Se avecina la sentencia del juicio más mediático de España
El país se encamina a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 con Cataluña en el centro del debate. La decisión del Tribunal Supremo español, frente al juicio del “Procés”, tiene al país en vilo.
Daniela Quintero Díaz
España se encuentra a la espera de la que es, tal vez, una de las decisiones más importantes del Tribunal Supremo en la historia reciente del país. En cualquier momento, entre este viernes y el próximo lunes como fecha límite, la Corte dará la respuesta de la justicia contra los líderes del proceso independentista catalán del 1° de octubre de 2017. Con esta se conocerán las penas que tendrán que cumplir en prisión los acusados de rebelión.
El resultado llega, además, en un período convulso: a menos de un mes de las elecciones generales del país, después de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez no lograra formar gobierno. Pero también en el marco del segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O y cerca del 16 de octubre, fecha en la que se cumplen dos años del ingreso a prisión preventiva de dos líderes independentistas llevados a la cárcel, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Un juicio de telenovela
El juicio, que empezó el 12 de febrero y duró más de cuatro meses, contó con 52 sesiones y 422 testigos, entre ellos el expresidente español Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el actual presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. Además, fue retransmitido por televisión y por streaming, convirtiéndose casi en una novela para los españoles.
Lo que se juzgó fueron los actos que desembocaron en el referéndum del 1-O y en la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de ese mismo mes. El pasado 12 de junio el juicio quedó visto para sentencia y, desde entonces, los siete magistrados del tribunal presidido por Manuel Marchena se han dedicado, mañana y tarde (por 16 semanas), a debatir para ponerle un punto final.
El alegato final del fiscal Javier Zaragoza fue contundente: “Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 fue un golpe de Estado, la sustitución de un orden jurídico por otro (…) mediante procedimientos ilegales, vías de hecho y utilizando la violencia en los momentos en los que ha sido necesaria”, aseguró. No obstante, los acusados insisten en que son “presos políticos” y que en ningún momento usaron la violencia, sino que la violencia ilegítima fue causada por el Estado español. Vea también: El histórico juicio a líderes independentistas catalanes
¿Quiénes son los acusados?
De los 12 acusados, nueve se encuentran en prisión preventiva. Entre ellos están Oriol Junqueras, el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y el líder independentista de más alto rango detenido, después de que el expresidente Carles Puigdemont (quien encabezaba el gobierno catalán al momento de la declaración unilateral de independencia) saliera del país y se refugiara en Bélgica. Junqueras se enfrenta a la pena más alta, la Fiscalía solicita 25 años de prisión y la Abogacía del Estado, 12 años.
Carme Forcadell es la expresidenta del Parlamento de Cataluña. Según la justicia española, facilitó la legislación que permitió el referéndum y por eso piden 17 años de cárcel para ella. Jordi Sánchez es el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, una organización de la sociedad civil cuyo objetivo es lograr la independencia de Cataluña. La Fiscalía pide 10 años de cárcel para él.
También están en prisión preventiva Joaquim Forn, exconsejero del Interior; Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad; Jordi Turull, exconsejero de Presidencia; Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores; Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, y Jordi Cuixart, expresidente de la asociación Óminum Cultural.
Los tres acusados que se encuentran en libertad bajo fianza son Carles Mundó, exconsejero de Justicia; Meritxell Borrás, exconsejera de Gobernación, y Carles Vila, exconsejero de Empresa y Conocimiento. Como Puigdemont, hay otros seis acusados que no se presentaron al juicio porque se encuentran refugiados en el extranjero. Estos son Antoni Comín, exconsejero de Sanidad; Meritxell Serret, exconsejera de Agricultura; Carla Ponsatí, exconsejera de Educación; Lluis Puig, exconsejero de Cultura; Marta Rovira, líder de Esquerra Republicana y Anna Gabriel, exdiputada de la Candidatura de Unidad Popular (CUP).
¿De qué se les acusa?
Para los 12 acusados que fueron juzgados por el Tribunal Supremo y que esperan sentencia hay cuatro delitos en juego, aunque no a todos se les acusa de lo mismo. Estos delitos son: sedición, rebelión, malversación y desobediencia.
