Un canal a marcha forzada

En Managua poca gente lo cree. En la calurosa capital nicaragüense un millón de personas se enfrentan al reto diario de vivir en medio de la pobreza y el desempleo, y no tienen tiempo para detenerse a examinar qué tan cierto es eso de que su país tendrá canal interoceánico para ir del Atlántico al Pacífico.

Los informes de prensa sobre el tema están por todas partes. Odas diarias a la grandeza del país y a los beneficios económicos que traerá la megaobra son publicitadas por los medios de comunicación oficialistas (de los nueve canales de televisión, cuatro son controlados directamente por el gobierno y otros cuatro son de grupos afines al sandinismo), mientras que en los pocos espacios independientes también se habla del tema, pero para dejar interrogantes. ¿Qué tan cierto es que Nicaragua tendrá su propio canal?, ¿cuánto costará?, ¿de dónde saldrá el dinero?, ¿son reales las leyendas sobre oscuros negocios de Wang Jing, el contratista al que el gobierno sandinista le entregó en concesión la obra hasta por un siglo?

El gobierno no responde. Aunque de a poco ha ido soltando datos sobre asuntos genéricos, la letra menuda del negocio permanece aún bajo reserva. Los contactos del sandinismo con Jing parecen ser de vieja data, pero la información comenzó a hacerse pública apenas hace dos años, casi que de manera coincidencial con el fallo de la Corte Internacional de Justicia que le dio a Nicaragua cerca de 75.000 kilómetros cuadrados del mar que rodea a San Andrés.

La última noticia al respecto fue el anuncio de esta semana: las obras comenzarán el 22 de diciembre en el sector Pacífico —por donde será transportada toda la maquinaria pesada— y el canal estará al servicio en 2020. “El gobierno insiste en comenzar la obra este año, pero quedan mucha preguntas sobre la viabilidad económica, comercial y ambiental del canal”, dijo a El Espectador Carlos F. Chamorro, en su set de grabación de Esta Semana, un espacio periodístico independiente que desde Managua investiga las intríngulis de la concesión.

Sobre el primero de sus reparos lo máximo que se sabe es que la obra costará US$50 mil millones, pero existen dudas respecto a la verdadera solvencia del empresario chino, pues una investigación del también periodista Octavio Enríquez, de la revista Confidencial, puso al descubierto que Jing construyó una telaraña de operaciones que involucra a 21 empresas, la mayoría de ellas de maletín, de las cuales 15 están vinculadas con HKND, el consorcio al cual le fue adjudicada la construcción del canal. Algunas de estas entidades son de paraísos fiscales, según Chamorro.

No se sabe si el empresario —quien carece de experiencia en este tipo de negocios— tiene el capital para cumplirles a los nicaragüenses.
La segunda duda sobre el canal, la del tema comercial, tiene que ver con la negativa del gobierno a someter el proyecto a los estudios para calcular la tasa de retorno por la inversión. Es innegable que el canal generará un gran impacto en las finanzas del país y que de su mano podrían desarrollarse proyectos turísticos y financieros, pero nadie parece tener claro cómo ni cuántos recursos generaría.

La tercera pregunta, la de los impactos ambientales, es también generalizada. Chamorro cuestiona, por ejemplo, si ya se tiene calculado el impacto sobre el lago de Nicaragua, en el cual se abrirá una zanja de 500 metros de ancho y 30 de profundidad a lo largo de 105 kilómetros. Incluso el gobierno ha abierto otras inquietudes, al reconocer que hay un listado (que no ha divulgado) de 7.000 personas a las que se les expropiarían sus tierras para algunas de las obras. “Y muchas de esas personas son indígenas a los que ni siquiera se les ha consultado”, le dijo a El Espectador el periodista Ismael López, autor de otra investigación sobre las obras del canal.

Aunque sin respuestas para los grandes interrogantes, las indagaciones de la prensa comenzaron a rendir frutos. Ayer mismo HKND anunció que ya no usará explosivos en las labores de dragado del lago, según informó Kwok Wai Pang, subdirector general de Construcción. Usarán, dijo, técnicas de extracción de sedimentos que no enturbien el líquido, informaron medios locales.

Como si fuera poco, el sandinismo ha negado una y otra vez que Jing tenga nexos con el gobierno chino, lo cual parece haber sido desmentido con las investigaciones de Confidencial, que pusieron en evidencia relaciones de una de las firmas del polémico empresario con el ejército de China.
Las preguntas siguen, mientras el oficialismo responde con frases que invitan a la unidad nacional, pero no despejan los interrogantes. Como lo hizo Edwin Castro, jefe del oficialismo en la plenaria del Legislativo el día de la aprobación de la ley que les da soporte jurídico a las obras del canal: “Hoy es el día más importante para el desarrollo económico de Nicaragua”.

Herederos de una historia de violencia y pobreza, los nicaragüenses ya no miran con el mismo entusiasmo la revolución. De hecho, en los círculos intelectuales y hasta en la minoritaria bancada de oposición en el Congreso se habla ya de que sería paradójico haber luchado durante años contra el fantasma de la invasión de EE.UU. para terminar ahora, por cuenta de un mal negocio, empeñados a China, el que resultaría ser el verdadero inversionista detrás del enigmático Jing.

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