¿Una comisión de la verdad para examinar al gobierno Trump?

Siguiendo los pasos de Sudáfrica luego del apartheid, Alemania tras la reunificación y Argentina después de la dictadura, a Estados Unidos le puede estar llegando el turno de instalar una comisión de la verdad para iniciar un proceso formal de búsqueda de la reconciliación y justicia en el país, entendiendo que lo primero depende más de los ciudadanos que de la misma comisión, y que lo segundo les compete a las Cortes.

La idea no es nueva, pues desde hace más de una década varias organizaciones han pedido la creación de una comisión para examinar la larga historia de injusticia racial en la nación. Sin embargo, lo que se está sugiriendo ahora va más allá de la sanación de las divisiones raciales: una comisión de la verdad para examinar en profundidad los errores que cometió el gobierno de Donald Trump y todas sus irregularidades.

No hay que ver esta propuesta como un reemplazo de un tribunal ordinario para juzgar a los responsables de los delitos cometidos en el último período presidencial, sino como un mecanismo que podría complementar el trabajo de las instituciones —que debe ser reforzado también—, y para encontrar formas de reparación, conmemoración y, especialmente, crear así una pieza documental para garantizar que la historia no se repita.

De los cuatro años de Trump en la Casa Blanca hay denuncias muy graves. La separación de familias migrantes en la frontera sur, por ejemplo, fue una política inhumana y negligente. Los funcionarios encargados de este proceso no recogieron los datos personales de los niños y sus acompañantes, lo que hace casi imposible el reencuentro entre estos. Más de 500 niños migrantes separados de sus padres podrían no volver a ver a sus familiares nunca, pues no se tiene idea de dónde están y algunos eran muy pequeños —de un año, incluso— para recordar quiénes eran.

Por otro lado, Trump malgastó el recurso más importante durante la pandemia: el tiempo. A medida que Estados Unidos se acercaba a las más de 400.000 muertes por COVID-19, los expertos en salud aumentaban sus críticas al gobierno saliente por “tener sangre en sus manos”. “Lo que es tan preocupante acerca de esta pérdida de vidas es que se pudo prevenir”, señaló el doctor Steven Woolf, director del Centro de Sociedad y Salud, de la Virginia Commonwealth University.

Además de no adoptar una buena estrategia para combatir el virus y hacer caso omiso a los científicos, Trump politizó la ayuda, las pruebas y las vacunas; gastó recursos en tratamientos no probados en contra de lo que sugerían los expertos, obstaculizó las investigaciones, retiró al personal calificado para manejar la crisis, retuvo a migrantes en condiciones insalubres y se multiplicaron sus conflictos de intereses. Se concedieron licitaciones dudosas a su círculo cercano para proporcionarle suministros al gobierno, aunque no habían demostrado tener la capacidad para hacerlo, por ejemplo.

También están los hechos que rodean el asalto al Capitolio en Washington D. C., comenzando por el papel de Trump en las elecciones: los ataques a los esfuerzos de los estados por facilitar el voto por correo y su teoría de fraude electoral. La representante Mikie Sherrill afirmó que algunos colegas republicanos le hicieron un tour por el recinto a personas sospechosas de participar en el asalto un día antes de la insurrección. Este y otros señalamientos sugieren que hubo participación y complicidad de algunas figuras republicanas en el ataque, además de financiación por parte de fundaciones conservadoras y cristianas. Todo esto hace que la investigación del gobierno anterior sea urgente.

“Una comisión no solo es recomendable, es necesaria”, dijo Donald Sherman, subdirector del grupo de vigilancia gubernamental Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, a Business Insider.Varias voces demócratas, como la senadora Elizabeth Warren, el senador Joe Manchin y la representante Rashida Tlaib, han apoyado la iniciativa. Pero esta no deja de ser una propuesta controvertida, por lo que ha despertado rechazo de varios sectores. Jill Lepore, profesora de Historia Estadounidense en la Universidad de Harvard, considera que esta es una idea terrible porque, en primer lugar, piensa que una comisión de la verdad es válida solo en casos como una guerra o cuando hay una “transición del autoritarismo a un gobierno democrático”.

El hecho de que Estados Unidos ya sea una democracia y no haya experimentado una transición de una dictadura, o que no haya tenido una guerra civil en los últimos cuatro años —aunque los hechos sugieren que estuvo cerca de estos dos escenarios— no significa que el país no se beneficie de una comisión de la verdad.