El delito de rebelión, según la justicia española, exige un alzamiento público y violento, cuya finalidad es alterar o modificar el sistema constitucional (puede ser la propia Constitución o la segregación de una parte del territorio del Estado). Los nueve líderes independentistas que están en prisión (Junqueras, Forcadell, Sánchez, Cuixart, Turull, Romeva, Rull, Bassa y Forn) son acusados por este delito y la Fiscalía pide hasta 25 años de cárcel para ellos.
La sedición es una rebelión menor en la que se exige que haya un alzamiento público y violento -al igual que en el delito anterior-, pero lo que cambian son los fines: en este caso no se busca modificar la Constitución, sino las leyes y mandatos de autoridad. La malversación se produce cuando a los fondos públicos se les da un destino distinto al que estaba previsto y asignado por la ley. A los líderes catalanes se les acusa de derivar para la convocatoria y la organización del referéndum un dinero que tenía otros fines. De este delito son señalados todos los que eran miembros del Govern, pues se encargaban de gestionar ese dinero.
De desobediencia son acusados Borrás, Mundó y Vila, en libertad bajo fianza. Este delito supone incumplir el mandato legítimo de una autoridad. En el presente caso se les acusa de haber desobedecido al Tribunal Constitucional cuando este se pronunció en contra de las normas que estaban siendo aprobadas en el Parlamento de Cataluña para hacer posible el referéndum y la posterior declaración unilateral de independencia.
¿Qué puede pasar?
La respuesta de los catalanes puede ser en doble nivel: el político y el civil. Del primero se asegura que si finalmente los políticos son condenados (que es lo más probable), sus abogados tienen la vista puesta en un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para acudir luego al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sin embargo, en las calles de Cataluña se sigue la lógica del 1° de octubre, en la que actores políticos cedieron a la sociedad civil organizada la protección de infraestructura e instituciones para evitar una posible suspensión de la autonomía. Esa red ciudadana se conoce ahora como Tsunami Democrátic¸ en la que no hay líderes ni portavoces. La apuesta es, entonces, por la “desobediencia civil” que planea “paralizar” la región con manifestaciones, ocupaciones de infraestructura y cortes de carretera desde la no violencia. En este sentido, el independentismo convocó a una huelga general a partir del 11 de octubre y por 24 horas, en vísperas de la posible publicación de la sentencia. Lo que pase irremediablemente marcará el rumbo de las elecciones generales del 10 de noviembre, pues Cataluña estará en el centro del debate.
España se encuentra a la espera de la que es, tal vez, una de las decisiones más importantes del Tribunal Supremo en la historia reciente del país. En cualquier momento, entre este viernes y el próximo lunes como fecha límite, la Corte dará la respuesta de la justicia contra los líderes del proceso independentista catalán del 1° de octubre de 2017. Con esta se conocerán las penas que tendrán que cumplir en prisión los acusados de rebelión.
El resultado llega, además, en un período convulso: a menos de un mes de las elecciones generales del país, después de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez no lograra formar gobierno. Pero también en el marco del segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O y cerca del 16 de octubre, fecha en la que se cumplen dos años del ingreso a prisión preventiva de dos líderes independentistas llevados a la cárcel, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Un juicio de telenovela
El juicio, que empezó el 12 de febrero y duró más de cuatro meses, contó con 52 sesiones y 422 testigos, entre ellos el expresidente español Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el actual presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. Además, fue retransmitido por televisión y por streaming, convirtiéndose casi en una novela para los españoles.
Lo que se juzgó fueron los actos que desembocaron en el referéndum del 1-O y en la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de ese mismo mes. El pasado 12 de junio el juicio quedó visto para sentencia y, desde entonces, los siete magistrados del tribunal presidido por Manuel Marchena se han dedicado, mañana y tarde (por 16 semanas), a debatir para ponerle un punto final.
El alegato final del fiscal Javier Zaragoza fue contundente: “Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 fue un golpe de Estado, la sustitución de un orden jurídico por otro (…) mediante procedimientos ilegales, vías de hecho y utilizando la violencia en los momentos en los que ha sido necesaria”, aseguró. No obstante, los acusados insisten en que son “presos políticos” y que en ningún momento usaron la violencia, sino que la violencia ilegítima fue causada por el Estado español. Vea también: El histórico juicio a líderes independentistas catalanes
¿Quiénes son los acusados?
