Migración Colombia por qué no dejó entrar a activista de DD. HH.
En un comunicado de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos se denunció el maltrato y la deportación del activista Juan Grabois. Migración Colombia asegura que durante su ingreso al país el sistema arrojó una alerta sobre
La llegada a Colombia de la denominada Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, en donde convergen varias organizaciones latinoamericanas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, desató polémica luego de que denunciaran la deportación y el maltrato físico de uno de sus integrantes, Juan Grabois. Migración Colombia afirmó por su parte queel ciudadano argentino trató mal a funcionario que lo atendía y que su acceso fue denegado porque el sistema alertó que tenía el pasaporte vencido.
La misión internacional, a través de un comunicado, afirmó: “Denunciamos que no le permitieron el ingreso a Colombia, bajo argumentos falaces y arbitrarios, ya que mientras negaban su ingreso, otros 18 integrantes pasaron sin problemas, con la misma documentación y cartas de invitación. Por tal motivo desde la Misión Internacional convocamos a medios nacionales e internacionales a la Conferencia de prensa que realizaremos para denunciar estos hechos”.
Además, recordaron que entre sus objetivos está “el relevamiento de situaciones de violación a los DD.HH en el marco del Paro Nacional, elaborar un informe minucioso que, de corresponder, tienda a visibilizarlas y denunciarlas a nivel nacional e internacional tal como prevé el Protocolo de Estambul suscripto por el propio estado Colombiano. Finalmente, busca contribuir a la articulación internacional en defensa de los DD.HH en toda la región”.
Por su parte, : “Un ciudadano de nacionalidad argentina, quien se negó a que se le realizara una verificación a sus documentos, luego de que el sistema arrojara una alerta por vencimiento de su pasaporte y faltó al respeto al Oficial de Migración y al Supervisor a cargo, fue inadmitido de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2 del Decreto 1727 del 21 de diciembre de 2020″.
Y agregaron: “El extranjero quien, de forma vehemente, exigía su ingreso al país, basado en quién era y quiénes lo habían invitado, fue dejado a disposición de la aerolínea, con el fin de que se cumpla la orden de inadmisión. Migración Colombia rechaza este tipo de comportamientos, así como las presiones ejercidas para autorizar su ingreso, e invita a los ciudadanos nacionales y extranjeros, a respetar la normatividad nacional, así como al Oficial de Migración”.
Los miembros de estas organizaciones estarán en el país hasta el próximo 2 de junio e iniciarán su recorrido por Bogotá, con la intención de generar un informe minucioso que pueda visibilizar a nivel internacional la situación de derechos humanos y de violencia policial en medio de las marchas en Colombia.
La misión está conformada por 21 personas, dentro de las que encuentran Juan Grabois; Leonardo Pérez, hijo del nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel; Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado; Marianela Navarro, Alejandro Rusconi y Laura González Velazco, entre otros.
La CIDH insiste en entrar a Colombia
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH), un órgano de la OEA, reiteró el martes la relevancia de realizar “a la brevedad posible” una visita de trabajo a Colombia, un país sacudido desde fines de abril por masivas protestas que han generado alarma internacional. “La CIDH reconoce la oportunidad de diálogo con el Estado colombiano y enfatiza la importancia de una visita de trabajo a la brevedad posible”, señaló la entidad tras reunirse con la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez.
En un comunicado, la Comisión “expresó preocupación por los resultados del uso desproporcionado de la fuerza y denuncias de violencia sexual” y dijo que “seguirá monitoreando” los sucesos en el país sudamericano. La CIDH solicitó el 14 de mayo la anuencia del gobierno de Iván Duque para evaluar “in situ” la situación de derechos humanos en Colombia, pero, de gira esta semana por Estados Unidos, Ramírez no consideró que por ahora sea pertinente.
“En este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea”, dijo el lunes a periodistas en Washington, tras conversar con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien también elevó una solicitud de visita.
Este martes, Ramírez destacó la iniciativa del gobierno de Duque de reunirse con la CIDH, prometió enviarle información sobre las protestas y la invitó a realizar la visita luego de la audiencia pública de oficio sobre la situación en Colombia, prevista para el 29 de junio en el 180 Período de Sesiones de la Comisión.
“¡El país siempre cooperará con este organismo!”, tuiteó Ramírez. “Vamos a definir conjuntamente un formato que asegure que la Comisión tenga la oportunidad de escuchar a los distintos sectores y actores afectados por el paro, primando así la transparencia en la entrega de información”, prometió.
Al pedir la visita, la CIDH señaló reportes de “personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas”. Agregó que también recibió informes de “agresiones y actos vandálicos contra agentes de policía y propiedades del Estado”.
Desde el 28 de abril, el estallido social en Colombia, desatado tras un proyecto de reforma fiscal que Duque ya retiró, deja al menos 43 muertos, casi todos civiles, y más de 2.000 heridos, mientras persisten 84 cierres viales que afectan particularmente a departamentos del oeste del país.
La respuesta del gobierno de Duque generó condenas de las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y oenegés internacionales. Estados Unidos, que ha patrocinado durante décadas el combate contra el narcotráfico, permitiendo equipar y capacitar a la fuerza pública en su lucha contra las guerrillas, ha denunciado los abusos cometidos por la policía en la represión de las protestas.
