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Rafael Curruchiche ha dicho y repetido que buscará procesar al jurista y hoy ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez. Lo hizo con nombre propio el lunes 16 de enero cuando dijo que emprenderá “las acciones legales correspondientes” para que responda por “sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos” que “causaron grave detrimento a Guatemala”. Y volvió con el tema tres días después cuando, ante el contundente apoyo de la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos a Velásquez y otros operadores de justicia perseguidos en Guatemala, expidió un comunicado en el que alega que hay injerencia internacional para obstruir su trabajo.
Si el primer anuncio contra Velásquez era preocupante, al comunicado del jueves 19 hay que prestarle mucha atención, pues lleva implícito un desafío a la a los organismos multilaterales y a la diplomacia internacional e insiste (sin pruebas) en que “personas que estaban obligadas a perseguir la corrupción y velar por el principio de legalidad posiblemente lo hicieron violentando la misma, razón por la cual se estima necesario investigarlo”.
De hecho, finaliza con una amenaza velada a la libertad de expresión, pues dice que no hay que acudir a “publicaciones que violentan los derechos humanos, lo cual puede ser constitutivo de delito y generar impunidad”.
Curruchiche es bien conocido en círculos judiciales y en Estados Unidos, y no propiamente por su transparencia al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. El secretario de Estado de Estados Unidos le quitó la visa a ese país porque “obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra la FECI, fiscales, abogados, particulares y exfiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG”.
Más de 30 operadores judiciales que trabajaron en procesos claves contra la corrupción en Guatemala están en el exilio. Otros permanecen en Guatemala en donde responden por procesos penales que la ciudadanía, la prensa y observadores internacionales califican como montajes.
Del hoy ministro colombiano ha dicho Curruchiche que se prestó para acuerdos “anómalos” de la CICIG con Odebrecht, la multinacional brasileña que defraudó a los países de la región pagando sobornos millonarios a cambios de obras que resultaron mucho más caras de lo que en realidad valían. O de obras que no se hicieron. Gracias al apoyo de la CICIG, quedó al descubierto que Alejandro Sinibaldi, entonces ministro de Comunicaciones de Guatemala, gestionó sobornos y que el producto de los mismos fue a parar a las arcas de un excandidato presidencial: Manuel Antonio Baldizón. Curruchiche dice que el acuerdo no se dio en los términos de ley y que fue por mucho menos dinero del que la multinacional tendría que devolver a su país.
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La inmunidad de Iván Velásquez
El caso de Iván Velásquez es quizá el de mayor resonancia mediática internacional por el cargo que desempeñaba (comisionado en jefe de la CICIG), las investigaciones que lideró (llevó al banquillo de los acusados a tres presidentes), el cargo que ostenta ahora (es ministro en Colombia), el apoyo que ha recibido (Estados Unidos lo destaca como uno de sus mejores amigos en la lucha contra la corrupción) y por el blindaje especial que tiene: su inmunidad diplomática para todos los hechos relacionados con las investigaciones sobre corrupción en Guatemala.
Durante la negociación del acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala para la creación de la CICIG, el organismo multilateral se aseguró de que esa comisión especial quedara protegida frente a eventuales intentos de investigación. Era previsible que quienes la integraran iban resultar incómodos y hasta peligrosos para aquellos delincuentes a los cuales iban a perseguir, fueran quienes fueran.
Por eso en el acuerdo de cooperación quedó perfectamente claro que los miembros de la comisión cuentan con inmunidad durante e incluso después de que terminen su trabajo.
El acuerdo, de apenas ocho páginas, fue suscrito en Nueva York el 12 de diciembre de 2006 y define las funciones, facultades, aspectos relativos a la personería jurídica, composición y estructura, manejo de gastos, seguridad y los “privilegios e inmunidades del Comisionado y de los miembros de la CICIG”.
Este último aspecto es el mismo al que se refirió el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas cuando le aclaró a Guatemala que no puede investigar a Velásquez.
Pero ¿cuáles son en concreto los privilegios de Velásquez? Insistiendo primero en que la Fiscalía no ha sido clara en sus supuestos indicios contra él y que Curruchiche aprovecha un lenguaje histriónico y lleno de insinuaciones y hasta amenazas, el convenio es claro en que contra Velásquez no procede investigaciones por varias razones.
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Primero, porque está cobijado por las inmunidades diplomáticas de la Convención de Viena de 1961, que le garantizan, entre otros, inmunidad de arresto y de jurisdicción penal y administrativa.
En segundo lugar, porque el acuerdo también lo cobija con los privilegios del Artículo 6 de la convención sobre prerrogativas e inmunidades de Naciones Unidas. Eso significa, textualmente, que Velásquez cuenta con “inmunidad de toda acción judicial con respecto a palabras pronunciadas o escritas y a actos realizados por ellos en el desempeño de su misión. Esta inmunidad de toda acción judicial se seguirá concediendo después de que hayan dejado de prestar servicios a la CIGIC”.
Así de claro. Ni procesado, ni llamado a juicio o a testificar. Velásquez es intocable en términos judiciales y eso es algo que saben -o deberían saber- el gobierno y la fiscalía de Guatemala.
Ahora, la inmunidad diplomática puede ser levantada en casos excepcionales, pero este no lo es. Como los privilegios son concedidos en atención a los intereses de la Comisión y no a los del funcionario, en el extremo caso en el que Velásquez quisiera renunciar a la inmunidad tendría que contar con la autorización del secretario general de Naciones Unidas, el mismo que ya declaró su respaldo a Velásquez y que rechazó la persecución judicial en Guatemala.
