajudiciales de miles de personas por su presunta vinculación con bandas criminales, una política de Estado criticada por grupos de derechos humanos.
Varios informes calculan que se ha matado a más de 30.000 personas en la guerra contra el narco.