'Una rectificación imposible'

Extra, un diario sensacionalista de Ecuador, irá a juicio penal con la Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom) por no rectificar dos titulares. El editor general de ese periódico, Juan Manuel Yépez, dice que “la rectificación exigida es simplemente imposible”.

La noticia: el 21 de noviembre del año pasado el rector de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo (Espoch), Romeo Raúl Rodríguez, asistió junto a la relacionista pública de la misma institución, Carola Donoso, a una reunión en Quito, en la Secretaría Técnica de Ciencia y Tecnología. El 22 de noviembre, cuando regresaban de Quito, ambos murieron en un accidente de tránsito. El 23 de noviembre, el diario Extra publicó la noticia en primera página con el título “¡De la reunión a la tumba!” y con fotos del accidente.

Durante las honras fúnebres, a Carola Donoso se le entregó el título post mortem de licenciada en comunicación social de la Universidad Nacional del Chimborazo. Un día después, el 24 de noviembre, Extra volvió a sacar la noticia en primera página: “¡Se fue al cielo con título de licenciada!”.

Los títulos y las imágenes usadas no fueron del agrado de algunos funcionarios de la Espoch, que el 29 de noviembre presentaron una queja ante la Supercom. El superintendente, Carlos Ochoa, emitió una resolución el 17 de diciembre en la que le exigía a Extra pedir disculpas públicas y rectificar los titulares. También lo acusaba de haber manipulado una de las fotografías.

La Espoch emitió un boletín en el que calificó la resolución de la Superintendencia como “un hito histórico, jurídico, pero también humano y colectivo en contra las malas prácticas comunicacionales de ciertos medios de información que irrespetan las normas deontológicas del periodismo”.

Juan Manuel Yépez, editor general de Extra, dio su versión a El Espectador: “El 17 de diciembre nos sancionaron violando el debido proceso que garantizan la Ley de Comunicación y la Constitución de Ecuador. Nos debieron notificar de que había una queja de la Escuela Politécnica; teníamos cinco días para presentar nuestras pruebas de descargo, después íbamos a una audiencia y ahí se dirimía el problema, pero no fue así. Fuimos sancionados de manera unilateral y acusados de algo gravísimo como manipular imágenes, lo que equivale a mentir, a un delito”.

Al recibir el pedido de rectificación, Extra presentó un recurso de reposición y protestó por recibir una sanción sin ser notificado. “Pedimos el debido proceso, según lo garantiza el artículo 23 de la Ley de Comunicación. Ese artículo dice que todas las personas tienen derecho a que los medios rectifiquen la información que se difundió sobre ellos o sus familiares o los asuntos a su cargo, cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información publicada. En este caso no había deficiencias: ¿por qué murieron Rodríguez y Donoso? Por un accidente. ¿Dónde estaban antes de morir? En una reunión. ¿Dónde están sus restos? En una tumba. ¡De la reunión a la tumba!”.

La Supercom rechazó el recurso de reposición y alegó que la amonestación escrita no constituye sanción, por lo que no requiere seguir el debido proceso. También insistió en la rectificación solicitada. Sin embargo, en esa insistencia, según Yépez, el superintendente omitió la manipulación de las imágenes. “Cuando hace esto nosotros demandamos el caso ante un tribunal contencioso, vamos a otra instancia legal superior para poder presentar nuestros argumentos y que la Supercom haga lo propio”.

El 3 de enero la Espoch presentó otra queja, porque no había rectificación; entonces la Supercom citó al diario Extra a una audiencia para el 22 de enero. “A través de un escrito jurídico nos excusamos de asistir porque consideramos que ya habíamos sido juzgados el 17 de diciembre unilateralmente. La Supercom tomó esto como que no asistimos y el 31 de enero nos notificó con la resolución 007 y nos volvió a sancionar por la misma falta. Eso lo prohíbe la Constitución: ¡nadie puede ser juzgado por lo mismo dos veces!”, dice Yépez.

En vista de que el diario no rectificaba, el 10 de febrero el superintendente anunció que iniciaría un proceso administrativo contra Extra por posible reincidencia y que remitiría el caso a la Fiscalía por presunto delito de “desobediencia a la autoridad”. Yépez no teme: “Vamos a la Fiscalía, vamos a defendernos en el proceso penal, exigiremos que se nos pruebe que manipulamos la foto. No nos estamos resistiendo, pedimos que nos digan dónde nos equivocamos. Si demuestran que me he equivocado, pues rectifico, pero hasta el momento no lo han hecho”.

Aunque falta un largo camino para que la justicia dicte un veredicto sobre el caso Extra, la conclusión de Yépez es que lo que les molesta a los de la Espoch y a la Supercom no es tanto la supuesta falta en la veracidad de la información: “La ley me pide que publique información verificada, contextualizada y oportuna, y cumplimos esos parámetros. Al parecer lo que les molesta es el estilo del periódico, pero el problema es que la ley no sanciona el estilo, sólo regula cosas fácticas”.

En su defensa, Extra publicó un editorial titulado “El derecho a un estilo propio”, en el que alega que “sancionar un estilo periodístico resulta un despropósito sin ningún asidero legal. Y peor si, para hacerlo, la autoridad administrativa ni siquiera concede el derecho a la defensa, pues de un plumazo, sin notificación previa, simplemente emite una resolución sancionatoria, por cargos sobre los cuales nunca el sancionado tuvo oportunidad siquiera de emitir sus puntos de vista. Eso es pura arbitrariedad y pisoteo de elementales principios legales, con clara intención intimidatoria”.

dsalgar@elespectador.com

@DanielSalgar1

Extra, un diario sensacionalista de Ecuador, irá a juicio penal con la Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom) por no rectificar dos titulares. El editor general de ese periódico, Juan Manuel Yépez, dice que “la rectificación exigida es simplemente imposible”.

