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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió este miércoles suspender la participación de Nicaragua en el bloque regional por lo que consideró una arremetida sin precedentes del gobierno de Daniel Ortega contra sus opositores. En una carta divulgada en su cuenta en Twitter, Almagro consideró que en Nicaragua se produjo una “alteración del orden constitucional” según estipula la Carta Democrática Interamericana, el instrumento regional de defensa de la institucionalidad.
Además, recordó que Nicaragua incumplió la resolución de la última Asamblea General de la OEA, en octubre pasado, por la cual se fijó mayo de este año como plazo para la implementación de reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes en el país centroamericano. Por esto, Almagro solicitó al Consejo Permanente, que reúne a los 34 miembros activos de la OEA, realizar una reunión de urgencia para “considerarse la activación de los mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”.
El Artículo 21 establece que un país puede ser suspendido de la OEA si dos tercios de los estados miembros deciden que se ha producido la “ruptura del orden democrático” y “las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”. La suspensión, que debe ser votada en una Asamblea General, órgano máximo de la OEA, entraría en vigor de inmediato. Pero la Carta establece que el país suspendido debe seguir cumpliendo sus obligaciones “en particular en materia de derechos humanos”, y que la OEA seguirá realizando gestiones diplomáticas para restaurar la democracia.
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Además, la detención de al menos siete opositores, entre ellos cuatro aspirantes a la presidencia de Nicaragua, bajo cargos de “incitar la intervención extranjera”, provocó nuevas condenas y sanciones de Estados Unidos y la comunidad internacional contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH), entre otros, condenaron los arrestos de los opositores y demandaron su libertad inmediata.
El excanciller José Pallais fue el último capturado, en la ciudad de León, en medio de una redada contra líderes de la oposición que comenzó el 2 de junio con el arresto domiciliar a la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro. La policía investiga a Pallais por “incitar la intervención extranjera en los asuntos internos”, “pedir intervenciones militares” y organizarse con fondos externos para “ejecutar actos de terrorismo y desestabilización” del gobierno de Ortega, según un comunicado.
Los delitos imputados a Pallais y a otros seis opositores detenidos, entre ellos cuatro precandidatos a las elecciones de noviembre, están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa del gobierno. Pallais es miembro del bloque opositor denominado Coalición Nacional y durante las protestas contra Ortega en 2018 formaba parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), contraparte del gobierno en el diálogo que intentó buscar una solución al conflicto.
Cuatro aspirantes a la presidencia de Nicaragua han sido detenidos en la última semana: el politólogo Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro García, el exdiplómatico Arturo Cruz y la periodista Cristiana Chamorro. También están detenidos el expresidente del gremio de empresarios José Adán Aguerri y la activista de la sociedad civil Violeta Granera.
Cristiana, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y bajo arresto domiciliar, era la principal rival a las elecciones de Ortega, de 75 años y con 14 en el poder, según sondeos de opinión. El mandatario no ha oficializado sin embargo si buscará un cuarto mandato sucesivo.
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Sanciones
Estados Unidos, que ha considerado arbitrarios los arrestos, llamó el martes “dictador” a Ortega y el miércoles dispuso sanciones económicas a cuatro funcionarios cercanos al mandatario, entre ellos su hija Camila Antonia Ortega Murillo. El Departamento del Tesoro dijo que sancionó a estos responsables por su apoyo “al régimen de Ortega, que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de la población civil, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios informativos independientes”.
“Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar a los nicaragüenses”, dijo el Secretario de Estado, Antony Blinken, al anunciar las sanciones.
Ahora suman 28 las personas sancionadas por Estados Unidos, entre familiares, allegados y funcionarios; además de tres entidades, entre esas la Policía Nacional, señalada de violar derechos de los nicaragüenses.
De su lado, la CIDH y la OACNUDH observaron en un pronunciamiento conjunto que los procesos penales contra los opositores violentan varios derechos y demandaron su “inmediata” liberación. Según estos organismos, entre los derechos violentados a los detenidos están la libertad personal, principio de legalidad, presunción de inocencia, derecho a ser juzgado por un tribunal o juez imparcial y garantías al debido proceso.
La cancelación de la personalidad jurídica a dos partidos de oposición, el hostigamiento a defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y medios de comunicación “continúan socavando la posibilidad de realizar elecciones libres, justas y transparentes”, dijeron. Amnistía Internacional de su lado mencionó que ante la “continua violación” del gobierno a sus compromisos internacionales de derechos humanos “requiere una respuesta urgente y enérgica” de la comunidad internacional.
Otras aplicaciones de la carta democrática
Además de querer aplicar la carta a Nicaragua luego de las protestas de 2018, en el 2017 la Organización de Estados Americanos (OEA) ya había discutido y aplicado a Venezuela el mecanismo en violación de su orden constitucional, y activó medidas para presionar al país a convocar elecciones y liberar a opositores presos. En ese momento a Venezuela le llovieron condenas de la comunidad internacional, luego que el máximo tribunal se atribuyera facultades legislativas y retirara la inmunidad a los parlamentarios, en dos fallos que luego fueron anulados.
La OEA debatirá un proyecto de resolución presentado por 13 países, a fin de declarar las sentencias “una violación del orden constitucional” y resolver implementar “mecanismos interamericanos” para la “preservación de la democracia” en Venezuela, conforme a la Carta Democrática Interamericana.