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El expresidente de Ecuador Rafael Correa, que gobernó el país entre 2007 y 2017, fue llamado hoy a juicio por el delito de plagio (secuestro) de un político opositor ecuatoriano ocurrido en Colombia en agosto de 2012.
La jueza nacional de Ecuador, Daniella Camacho, así lo dictaminó en una sesión de la audiencia celebrada en la Corte Nacional de Justicia con sede en Quito, en la que convocó a juicio a otros tres presuntos involucrados.
La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia albergó la última sesión de la audiencia preparatoria de juicio contra cuatro procesados en el caso, que habían sido acusados por la Fiscalía General de los delitos de asociación ilícita y plagio de Fernando Balda, exlegislador opositor a Correa brevemente secuestrado en la capital colombiana en agosto de 2012.
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"Realmente no es una sorpresa. Esperábamos algo así", dijo a los medios el abogado de Correa, Caupolican Ochoa, al termina la audiencia.
Y se quejó de que "durante las últimas semanas hemos sido testigos de una desaprensiva presión de carácter político sobre la señora jueza", una actitud, a su juicio, "evidente y pública", no sólo por parte del "poder político sino también de los medios y de actores sociales".
A través de su cuenta de Twitter, Correa mostró, una hora antes de que se anunciara el fallo, una imagen de la supuesta portada del periódico público El Telégrafo que titulaba: "Jueza dispone juicio y prisión contra expresidente Rafael C".
(Ver más: El caso de secuestro que vincula a Correa )
"Me voy a dormir. Con la portada de El Telégrafo, es claro lo que va a pasar. Se ratifica que el Caso Balda es una farsa, y que todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas", escribió el exmandatario.
Tras leer los elementos de convicción en la causa, al menos una veintena para Correa y 25 para Pablo Romero, extitular de la Inteligencia ecuatoriana, la magistrada ordenó un receso de media hora antes de reanudar la sesión y anunciar su fallo.
En la fase preparatoria de juicio en septiembre, la Fiscalía General había presentado una acusación contra el exmandatario, el exsecretario nacional de Inteligencia Romero y los exagentes de los servicios secretos Diana Falcón y Raúl Chicaiza.
(Ver más: “Rafael Correa está sufriendo las consecuencias de sus actos”: Fernando Balda)
Los dos últimos se acogieron a la figura de procedimiento abreviado y reconocieron ser autores materiales de los hechos y colaborar con la justicia a cambio de una reducción de la pena.
Ambos exagentes aseguraron que las órdenes les llegaban directamente del expresidente a través de Romero y sus testimonios figuran entre los 23 elementos principales de convicción presentados por la Fiscalía contra Correa, que rechaza las acusaciones.
Correa y Romero se encuentran en el extranjero, el primero en Bélgica -donde reside desde julio de 2017- y el segundo en España.
El juicio contra Correa y Romero, que han quedado exonerados del delito de asociación ilícita como pedía la Fiscalía y la acusación particular, no podrá iniciarse hasta que retornen al país o sean capturados y extraditados.
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El exmandatario, sobre el que pesa una petición ecuatoriana de arresto a Interpol por incumplimiento de medidas cautelares, ha denunciado ser objeto de una persecución política y acusa al poder judicial de su país de falta de independencia.
La magistrada solicitó a Interpol la difusión roja contra Correa con fines de extradición por su incomparecencia judicial e incumplimiento de medida cautelar.
De momento, el organismo internacional no ha informado oficialmente de su respuesta sobre dicha solicitud.