Muchos de los procesos de este tipo se han hecho sin que su punto central sea una transición política. Este es un mecanismo que ofrece, además de un complemento a la justicia, un foro para escuchar a las víctimas y comunidades afectadas por violaciones a los derechos humanos. Y de eso sí se ha visto mucho en el gobierno Trump.

Lepore también dice que en la democracia estadounidense hay instituciones que pueden ocuparse de que los responsables respondan. Obvia el hecho de que todos los organismos de control y los contrapoderes han fallado durante la era Trump, y eso hace precisamente necesaria una alternativa como la comisión de la verdad. Pero Lepore también toca otro punto clave: rechaza los esfuerzos de una comisión de la verdad porque lo ve como un intento de venganza y una “caza de brujas” de los demócratas que resulta, como también piensan muchos, perjudicial para la nación, pues el gobierno entrante no debería dedicarse a emitir un veredicto sobre los perdedores y el presidente saliente. Y con esto Lepore tiene razón, pero en el fondo. No porque los demócratas, necesariamente, estén buscando venganza, sino porque mientras esta comisión no tenga apoyo bipartidista, el proceso estará destinado al fracaso y a levantar más divisiones políticas y sociales.

Los republicanos, en su gran mayoría, son partícipes de las violaciones de Trump a los derechos humanos: cooperaron en la política de separación de migrantes, en la pésima gestión de la pandemia y en la teoría del supuesto fraude. Por esa razón, ellos buscan, como pasó con administraciones anteriores como la de Richard Nixon y George W. Bush, pasar la página rápido. Esta se ha convertido en una norma en la política nacional: “Mirar adelante”. Pero esto ha condicionado al país a nunca aprender de sus errores. Mirar hacia adelante sin analizar el pasado solo permitirá que el problema continúe creciendo y también que este vuelva a subir al poder.

“No responsabilizar a quienes abusan de su poder les indica a los futuros abusadores que todos serán perdonados. Les dice a quienes están en el poder que pueden cometer atrocidades mientras ocupan el cargo, porque nadie vendrá por ellos cuando estén del otro lado” , escribió la periodista de justicia Elie Mystal, en The Nation.

Y eso es lo que ha pasado. Luego de que Obama pasó la página hace doce años, los delitos del gobierno Bush quedaron en el olvido. Eso permitió que figuras como Gina Haspel, involucrada en el programa de torturas de EE. UU. volviera a un cargo público con Trump, como directora de la CIA.

Siguiendo los pasos de Sudáfrica luego del apartheid, Alemania tras la reunificación y Argentina después de la dictadura, a Estados Unidos le puede estar llegando el turno de instalar una comisión de la verdad para iniciar un proceso formal de búsqueda de la reconciliación y justicia en el país, entendiendo que lo primero depende más de los ciudadanos que de la misma comisión, y que lo segundo les compete a las Cortes.

La idea no es nueva, pues desde hace más de una década varias organizaciones han pedido la creación de una comisión para examinar la larga historia de injusticia racial en la nación. Sin embargo, lo que se está sugiriendo ahora va más allá de la sanación de las divisiones raciales: una comisión de la verdad para examinar en profundidad los errores que cometió el gobierno de Donald Trump y todas sus irregularidades.

No hay que ver esta propuesta como un reemplazo de un tribunal ordinario para juzgar a los responsables de los delitos cometidos en el último período presidencial, sino como un mecanismo que podría complementar el trabajo de las instituciones —que debe ser reforzado también—, y para encontrar formas de reparación, conmemoración y, especialmente, crear así una pieza documental para garantizar que la historia no se repita.

De los cuatro años de Trump en la Casa Blanca hay denuncias muy graves. La separación de familias migrantes en la frontera sur, por ejemplo, fue una política inhumana y negligente. Los funcionarios encargados de este proceso no recogieron los datos personales de los niños y sus acompañantes, lo que hace casi imposible el reencuentro entre estos. Más de 500 niños migrantes separados de sus padres podrían no volver a ver a sus familiares nunca, pues no se tiene idea de dónde están y algunos eran muy pequeños —de un año, incluso— para recordar quiénes eran.

Por otro lado, Trump malgastó el recurso más importante durante la pandemia: el tiempo. A medida que Estados Unidos se acercaba a las más de 400.000 muertes por COVID-19, los expertos en salud aumentaban sus críticas al gobierno saliente por “tener sangre en sus manos”. “Lo que es tan preocupante acerca de esta pérdida de vidas es que se pudo prevenir”, señaló el doctor Steven Woolf, director del Centro de Sociedad y Salud, de la Virginia Commonwealth University.