La noticia: el 21 de noviembre del año pasado el rector de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo (Espoch), Romeo Raúl Rodríguez, asistió junto a la relacionista pública de la misma institución, Carola Donoso, a una reunión en Quito, en la Secretaría Técnica de Ciencia y Tecnología. El 22 de noviembre, cuando regresaban de Quito, ambos murieron en un accidente de tránsito. El 23 de noviembre, el diario Extra publicó la noticia en primera página con el título “¡De la reunión a la tumba!” y con fotos del accidente.

Durante las honras fúnebres, a Carola Donoso se le entregó el título post mortem de licenciada en comunicación social de la Universidad Nacional del Chimborazo. Un día después, el 24 de noviembre, Extra volvió a sacar la noticia en primera página: “¡Se fue al cielo con título de licenciada!”.

Los títulos y las imágenes usadas no fueron del agrado de algunos funcionarios de la Espoch, que el 29 de noviembre presentaron una queja ante la Supercom. El superintendente, Carlos Ochoa, emitió una resolución el 17 de diciembre en la que le exigía a Extra pedir disculpas públicas y rectificar los titulares. También lo acusaba de haber manipulado una de las fotografías.

La Espoch emitió un boletín en el que calificó la resolución de la Superintendencia como “un hito histórico, jurídico, pero también humano y colectivo en contra las malas prácticas comunicacionales de ciertos medios de información que irrespetan las normas deontológicas del periodismo”.

Juan Manuel Yépez, editor general de Extra, dio su versión a El Espectador: “El 17 de diciembre nos sancionaron violando el debido proceso que garantizan la Ley de Comunicación y la Constitución de Ecuador. Nos debieron notificar de que había una queja de la Escuela Politécnica; teníamos cinco días para presentar nuestras pruebas de descargo, después íbamos a una audiencia y ahí se dirimía el problema, pero no fue así. Fuimos sancionados de manera unilateral y acusados de algo gravísimo como manipular imágenes, lo que equivale a mentir, a un delito”.

Al recibir el pedido de rectificación, Extra presentó un recurso de reposición y protestó por recibir una sanción sin ser notificado. “Pedimos el debido proceso, según lo garantiza el artículo 23 de la Ley de Comunicación. Ese artículo dice que todas las personas tienen derecho a que los medios rectifiquen la información que se difundió sobre ellos o sus familiares o los asuntos a su cargo, cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información publicada. En este caso no había deficiencias: ¿por qué murieron Rodríguez y Donoso? Por un accidente. ¿Dónde estaban antes de morir? En una reunión. ¿Dónde están sus restos? En una tumba. ¡De la reunión a la tumba!”.

La Supercom rechazó el recurso de reposición y alegó que la amonestación escrita no constituye sanción, por lo que no requiere seguir el debido proceso. También insistió en la rectificación solicitada. Sin embargo, en esa insistencia, según Yépez, el superintendente omitió la manipulación de las imágenes. “Cuando hace esto nosotros demandamos el caso ante un tribunal contencioso, vamos a otra instancia legal superior para poder presentar nuestros argumentos y que la Supercom haga lo propio”.

El 3 de enero la Espoch presentó otra queja, porque no había rectificación; entonces la Supercom citó al diario Extra a una audiencia para el 22 de enero. “A través de un escrito jurídico nos excusamos de asistir porque consideramos que ya habíamos sido juzgados el 17 de diciembre unilateralmente. La Supercom tomó esto como que no asistimos y el 31 de enero nos notificó con la resolución 007 y nos volvió a sancionar por la misma falta. Eso lo prohíbe la Constitución: ¡nadie puede ser juzgado por lo mismo dos veces!”, dice Yépez.

En vista de que el diario no rectificaba, el 10 de febrero el superintendente anunció que iniciaría un proceso administrativo contra Extra por posible reincidencia y que remitiría el caso a la Fiscalía por presunto delito de “desobediencia a la autoridad”. Yépez no teme: “Vamos a la Fiscalía, vamos a defendernos en el proceso penal, exigiremos que se nos pruebe que manipulamos la foto. No nos estamos resistiendo, pedimos que nos digan dónde nos equivocamos. Si demuestran que me he equivocado, pues rectifico, pero hasta el momento no lo han hecho”.

Aunque falta un largo camino para que la justicia dicte un veredicto sobre el caso Extra, la conclusión de Yépez es que lo que les molesta a los de la Espoch y a la Supercom no es tanto la supuesta falta en la veracidad de la información: “La ley me pide que publique información verificada, contextualizada y oportuna, y cumplimos esos parámetros. Al parecer lo que les molesta es el estilo del periódico, pero el problema es que la ley no sanciona el estilo, sólo regula cosas fácticas”.

En su defensa, Extra publicó un editorial titulado “El derecho a un estilo propio”, en el que alega que “sancionar un estilo periodístico resulta un despropósito sin ningún asidero legal. Y peor si, para hacerlo, la autoridad administrativa ni siquiera concede el derecho a la defensa, pues de un plumazo, sin notificación previa, simplemente emite una resolución sancionatoria, por cargos sobre los cuales nunca el sancionado tuvo oportunidad siquiera de emitir sus puntos de vista. Eso es pura arbitrariedad y pisoteo de elementales principios legales, con clara intención intimidatoria”.

dsalgar@elespectador.com

@DanielSalgar1