Seis meses después del golpe de Estado, en Birmania gobierna el caos
Los miembros de la junta militar de Birmania, que dieron el golpe de Estado el pasado 1 de febrero y se quedaron en el poder, hoy están desbordados por la pandemia, las manifestaciones y el caos. Así está el país, seis meses después del golpe.
Han pasado seis meses desde que los militares tomaron el poder en Birmania, luego de un golpe de Estado, que sumió al país en la confusión, las protestas y el caos. El 1 de febrero de 2021, el ejército birmano se tomó el poder, tres meses después de las elecciones generales de noviembre de 2020 en las que el partido de la entonces consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, fuera el vencedor. Justificaron el golpe diciendo que hubo fraude electoral.
Win Myint, presidente, y la premio Nobel de Paz, Aung San Suu Kyi fueron derrocados y muchos otros miembros del partido gobernante, Liga Nacional por la Democracia, fueron detenidos.
El general Min Aung Hlaing, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Birmania, fue el cerebro del golpe. No sólo eso, ha sido el que ha ordenado la violenta represión del movimiento de desobediencia civil que comenzó en rechazo a la jugada de los militares.
De acuerdo con la organización Human Rights Watchs (HRW) se cometieron crímenes de lesa humanidad: de acuerdo con datos de organizaciones civiles, en seis meses, 940 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad, de ellos 75 menores de edad, centenares han desaparecido y más de 5.400 están detenidos.
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Según datos de Naciones Unidas (ONU), aproximadamente 230.000 civiles fueron desplazados desde el golpe debido a los conflictos armados. Los civiles, refugiados en campamentos, algunos en zonas montañosas o boscosas y otros en países vecinos, tienen dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y son extremadamente vulnerables a la pandemia. Desde el golpe, 157 trabajadores de la salud fueron asesinados como resultado de las intervenciones militares contra los opositores, mientras que se emitieron órdenes de arresto contra 580 trabajadores de la salud que participaron en actos de desobediencia civil.
Una pandemia desbordada
El caos político y social creado por el golpe se ha sumado en las últimas semanas el peor rebrote de covid-19 en el país desde el inicio de la pandemia, que se ha llevado más de 9.000 vidas (la mayoría en el último mes) y ha contagiado a casi 300.000 personas.
Bajo este clima de crispación social y abusos, el Ministerio de Salud del país informa diariamente sobre miles de casos positivos en coronavirus y cientos de muertes derivadas de la pandemia de Covid-19. La situación es tan grave que luego de aislarse de la comunidad internacional, el régimen militar está buscando la ayuda internacional.
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El líder de la Junta, Min Aung Hlaing, declaró en una “reunión de coordinación para reforzar la cooperación con la comunidad internacional” que Birmania debería solicitar dinero de un fondo de respuesta contra el covid-19 creado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
El miércoles se registraron casi 5.000 nuevos casos de Covid-19, frente a los aproximadamente 50 diarios de principios de mayo, pero los observadores creen que el número real de víctimas es mucho mayor. Según el Consejo de Administración del Estado -como se denomina a sí misma la junta- se vacunaron hasta ahora a unos 1,75 millones de personas de una población de 54 millones.
El número de contagios es en realidad mucho mayor, pero no figura en las estadísticas oficiales por la falta de test en un momento de colapso del sistema sanitario, con miles de infectados pasando la enfermedad en casa y con una alarmante escasez de oxígeno para uso médico.
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El general Hlaing reconoció las dificultades que su país atraviesa, pero culpó del desborde del sistema hospitalario a sus opositores políticos, que desde hace meses impulsan un movimiento de desobediencia civil con huelgas en todo el sector público, incluida la sanidad.
Ni la incesante represión ni la peligrosa situación pandémica han desanimado a los opositores, que este fin de semana han salido a protestar en distintos puntos del país para reclamar el restablecimiento de la democracia y que han criticado que el general Hlaing busque pretextos para perpetuarse en el poder.
La Embajada estadounidense en Birmania recordó en Twitter el medio año transcurrido desde el golpe y subrayó que “Estados Unidos sigue firmemente comprometido a apoyar a la población de Birmania en sus aspiraciones por un futuro democrático e inclusivo de su propia elección”.
Entregar el poder en dos años
Justo este domingo, el general Min Aung Hlaing se comprometió a restablecer un sistema democrático en el país cuando se estabilice la situación, con agosto de 2023 como fecha límite para su permanencia en el poder.
”Garantizo el establecimiento de una unión basada en la democracia y el federalismo”, afirmó durante un discurso en la televisión estatal MRTV.
El líder militar, que en febrero se había comprometido a convocar elecciones en el plazo de un año, puso como condición para celebrar los comicios la estabilización del país, con agosto de 2023 como fecha límite, al no poder mantener por más tiempo el estado de emergencia, según su interpretación de la Constitución.
De agotarse ese plazo, el general Hlaing, nombrado hoy primer ministro de un Gobierno interino por el Consejo de Administración Estatal (nombre oficial de la junta militar), permanecería dos años y medio en el poder en total.
”Tenemos que crear las condiciones para celebrar unas elecciones generales justas y plurales. Tenemos que prepararnos. Me comprometo a convocar unas elecciones multipartidistas sin falta”, subrayó. En este sentido, destacó que “unas elecciones libres y justas son el sustento vital de una democracia multipartitita” y reconoció que “es de mucha mayor importancia para un país donde una democracia naciente está siendo restaurada”.