Además de no adoptar una buena estrategia para combatir el virus y hacer caso omiso a los científicos, Trump politizó la ayuda, las pruebas y las vacunas; gastó recursos en tratamientos no probados en contra de lo que sugerían los expertos, obstaculizó las investigaciones, retiró al personal calificado para manejar la crisis, retuvo a migrantes en condiciones insalubres y se multiplicaron sus conflictos de intereses. Se concedieron licitaciones dudosas a su círculo cercano para proporcionarle suministros al gobierno, aunque no habían demostrado tener la capacidad para hacerlo, por ejemplo.

También están los hechos que rodean el asalto al Capitolio en Washington D. C., comenzando por el papel de Trump en las elecciones: los ataques a los esfuerzos de los estados por facilitar el voto por correo y su teoría de fraude electoral. La representante Mikie Sherrill afirmó que algunos colegas republicanos le hicieron un tour por el recinto a personas sospechosas de participar en el asalto un día antes de la insurrección. Este y otros señalamientos sugieren que hubo participación y complicidad de algunas figuras republicanas en el ataque, además de financiación por parte de fundaciones conservadoras y cristianas. Todo esto hace que la investigación del gobierno anterior sea urgente.

“Una comisión no solo es recomendable, es necesaria”, dijo Donald Sherman, subdirector del grupo de vigilancia gubernamental Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, a Business Insider.Varias voces demócratas, como la senadora Elizabeth Warren, el senador Joe Manchin y la representante Rashida Tlaib, han apoyado la iniciativa. Pero esta no deja de ser una propuesta controvertida, por lo que ha despertado rechazo de varios sectores. Jill Lepore, profesora de Historia Estadounidense en la Universidad de Harvard, considera que esta es una idea terrible porque, en primer lugar, piensa que una comisión de la verdad es válida solo en casos como una guerra o cuando hay una “transición del autoritarismo a un gobierno democrático”.

El hecho de que Estados Unidos ya sea una democracia y no haya experimentado una transición de una dictadura, o que no haya tenido una guerra civil en los últimos cuatro años —aunque los hechos sugieren que estuvo cerca de estos dos escenarios— no significa que el país no se beneficie de una comisión de la verdad.

Muchos de los procesos de este tipo se han hecho sin que su punto central sea una transición política. Este es un mecanismo que ofrece, además de un complemento a la justicia, un foro para escuchar a las víctimas y comunidades afectadas por violaciones a los derechos humanos. Y de eso sí se ha visto mucho en el gobierno Trump.

Lepore también dice que en la democracia estadounidense hay instituciones que pueden ocuparse de que los responsables respondan. Obvia el hecho de que todos los organismos de control y los contrapoderes han fallado durante la era Trump, y eso hace precisamente necesaria una alternativa como la comisión de la verdad. Pero Lepore también toca otro punto clave: rechaza los esfuerzos de una comisión de la verdad porque lo ve como un intento de venganza y una “caza de brujas” de los demócratas que resulta, como también piensan muchos, perjudicial para la nación, pues el gobierno entrante no debería dedicarse a emitir un veredicto sobre los perdedores y el presidente saliente. Y con esto Lepore tiene razón, pero en el fondo. No porque los demócratas, necesariamente, estén buscando venganza, sino porque mientras esta comisión no tenga apoyo bipartidista, el proceso estará destinado al fracaso y a levantar más divisiones políticas y sociales.

Los republicanos, en su gran mayoría, son partícipes de las violaciones de Trump a los derechos humanos: cooperaron en la política de separación de migrantes, en la pésima gestión de la pandemia y en la teoría del supuesto fraude. Por esa razón, ellos buscan, como pasó con administraciones anteriores como la de Richard Nixon y George W. Bush, pasar la página rápido. Esta se ha convertido en una norma en la política nacional: “Mirar adelante”. Pero esto ha condicionado al país a nunca aprender de sus errores. Mirar hacia adelante sin analizar el pasado solo permitirá que el problema continúe creciendo y también que este vuelva a subir al poder.

“No responsabilizar a quienes abusan de su poder les indica a los futuros abusadores que todos serán perdonados. Les dice a quienes están en el poder que pueden cometer atrocidades mientras ocupan el cargo, porque nadie vendrá por ellos cuando estén del otro lado” , escribió la periodista de justicia Elie Mystal, en The Nation.

Y eso es lo que ha pasado. Luego de que Obama pasó la página hace doce años, los delitos del gobierno Bush quedaron en el olvido. Eso permitió que figuras como Gina Haspel, involucrada en el programa de torturas de EE. UU. volviera a un cargo público con Trump, como directora de la CIA.