La llegada a Colombia de la denominada Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, en donde convergen varias organizaciones latinoamericanas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, desató polémica luego de que denunciaran la deportación y el maltrato físico de uno de sus integrantes, Juan Grabois. Migración Colombia afirmó por su parte queel ciudadano argentino trató mal a funcionario que lo atendía y que su acceso fue denegado porque el sistema alertó que tenía el pasaporte vencido.
La misión internacional, a través de un comunicado, afirmó: “Denunciamos que no le permitieron el ingreso a Colombia, bajo argumentos falaces y arbitrarios, ya que mientras negaban su ingreso, otros 18 integrantes pasaron sin problemas, con la misma documentación y cartas de invitación. Por tal motivo desde la Misión Internacional convocamos a medios nacionales e internacionales a la Conferencia de prensa que realizaremos para denunciar estos hechos”.
Además, recordaron que entre sus objetivos está “el relevamiento de situaciones de violación a los DD.HH en el marco del Paro Nacional, elaborar un informe minucioso que, de corresponder, tienda a visibilizarlas y denunciarlas a nivel nacional e internacional tal como prevé el Protocolo de Estambul suscripto por el propio estado Colombiano. Finalmente, busca contribuir a la articulación internacional en defensa de los DD.HH en toda la región”.
Por su parte, : “Un ciudadano de nacionalidad argentina, quien se negó a que se le realizara una verificación a sus documentos, luego de que el sistema arrojara una alerta por vencimiento de su pasaporte y faltó al respeto al Oficial de Migración y al Supervisor a cargo, fue inadmitido de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2 del Decreto 1727 del 21 de diciembre de 2020″.
Y agregaron: “El extranjero quien, de forma vehemente, exigía su ingreso al país, basado en quién era y quiénes lo habían invitado, fue dejado a disposición de la aerolínea, con el fin de que se cumpla la orden de inadmisión. Migración Colombia rechaza este tipo de comportamientos, así como las presiones ejercidas para autorizar su ingreso, e invita a los ciudadanos nacionales y extranjeros, a respetar la normatividad nacional, así como al Oficial de Migración”.
Los miembros de estas organizaciones estarán en el país hasta el próximo 2 de junio e iniciarán su recorrido por Bogotá, con la intención de generar un informe minucioso que pueda visibilizar a nivel internacional la situación de derechos humanos y de violencia policial en medio de las marchas en Colombia.
La misión está conformada por 21 personas, dentro de las que encuentran Juan Grabois; Leonardo Pérez, hijo del nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel; Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado; Marianela Navarro, Alejandro Rusconi y Laura González Velazco, entre otros.
La CIDH insiste en entrar a Colombia
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH), un órgano de la OEA, reiteró el martes la relevancia de realizar “a la brevedad posible” una visita de trabajo a Colombia, un país sacudido desde fines de abril por masivas protestas que han generado alarma internacional. “La CIDH reconoce la oportunidad de diálogo con el Estado colombiano y enfatiza la importancia de una visita de trabajo a la brevedad posible”, señaló la entidad tras reunirse con la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez.
En un comunicado, la Comisión “expresó preocupación por los resultados del uso desproporcionado de la fuerza y denuncias de violencia sexual” y dijo que “seguirá monitoreando” los sucesos en el país sudamericano. La CIDH solicitó el 14 de mayo la anuencia del gobierno de Iván Duque para evaluar “in situ” la situación de derechos humanos en Colombia, pero, de gira esta semana por Estados Unidos, Ramírez no consideró que por ahora sea pertinente.
“En este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea”, dijo el lunes a periodistas en Washington, tras conversar con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien también elevó una solicitud de visita.
Este martes, Ramírez destacó la iniciativa del gobierno de Duque de reunirse con la CIDH, prometió enviarle información sobre las protestas y la invitó a realizar la visita luego de la audiencia pública de oficio sobre la situación en Colombia, prevista para el 29 de junio en el 180 Período de Sesiones de la Comisión.
“¡El país siempre cooperará con este organismo!”, tuiteó Ramírez. “Vamos a definir conjuntamente un formato que asegure que la Comisión tenga la oportunidad de escuchar a los distintos sectores y actores afectados por el paro, primando así la transparencia en la entrega de información”, prometió.
Al pedir la visita, la CIDH señaló reportes de “personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas”. Agregó que también recibió informes de “agresiones y actos vandálicos contra agentes de policía y propiedades del Estado”.
Desde el 28 de abril, el estallido social en Colombia, desatado tras un proyecto de reforma fiscal que Duque ya retiró, deja al menos 43 muertos, casi todos civiles, y más de 2.000 heridos, mientras persisten 84 cierres viales que afectan particularmente a departamentos del oeste del país.
La respuesta del gobierno de Duque generó condenas de las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y oenegés internacionales. Estados Unidos, que ha patrocinado durante décadas el combate contra el narcotráfico, permitiendo equipar y capacitar a la fuerza pública en su lucha contra las guerrillas, ha denunciado los abusos cometidos por la policía en la represión de las protestas.