“Terapias de conversión”: así es la legislación que busca ponerles fin en el mundo

Si luego de que se hundiera el proyecto de Ley 461 de 2022 al Congreso de la República vuelve a llegar una propuesta en la materia, Colombia sería el noveno país del mundo en prohibir los “esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad de género o cambio de expresión de género” (ecosieg) y el undécimo en regularlos.

Si luego de que se hundiera el proyecto de Ley 461 de 2022 al Congreso de la República vuelve a llegar una propuesta en la materia, Colombia sería el noveno país del mundo en prohibir los “esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad de género o cambio de expresión de género” (ecosieg) y el undécimo en regularlos.

De acuerdo con el representante a la Cámara Mauricio Toro, ponente del proyecto, que se hundió por falta de trámite, pero que buscará abrirse camino por firmas en la próxima legislatura, la iniciativa busca aplicar sanciones penales y administrativas para quienes efectúen o remitan a estas prácticas, que consisten en torturas y, usualmente, se llevan a cabo de manera clandestina. Violaciones, exorcismos, tratamientos hormonales, presiones psicológicas, descargas eléctricas y ayunos forzados son algunas de las experiencias que relatan las personas que afirman haber pasado por los ecosieg.

Aunque se les conoce popularmente como “terapias de conversión”, el término no viene al caso. Según la Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por su sigla en inglés), una terapia es un tratamiento para una enfermedad, algo que la homosexualidad no es. La Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades el 17 de mayo de 1990 y, en 2012, un grupo de expertos de la Organización aseguró que esas “terapias” son una amenaza para la salud de las personas afectadas.

El proyecto de ley en Colombia se formuló en conjunto con las ONG locales Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo Trans) y Caribe Afirmativo, así como con el movimiento global All Out. Según Mauricio Toro, es fruto de un ejercicio de derecho comparado, donde se observó la legislación en la materia en los pocos países que lo han hecho. El proyecto, además, contó con la revisión del excongresista peruano Alberto de Belaunde, quien impulsó en su país una agenda a favor de los derechos LGBT.

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¿Cuáles son esos países?

La cruzada legal comenzó en Brasil, en 1999, cuando el Consejo Federal de Psicología emitió una resolución que establecía que las prácticas homoeróticas no debían patologizarse y, con ello, prohibía que se hicieran terapias para modificar ese comportamiento. Inicialmente, la ley se refería exclusivamente a la orientación sexual, pero en 2018 se expandió a la identidad de género. Trece años más tarde, Ecuador fue el segundo país del mundo en legislar en la materia. Una primera resolución en 2012 prohibió los ecosieg y una reforma al Código Penal en 2014 hizo de las “terapias” un agravante del delito de tortura.

En 2016, Malta fue el primer país europeo en castigar los ecosieg. La pena es un año de cárcel. Luego, en 2020, una reforma casi idéntica a la maltesa se impartió en Alemania. En adelante, se expandió globalmente el debate. Canadá aprobó en diciembre de 2021 una reforma al Código Penal para encarcelar hasta por cinco años a quienes impartan “terapias de conversión” e incluso envíen a personas a esas “terapias” en otros países. Una semana más tarde, el senado francés legisló que en ese país se prohibían también las terapias, so pena de hasta dos años de cárcel y multas de 30 mil euros. En Chile, también en 2021, se emitió una ley de salud mental que prohibía los ecosieg, aunque esta entró en vigor hasta 2022.

El problema con el consentimiento

El 10 de mayo de 2022, el Parlamento griego votó a favor de restringir los ecosieg, una propuesta originada en el Ministerio de Salud. Con la nueva legislación, los profesionales griegos que ofrezcan o apliquen este tipo de práctica a menores de edad o personas bajo asistencia legal podrán enfrentar cárcel. No obstante, si un mayor de edad desea someterse a una de esas “terapias”, voluntariamente y demostrando un consentimiento explícito, puede hacerlo. Esta excepción la justificó el Parlamento heleno amparándose en el derecho de libre expresión.

Aquí hay un objeto de debate. OLKA, organización griega pro derechos LBGT, expresó descontento con esa legislación. De acuerdo con la entidad, la prohibición debería ser total, pues permitir el consentimiento en mayores de edad implica aceptar que la homosexualidad, en contravía del consenso científico, sí podría ser curada.

Para el representante Mauricio Toro, la ley griega no es un modelo. Según él, “el Estado no puede avalar ninguna forma de tortura, ni siquiera si el sometimiento es voluntario. Sería como avalar que una persona se practique a sí misma una mutilación solo porque ese es su deseo”. El congresista afirma que no se puede moderar la violación de derechos humanos que significan los ecosieg.

Algunos países prohíben los ecosieg de manera parcial, en función de leyes federales. Ese es el caso de México, donde solo ocho de los 31 estados sancionan los ecosieg, así como en Estados Unidos, donde lo hacen 21 de 50. En España las “terapias” se prohíben en las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid, Valencia y Aragón. Sin embargo, el 28 de junio de 2022, se remitió al Legislativo la “ley trans”, la cual, entre varias acciones afirmativas, prohibiría los ecosig en todo el territorio.

Según el informe “Poniéndole límites al engaño”, publicado por la organización ILGA en 2020, para ese año existían proyectos de ley en debate para la prohibición total de los ecosieg en Australia, México, Irlanda, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos y Taiwán.

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