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Jose Antonio Días toffoli, magistrado de la Corte Suprema de Brasil (STF) anuló todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht, las cuales afectaron a varios políticos y empresarios de Brasil y de otros países en el marco de la llamada operación Lava Jato. La decisión del juez Dias Toffoli se dio en respuesta a un pedido realizado por la defensa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que llegó a pasar 580 días en prisión condenado por corrupción y lavado de dinero en un proceso que después fue anulado y que se basaba en parte en pruebas ofrecidas por Odebrecht.
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De acuerdo con este magistrado, las pruebas provenientes de confesiones de ejecutivos del gigante Odebrecht, realizadas en el marco de un acuerdo de colaboración firmado en 2017 por Odebrecht son “inutilizables” por “cualquier jurisdicción”. Dicho acuerdo, que previa también el pago de una multa de US$2.600 millones a Estados Unidos, Suiza y Brasil, países que hicieron la negociación por sospecha de pagos de sobornos en sus territorios, no fue hecho bajo ninguna solicitud expresa de cooperación jurídica internacional, razón por la cual el juez dice que se “saltaron los canales formales que se dieron al margen de la legislación relacionada con la materia”.
Odebrecht fue acusada por la fiscalía de Brasil de participar junto a otras empresas, políticos e intermediarios, de una red de sobornos y contratos amañados con la estatal Petrobras. La red, destapada en 2014 por la investigación llamada “Lava Jato”, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción del país. Las acusaciones contra la empresa trascendieron Brasil, con causas judiciales abiertas en otros países latinoamericanos y africanos, y decenas de políticos prominentes salpicados por acusaciones de corrupción, entre ellos varios expresidentes.
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El juez Dias Toffoli denunció “las graves consecuencias” de pruebas obtenidas “al margen de la ley (...) para cientos de personas investigadas o procesadas en Brasil y en el extranjero”. Por eso también ordenó que que entidades como la Fiscalía General de la República, la Oficina Jurídica de la Unión y el Consejo Nacional de Justicia investiguen la responsabilidad de los agentes públicos involucrados en la celebración del acuerdo de clemencia con la constructora.
¿Y qué sigue ahora?
De acuerdo con el magistrado, además de los tratos directos con las autoridades en el país norteamericano y Suiza, los jueces actuaron sin la “necesaria competencia” de entidades oficiales como los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Seguridad Pública.
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Para Toffoli, dichas las negociaciones resultaron en “consecuencias muy graves” para el Estado brasileño y para “centenares de imputados y personas jurídicas en procesos penales, procesos por improbidad administrativa, procesos electorales y procesos civiles repartidos por todo el país y también en el exterior”. Uno de los casos es el de Lula da Silva, actual presidente brasileño, que en enero de 2023 asumió su tercer mandato tras gobernar al país entre 2003 y 2010; Lula fue impedido de disputar las elecciones presidenciales de 2018 debido a que estaba inhabilitado políticamente por la condena posteriormente anulada.
La decisión del magistrado es una extensión de una determinación dada en 2021 por el juez Ricardo Lewandowski (hoy jubilado y cuyos casos asumió Toffoli) que declaró nulas las pruebas relacionadas con los casos de Lula obtenidas con el acuerdo con Odebrecht.
“La prisión de Lula puede considerarse uno de los mayores errores judiciales de la historia del país”, declaró Dias Toffoli. El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo en un mensaje en la red X (antes Twitter) que la decisión del magistrado “reafirma la inocencia del presidente Lula”. La Abogacía General de la Unión, que defiende los intereses del gobierno, anunció la creación de un grupo para investigar la actuación del exjuez Moro y los fiscales de la “Lava Jato”.
*Con información de EFE y AFP
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