Han pasado seis meses desde que los militares tomaron el poder en Birmania, luego de un golpe de Estado, que sumió al país en la confusión, las protestas y el caos. El 1 de febrero de 2021, el ejército birmano se tomó el poder, tres meses después de las elecciones generales de noviembre de 2020 en las que el partido de la entonces consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, fuera el vencedor. Justificaron el golpe diciendo que hubo fraude electoral.
Win Myint, presidente, y la premio Nobel de Paz, Aung San Suu Kyi fueron derrocados y muchos otros miembros del partido gobernante, Liga Nacional por la Democracia, fueron detenidos.
El general Min Aung Hlaing, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Birmania, fue el cerebro del golpe. No sólo eso, ha sido el que ha ordenado la violenta represión del movimiento de desobediencia civil que comenzó en rechazo a la jugada de los militares.
De acuerdo con la organización Human Rights Watchs (HRW) se cometieron crímenes de lesa humanidad: de acuerdo con datos de organizaciones civiles, en seis meses, 940 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad, de ellos 75 menores de edad, centenares han desaparecido y más de 5.400 están detenidos.
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Según datos de Naciones Unidas (ONU), aproximadamente 230.000 civiles fueron desplazados desde el golpe debido a los conflictos armados. Los civiles, refugiados en campamentos, algunos en zonas montañosas o boscosas y otros en países vecinos, tienen dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y son extremadamente vulnerables a la pandemia. Desde el golpe, 157 trabajadores de la salud fueron asesinados como resultado de las intervenciones militares contra los opositores, mientras que se emitieron órdenes de arresto contra 580 trabajadores de la salud que participaron en actos de desobediencia civil.
Una pandemia desbordada
El caos político y social creado por el golpe se ha sumado en las últimas semanas el peor rebrote de covid-19 en el país desde el inicio de la pandemia, que se ha llevado más de 9.000 vidas (la mayoría en el último mes) y ha contagiado a casi 300.000 personas.
Bajo este clima de crispación social y abusos, el Ministerio de Salud del país informa diariamente sobre miles de casos positivos en coronavirus y cientos de muertes derivadas de la pandemia de Covid-19. La situación es tan grave que luego de aislarse de la comunidad internacional, el régimen militar está buscando la ayuda internacional.
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El líder de la Junta, Min Aung Hlaing, declaró en una “reunión de coordinación para reforzar la cooperación con la comunidad internacional” que Birmania debería solicitar dinero de un fondo de respuesta contra el covid-19 creado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
El miércoles se registraron casi 5.000 nuevos casos de Covid-19, frente a los aproximadamente 50 diarios de principios de mayo, pero los observadores creen que el número real de víctimas es mucho mayor. Según el Consejo de Administración del Estado -como se denomina a sí misma la junta- se vacunaron hasta ahora a unos 1,75 millones de personas de una población de 54 millones.
El número de contagios es en realidad mucho mayor, pero no figura en las estadísticas oficiales por la falta de test en un momento de colapso del sistema sanitario, con miles de infectados pasando la enfermedad en casa y con una alarmante escasez de oxígeno para uso médico.
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El general Hlaing reconoció las dificultades que su país atraviesa, pero culpó del desborde del sistema hospitalario a sus opositores políticos, que desde hace meses impulsan un movimiento de desobediencia civil con huelgas en todo el sector público, incluida la sanidad.
Ni la incesante represión ni la peligrosa situación pandémica han desanimado a los opositores, que este fin de semana han salido a protestar en distintos puntos del país para reclamar el restablecimiento de la democracia y que han criticado que el general Hlaing busque pretextos para perpetuarse en el poder.
La Embajada estadounidense en Birmania recordó en Twitter el medio año transcurrido desde el golpe y subrayó que “Estados Unidos sigue firmemente comprometido a apoyar a la población de Birmania en sus aspiraciones por un futuro democrático e inclusivo de su propia elección”.
Entregar el poder en dos años
Justo este domingo, el general Min Aung Hlaing se comprometió a restablecer un sistema democrático en el país cuando se estabilice la situación, con agosto de 2023 como fecha límite para su permanencia en el poder.
”Garantizo el establecimiento de una unión basada en la democracia y el federalismo”, afirmó durante un discurso en la televisión estatal MRTV.
El líder militar, que en febrero se había comprometido a convocar elecciones en el plazo de un año, puso como condición para celebrar los comicios la estabilización del país, con agosto de 2023 como fecha límite, al no poder mantener por más tiempo el estado de emergencia, según su interpretación de la Constitución.
De agotarse ese plazo, el general Hlaing, nombrado hoy primer ministro de un Gobierno interino por el Consejo de Administración Estatal (nombre oficial de la junta militar), permanecería dos años y medio en el poder en total.
”Tenemos que crear las condiciones para celebrar unas elecciones generales justas y plurales. Tenemos que prepararnos. Me comprometo a convocar unas elecciones multipartidistas sin falta”, subrayó. En este sentido, destacó que “unas elecciones libres y justas son el sustento vital de una democracia multipartitita” y reconoció que “es de mucha mayor importancia para un país donde una democracia naciente está siendo restaurada”.