De los 12 acusados, nueve se encuentran en prisión preventiva. Entre ellos están Oriol Junqueras, el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y el líder independentista de más alto rango detenido, después de que el expresidente Carles Puigdemont (quien encabezaba el gobierno catalán al momento de la declaración unilateral de independencia) saliera del país y se refugiara en Bélgica. Junqueras se enfrenta a la pena más alta, la Fiscalía solicita 25 años de prisión y la Abogacía del Estado, 12 años.
Carme Forcadell es la expresidenta del Parlamento de Cataluña. Según la justicia española, facilitó la legislación que permitió el referéndum y por eso piden 17 años de cárcel para ella. Jordi Sánchez es el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, una organización de la sociedad civil cuyo objetivo es lograr la independencia de Cataluña. La Fiscalía pide 10 años de cárcel para él.
También están en prisión preventiva Joaquim Forn, exconsejero del Interior; Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad; Jordi Turull, exconsejero de Presidencia; Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores; Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, y Jordi Cuixart, expresidente de la asociación Óminum Cultural.
Los tres acusados que se encuentran en libertad bajo fianza son Carles Mundó, exconsejero de Justicia; Meritxell Borrás, exconsejera de Gobernación, y Carles Vila, exconsejero de Empresa y Conocimiento. Como Puigdemont, hay otros seis acusados que no se presentaron al juicio porque se encuentran refugiados en el extranjero. Estos son Antoni Comín, exconsejero de Sanidad; Meritxell Serret, exconsejera de Agricultura; Carla Ponsatí, exconsejera de Educación; Lluis Puig, exconsejero de Cultura; Marta Rovira, líder de Esquerra Republicana y Anna Gabriel, exdiputada de la Candidatura de Unidad Popular (CUP).
¿De qué se les acusa?
Para los 12 acusados que fueron juzgados por el Tribunal Supremo y que esperan sentencia hay cuatro delitos en juego, aunque no a todos se les acusa de lo mismo. Estos delitos son: sedición, rebelión, malversación y desobediencia.
El delito de rebelión, según la justicia española, exige un alzamiento público y violento, cuya finalidad es alterar o modificar el sistema constitucional (puede ser la propia Constitución o la segregación de una parte del territorio del Estado). Los nueve líderes independentistas que están en prisión (Junqueras, Forcadell, Sánchez, Cuixart, Turull, Romeva, Rull, Bassa y Forn) son acusados por este delito y la Fiscalía pide hasta 25 años de cárcel para ellos.
La sedición es una rebelión menor en la que se exige que haya un alzamiento público y violento -al igual que en el delito anterior-, pero lo que cambian son los fines: en este caso no se busca modificar la Constitución, sino las leyes y mandatos de autoridad. La malversación se produce cuando a los fondos públicos se les da un destino distinto al que estaba previsto y asignado por la ley. A los líderes catalanes se les acusa de derivar para la convocatoria y la organización del referéndum un dinero que tenía otros fines. De este delito son señalados todos los que eran miembros del Govern, pues se encargaban de gestionar ese dinero.
De desobediencia son acusados Borrás, Mundó y Vila, en libertad bajo fianza. Este delito supone incumplir el mandato legítimo de una autoridad. En el presente caso se les acusa de haber desobedecido al Tribunal Constitucional cuando este se pronunció en contra de las normas que estaban siendo aprobadas en el Parlamento de Cataluña para hacer posible el referéndum y la posterior declaración unilateral de independencia.
¿Qué puede pasar?
La respuesta de los catalanes puede ser en doble nivel: el político y el civil. Del primero se asegura que si finalmente los políticos son condenados (que es lo más probable), sus abogados tienen la vista puesta en un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para acudir luego al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sin embargo, en las calles de Cataluña se sigue la lógica del 1° de octubre, en la que actores políticos cedieron a la sociedad civil organizada la protección de infraestructura e instituciones para evitar una posible suspensión de la autonomía. Esa red ciudadana se conoce ahora como Tsunami Democrátic¸ en la que no hay líderes ni portavoces. La apuesta es, entonces, por la “desobediencia civil” que planea “paralizar” la región con manifestaciones, ocupaciones de infraestructura y cortes de carretera desde la no violencia. En este sentido, el independentismo convocó a una huelga general a partir del 11 de octubre y por 24 horas, en vísperas de la posible publicación de la sentencia. Lo que pase irremediablemente marcará el rumbo de las elecciones generales del 10 de noviembre, pues Cataluña estará en el centro del debate.