Acompañado por decenas de militares con armas de asalto, y encomendándose a las presuntas enseñanzas de Dios, Bukele irrumpió el domingo en el Congreso amenazando a los diputados con llamar al pueblo a la insurrección si no cumplían con sus deseos.
Dicho artículo “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección” para “restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución”.
El conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo tiene su origen en la financiación de la tercera fase del Plan Control Territorial, con el que el gobierno busca combatir a las pandillas y el crimen organizado en el país, azotado por la violencia.
Para ello, el gobierno de Bukele pidió un préstamo por US$109 millones otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el que ha dicho planea adquirir equipos tecnológicas, helicópteros y un buque valorado en US$26 millones.
Sin embargo, el Parlamento no ha querido darle luz verde, pues los diputados de los partidos de oposición, que juntos suman sesenta votos (suficientes para ser mayoría), aseguran que el Ejecutivo no ha especificado concretamente cómo serán gastados los fondos.
Este conflicto hizo que Bukele, el pasado viernes, convocara a los ciudadanos a presentarse el domingo a la sede de la Asamblea Legislativa para presionar y exigir la aprobación de dicho préstamo. La situación se agravó más cuando, con la presencia de policías y militares, el presidente irrumpió en la sede del Parlamento para dar inicio a “una sesión extraordinaria”, que, dicho sea de paso, no había sido aprobada por la Asamblea, como lo estipula la Constitución salvadoreña.
“Cuando los funcionarios rompen el orden constitucional, el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios”, arengó Bukele.
La decisión de Bukele de invocar el “derecho a la insurrección” fue criticada el domingo por organizaciones de derechos humanos locales y organismos internacionales. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó el domingo a las partes a dialogar y pidió respeto a las instituciones democráticas y el respeto a las leyes, incluyendo la independencia de los poderes del Estado. En la misma línea se pronunció la ONG Human Rights Watch, que a través de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, rechazó las acciones del Ejecutivo salvadoreño.
Pero Bukele no se inmuta y el domingo, en la sede de la Asamblea, subrayó que si los diputados no aprueban el préstamo el Consejo de Ministros los va a volver a citar y “si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución”.
Ante las amenazas desde el Ejecutivo, los partidos opositores de izquierda y derecha, que cuentan con la mayoría calificada del Parlamento, pidieron la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU.