En el poder desde junio de 2018, Sánchez tomó la palabra ante el Congreso de los Diputados para presentar sus prioridades para un nuevo mandato de cuatro años.
Seguidamente, intervendrán los líderes de los demás partidos políticos, antes de que se produzca la votación el jueves, para dotar a España de un nuevo gobierno, casi cuatro meses después de las elecciones legislativas del 23 de julio.
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Debido a la tensión que rodea a esta investidura, más de 1.600 policías -según el ministerio del Interior- fueron desplegados alrededor del Parlamento, en un dispositivo equivalente al de un partido de fútbol de alto riesgo.
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Pedro Sánchez “ha traicionado a la gente que lo votó” y “no trata igual a todos los españoles”, criticó Jacinto Medina, un manifestante de 50 años que protestaba junto a algunas decenas de personas situadas a bastante distancia del Congreso, con una pancarta en la que se acusaba de “traición” al presidente del gobierno.
Sánchez “está vendiendo a España” a los independentistas catalanes para mantenerse en el poder, opinó de su lado Belén Valdez, portando una bandera de España. Con la ley de amnistía “insulta a todos los españoles”, agregó.
Mayoría absoluta
Sánchez, que quedó segundo por detrás del conservador Alberto Núñez Feijóo en las legislativas de julio, convocadas tras la debacle de la izquierda en las municipales de mayo, tiene asegurados los apoyos necesarios para continuar en el poder.
A diferencia del líder de la derecha, que no consiguió los votos para ser investido, Sánchez, conocido por su capacidad para sobrevivir políticamente, obtuvo el respaldo de numerosas formaciones políticas en las últimas semanas.
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Sánchez cuenta con los votos de la izquierda radical, con la que gobierna desde hace tres años, con la que se comprometió a aumentar nuevamente el salario mínimo y a reducir de 40 a 37,5 horas la duración de la semana laboral.
El socialista de 51 años consiguió por igual los apoyos de los partidos vascos PNV y Bildu, pero también los de las formaciones independentistas catalanas, Juntos por Cataluña, el partido de Carles Puigdemont, e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC).
En total, tiene garantizados 179 votos a favor de los 350 diputados del Congreso, por encima de la mayoría absoluta necesaria para ser investido.
Para lograr convencer a los partidos catalanes, Sánchez tuvo que dar importantes concesiones, la más polémica de ellas una ley de amnistía para los independentistas procesados por los tribunales, principalmente por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.
Profunda división
Esta medida, a la que el socialista era contrario en el pasado, permitirá “cerrar heridas” y “resolver el conflicto político existente en Cataluña”, alegó la noche del lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
La amnistía, reclamada por Carles Puigdemont, ex presidente regional catalán instalado en Bruselas desde 2017 para evadir la justicia española, divide profundamente a la sociedad española.
El domingo, cientos de miles de personas se manifestaron en todo el país contra la amnistía, convocados por el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo.
Y desde hace diez días se producen concentraciones diarias lideradas por la extrema derecha frente a la sede del Partido Socialista en Madrid, que en ocasiones han degenerado en violencia.
La amnistía “debilita al Estado, provoca una grave fractura social y premia a quienes se han declarado públicamente enemigos de España”, afirmó Miguel Tellado, un portavoz del PP, quien invitó a Sánchez a irse de España “en un maletero”, en referencia a la huida de Puigdemont en 2017.
El PP, así como el partido de extrema derecha Vox, que llama a los españoles a la “resistencia” frente al “golpe de Sánchez”, prevé multiplicar los recursos judiciales contra la amnistía.
Para la izquierda, segura de que esta amnistía respeta la Constitución, estos recursos no suspenderán la medida.
El proyecto de ley de amnistía, presentado el lunes en el Parlamento y que Sánchez espera que se apruebe en las próximas semanas, ha despertado también la preocupación en el sector judicial y hasta en Bruselas, que pidió a Madrid “información detallada” sobre el alcance de la medida.
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